Aprobaron la interpelación del intendente de Morón por el caso de su funcionaria prófuga por narcotráfico
El Concejo Deliberante de Morón aprobó, este jueves, la interpelación del intendente, Lucas Ghi, por “la gravísima situación institucional, administrativa y patrimonial” que generó el caso de la funcionaria municipal Luna Suyai Ortigoza, prófuga de la Justicia tras un allanamiento en su casa en el que se secuestró casi medio kilo de cocaína.
El pedido de interpelación a Ghi (alineado con Axel Kicillof en la interna de Fuerza Patria) avanzó sobre tablas, para lo que se necesitaban dos tercios de los votos en el Concejo Deliberante moronense. El proyecto de interpelación, impulsado por los bloques de la oposición local, obtuvo 16 votos a favor y tuvo ocho en contra.
Entre los votos positivos que se sumaron para aprobar el pedido de interpelación estuvieron los de cinco concejales alineados con el exintendente de Morón y referente del partido Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quien mantiene un duro enfrentamiento con su exaliado Ghi.
Votaron a favor de la interpelación del intendente los concejales de Fuerza Patria que responden a Sabbatella (Diego Spina, Mariano Spina, María Sol Steinberg, Florencia De Luca, Marcelo Notario); los de La Libertad Avanza (Analía Zappulla, María Cecilia Solía, Pablo Tozzi, Cristian Morales, Pablo Miño y María Mobilia); los de Pro (Bernardo Magistocchi y Claudio Faro), y los que se desempeñan en monobloques (Daniela Cáceres, Alejandra Liquitay, y Ariel Aguilera).
En contra de la interpelación de Ghi se expresaron los ediles que aún le responden en el bloque de Fuerza Patria: Agustín Ramponelli, Vanina Moro, Alfonso Martínez, Claudio Román, José María Ghi y Adrián Colonna. Y sumaron sus votos negativos Sibila Beatriz Botti y Lorena Acevedo, ambas del Frente Renovador.
El proyecto de interpelación que se aprobó en el Concejo moronense solicita “al intendente municipal que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, informe con carácter de urgencia, ante este Honorable Cuerpo, de conformidad con el artículo 108 inciso 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sobre la gravísima situación institucional, administrativa y patrimonial derivada de la orden de captura de la exdirectora Luna Suyai Ortigoza, al frente del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón”.
El artículo de la Ley Orgánica de las Municipalidades citado en el pedido de interpelación permite al intendente “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia” al Concejo. En caso de no hacerlo, se lo considerará “falta grave”.
“El distrito de Morón atraviesa una de las crisis institucionales, éticas y de seguridad más profundas de su historia reciente. Los hechos que han tomado estado público nacional durante el pasado fin de semana no pueden ser minimizados ni despachados con un tibio comunicado de prensa que intente caracterizar a la principal involucrada como una simple ‘empleada’”, se resaltó en el decreto que se aprobó en Morón.
Entre los fundamentos del proyecto aprobado, se indicó que existe en el municipio una “absoluta falta de filtros internos”, al recordar un caso policial de este año que también involucró a personal municipal. “Los vecinos de Morón todavía recuerdan con profunda indignación el escándalo pasado, cuando una empleada perteneciente a la propia Secretaría de Seguridad de este municipio fue detenida por formar parte de una red criminal dedicada a realizar extorsiones virtuales”, se planteó en el texto legislativo.
La referencia a un hecho policial anterior en el proyecto sancionado es para el caso de Karen Yael Cufré, empleada en el centro de monitoreo de la municipalidad, que fue detenida en febrero, acusada de integrar una banda que realizaba extorsiones digitales contra sus víctimas, entre las que estaba el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, que se quitó la vida en la quinta de Olivos, en diciembre del año pasado.
Tras remarcar que “el intendente municipal es el máximo responsable de la seguridad y de la integridad institucional de Morón”, en el texto aprobado los concejales se aseveró que “la ciudadanía de Morón tiene el derecho absoluto a saber qué medidas preventivas se dejaron de tomar tras el caso de las extorsiones virtuales y por qué los mecanismos de alerta interna volvieron a fallar de manera tan rotunda”.
Ortigoza, la funcionaria prófuga, se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género. Es una militante de Nuevo Encuentro que, al desatarse la interna entre Sabbatella y Ghi, se quedó junto al intendente, mientras que el resto de su familia se mantuvo en las filas del extitular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). El 16 de junio del año pasado, accedió al cargo de directora en un área en la que fueron desplazados funcionarios alineados con Sabbatella, como Cinthia Frías, que era secretaria de Géneros, Mujeres y Diversidad. La funcionaria prófuga es del barrio San Juan, en Castelar Sur.
La Policía Federal intenta encontrar a Ortigoza desde el viernes, cuando un allanamiento en su casa derivó en el hallazgo de medio kilo de cocaína. Ghi la separó del cargo ese día. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación en inmuebles de Morón y Merlo.
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