La letra chica del FAL está "casi lista", pero hay trabas que demoran su puesta en marcha
Los sectores empresarial y financiero esperan la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral. Las discusiones que rodean al corazón de la reforma laboral y el mensaje del FMI.
La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) está en su tramo final. En despachos oficiales y en estudios jurídicos que siguen de cerca el tema aseguran que el texto está “casi listo”. Sin embargo, la firma sobre la letra chica se demora por “definiciones legales, económicas y financieras”, que siguen abiertas.
Aunque el Ministerio de Economía mantiene el hermetismo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) admite que el organismo no puede avanzar con su propia regulación hasta que la Secretaría Legal y Técnica firme el decreto reglamentario.
Después, deberán intervenir también el área de Luis Caputo, ARCA y la Secretaría de Trabajo para próximas definiciones. La fecha originalmente estipulada para la publicación es el 1° de junio, pero en el Gobierno ponen sobre la mesa el plazo de prórroga de seis meses más. En concreto, la fecha límite establecida por la norma es el 1° de enero.
La importancia de su implementación radica en que FAL es uno de los puntos centrales de la Ley de Modernización Laboral. Los lineamientos macro del fondo ya se conocen: podrá ser utilizado para el pago de indemnizaciones, a través del aporte del empleador, que se descuenta mensualmente de lo retenido por contribuciones patronales.
Las tensiones aparecen en la letra chica. “A medida de que vamos hablando, voy dando cuenta de más sectores con sus demandas sobre el FAL”, ironiza una fuente en diálogo con este medio.
El frente fiscal clava el freno de mano sobre la iniciativa. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Ley de Modernización Laboral implica una presión fiscal equivalente al 0,15% del PBI. En su último Staff Report sobre Argentina, el organismo incluyó la eventual postergación de la reforma laboral entre las medidas contingentes para preservar el ancla fiscal.
Otras estimaciones privadas ubican el costo por encima de ese número. Según cálculos de PwC, el impacto podría llegar a 0,23% del PBI en un año completo y a 0,16% hasta fin de año. En paralelo, la ANSES perdería parte de los recursos que hoy recibe por contribuciones patronales, ya que una porción de esos aportes pasaría a ser derivada al fondo.
En línea con la pérdida de recursos fiscales, aparece otra luz amarilla: los fondos tampoco estarán disponibles de manera inmediata, porque tendrán un período mínimo de permanencia de seis meses para nutrir al FAL.
Ese punto aparece como uno de los temas que más dudas genera entre empresas y abogados laboralistas. “Cuando comience la reglamentación, durante seis meses la empresa empieza a derivar plata a este fondo y tiene que juntar recursos. En esos seis meses deja de aportar a la caja previsional”, explicó un abogado en off.
Otro punto que implica especial análisis es el riesgo de la utilización y prácticas poco transparentes. En el sector empresario advierten que el Gobierno quiere evitar que, a un año de las elecciones, el FAL derive en conflictos por sociedades creadas solo para administrar recursos o estructuras armadas con vínculos extraprofesionales o intereses que excedan la creación del fondo.
“En la práctica, al Gobierno no le sirve un quilombo: que se creen sociedades fantasma para hacerse de recursos del FAL o que un empresario trabaje junto a una administradora por amistad. Por eso algunos dicen que se parece a las AFJP, porque hay miedo al fraude”, reflexionó una fuente al tanto de las negociaciones durante el tratamiento en el Congreso de la Nación.
Asimismo, la Ley prohíbe que el empleador elija una entidad en la que tenga participación directa o indirecta. Pero la experiencia de los estudios jurídicos considera que la reglamentación deberá precisar controles, requisitos de inscripción y mecanismos de supervisión, sobre todo para nuevas entidades que no sean bancos ni gestoras tradicionales.
En esa línea, el régimen también abre preguntas ante casos de quiebra o embargo. El patrimonio del fondo será “inalienable e inembargable”: si la empresa quiebra o pasa seis meses sin empleados registrados, la cuenta se extinguirá y el remanente volverá al empleador, salvo disposición judicial en contrario.
En el ámbito legal, hay quienes advierten que esa regla deberá ser “cuidadosamente reglamentada” para “evitar incentivos no deseados”.
Las aristas en análisis se desprenden de una premisa central: el FAL transforma un pasivo laboral en un activo financiero.
Por último, persisten preguntas sobre cuestiones operativas. Parakeet Fondos destaca que en el sector financiero “se discute la necesidad de mantener una liquidez mínima” para hacer frente a pagos a empleados dentro del plazo exigido por la regulación laboral: cinco días hábiles desde la presentación de la declaración jurada.
En la Unión Industrial Argentina (UIA) el tema todavía no parece cerrado. Una fuente que trabaja con la entidad aseguró que “ni se habló del FAL en la última reunión” donde participaron representantes laboralistas.
A su vez, por la falta de definiciones, en las reuniones de asesoría legal para empresas aparece la duda sobre qué mensaje transmitir mientras no esté publicada la reglamentación. “¿Hablamos de la reforma o, como está todo en veremos, lo pasamos?”, preguntó uno de los participantes de un encuentro a este diario.
“Uno de cada diez empleadores reciben mails de administradoras para que la empresa la elija en la administración del fondo, no son más porque no se sabe bien qué ofrecer”, cuentan a este diario.
La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, tiene reuniones en agenda entre esta semana y la próxima con distintos referentes del empresariado. En el sector privado esperan definiciones sobre administración de los fondos, liquidez y sobre todo alcance real del régimen, según la mirada del Gobierno.
“Esto es un cambio de paradigma dentro del mercado de trabajo. ¿Y si probamos con algo distinto, nuevas reglas de juego?”, se pregunta un empresario importante ante este medio.
Para Silvina Scarimbolo, abogada especialista en relaciones laborales y sindicales, el cambio también debe leerse desde el lado de las pymes. “Acá nos encontramos con un cambio radical del sistema de pago de la indemnización. Lo importante es entender que el objetivo principal del fondo es que las pymes tengan la garantía de poder pagar a los empleados que tengan sentencia favorable y no pueden cobrar”, explicó.
Sin embargo, advirtió que el diseño puede tener límites prácticos. “La pyme es la que también tiene mucha informalidad. Entonces, si trabajás ocho horas y te registro cuatro, voy a aportar fifty-fifty. Si el objetivo es dar garantía de cobro de indemnización para empleados de pymes, económica y financieramente hablando, una pyme puede necesitar más años para que ese fondo llegue a cubrir una indemnización”, sostuvo.
Más allá de su función laboral, el FAL tiene un impacto esperado sobre el mercado de capitales. En el Gobierno lo presentan como un “círculo virtuoso”: empresas con menor riesgo financiero frente a despidos, mayor formalización, flujo constante de recursos hacia instrumentos locales, más profundidad de mercado, mayor liquidez y tasas más bajas.
En una entrevista con Ámbito, el presidente del Grupo IEB, Juan Ignacio Abuchdid, consideró que el FAL “es uno de los hitos más importantes de los últimos tiempos, en el mercado de capitales”. “Es la creación de fondos de pensión, de fondos estables que van a servir para el financiamiento directo de la economía real. A los ojos del mercado de capitales y a los ojos de las empresas, eso implica la exterminación de sus pasivos contingentes laborales”, sostuvo el empresario.
Las estimaciones sobre el volumen potencial varían. El Gobierno proyecta que el FAL podría inyectar entre u$s3.000 millones y u$s5.000 millones anuales al mercado de capitales.
A su vez, el presidente de la CNV, Roberto Silva, estimó que la cantidad de Fondos Comunes de Inversión del país podría pasar de los actuales 1.000 a 10.000. La CNV tiene intención de regular lo mínimo indispensable y avanzar con un régimen de autorización automática.
Otras estimaciones son más moderadas. Según la consultora YCON, con aportes del 1% y 2,5% sobre la masa salarial formal, el nuevo mercado podría mover entre u$s1.500 millones y u$s2.100 millones anuales hacia instrumentos de inversión locales.
El informe también pone el foco en quiénes podrían captar esos flujos. Santander y Galicia concentran más de un cuarto del mercado local de Fondos Comunes de Inversión: juntas representan el 27,7% del total administrado.
En conjunto, las gestoras bancarias explican cerca del 67% de la industria. Sin embargo, el tamaño no será el único factor: lo que mirarán las empresas será cómo invierte cada administradora.
El FAL fue diseñado como un esquema de capitalización para que los empleadores constituyan una cuenta destinada a cubrir indemnizaciones laborales.
El aporte mensual se calculará sobre la remuneración base SIPA. Para grandes empresas será del 1% y para pymes del 2,5%, pero el Poder Ejecutivo podrá fijar porcentajes de entre 1,5% y 3%, previa aprobación de la Comisión Bicameral.
Los recursos del FAL podrán utilizarse para despido sin causa, preaviso e integración, incapacidad, fuerza mayor, quiebra, fallecimiento, mutuo acuerdo y contratos a plazo fijo, entre otros supuestos previstos por la Ley de Contrato de Trabajo
En el caso de los administradores -bancos públicos y privados, sociedades gerentes de FCI, fiduciarios financieros, fintech y billeteras virtuales-, la comisión tendrá un tope anual del 1%, por fuera de los gastos operativos.
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