Mansión de Pilar: un fiscal general pidió que la causa regrese a la justicia Penal Económico
El fiscal general Gabriel Pérez Barberá pidió este miércoles que la causa en la que se investiga la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, regrese a la justicia en lo Penal Económico.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que el fiscal general de la Cámara en lo Penal Económico consideró que no debe ser la justicia federal de Campana -donde actualmente está el expediente- la que intervenga en el caso.
"Entre la justicia federal de Campana y la justicia nacional (pero también federal) en lo penal económico de esta ciudad, debe considerarse competente a esta última para continuar con la investigación", señaló el fiscal en su dictamen.
Ahora los jueces de la Cámara en lo Penal Económico, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quedaron en condiciones de resolver si la investigación continúa en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, o regresa al juzgado 10 en lo Penal Económico, que es subrogado por la magistrada Verónica Straccia.
Se trata de una disputa de competencia entre dos juzgados. En la causa se investiga la compra de la casa de 105 mil metros cuadrados con helipuerto que está a nombre de Real Central, una sociedad de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. Pero ninguno de los dos tiene la capacidad económica declarada para comprarla.
La sospecha es que Toviggino es el verdadero dueño: en la casa se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central - del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia- con su nombre. Además, en la vivienda había 54 autos de lujo con cédulas azules -que autorizan a manejarlos- a nombre de familiares del tesorero.
El expediente primero estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas que en diciembre pasado allanó la propiedad. Luego pasó al magistrado Penal Económico Marcelo Aguinsky que planteó como hipótesis que la propiedad se compró con fondos de la AFA que fueron desviados: Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA con la que gastaba 50 millones de pesos por mes y pagaba los Telepase de los vehículos.
La defensa de Pantano y Conte pidió que el caso se investiga en Campana, donde es la jurisdicción de Pilar y para muchos un juzgado cercano a la AFA. Y así lo resolvió la Cámara Penal Económico. El juez González Charvay allanó la AFA y ordenó hacer un peritaje sobre sus fondos para determinar si hubo desvíos.
Pero todos los fiscales que intervinieron en el caso plantearon que el caso debía regresar al fuero Penal Económico. La Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que dispuso que el caso se investigue en Campana y le pidió a la Cámara Penal Económico que resuelva qué juzgado debe intervenir "con la celeridad que el caso impone".
Así, el primer paso fue tener la opinión de Pérez Barbera, el fiscal general ante la Cámara que consideró que el fuero en lo Penal Económico tiene competencia para investigar los casos de lavado de dinero: "Ello responde a que el Fuero Nacional en lo Penal Económico de esta ciudad no solo es federal, sino además especializado en esa materia".
El fiscal señaló que si el territorio -en este caso la ubicación de la mansión en Pilar- no es el único criterio para determinar dónde se investiga un caso. Y además que en las causas de lavado "presentan puntos de contacto con jurisdicciones territoriales diferentes".
La Fiscalía destacó, siguiendo la línea del fallo de Casación, que en el juzgado de Campana “se han llevado a cabo actos procesales que, sin dudas, implicaron un avance en la pesquisa en relación con el hecho investigado” pero lo mismo ocurrió cuando el caso estuvo en el fuero Penal Económico.
Asi, para Pérez Barberá "frente a la indeterminación" del territorio debe intervenir el fuero en lo Penal Económico por "su especialización técnica en esa materia lo que mejor garantiza la eficacia de la investigación".
Ahora debe resolver la Cámara. No es la única decisión clave que debe tomar sobre la AFA. También tienen que resolver si confirman o no el procesamiento de Tapia, Toviggino y otros dirigente del fútbol por la retención indebida de 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes.
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