Nudos, tiras y violencia en el Fuerte Apache bonaerense

Tal fue la denominación que el notero José de Zer le confirió en los años 80 a la urbanización situada en la localidad de Ciudadela, a raíz de una balacera entre dos bandas de la nueva generación delictiva surgida desde la democracia.

Una nimiedad respecto de las recurrentes “guerras” entre capos narcos contemporáneas. Episodios evocativos de las múltiples sociabilidades de la pobreza del GBA; aunque con la debida especificidad histórica explicativa, a su vez, del extravío de las elites políticas desde hace sesenta años.

Todo empezó hacia 1962 cuando se intentó acotar el déficit habitacional de acuerdo a los criterios integrativos lecorbusianos, en boga desde la segunda posguerra. Principios abstractos miopes respecto del mar de fondo de transformaciones socioeconómicas dado el derrotero enloquecido de una política que fue perdiendo el control del Estado.

Dos años después, se celebró un concurso desde la Secretaría de Viviendas de la Nación y el tándem de un estudio de arquitectos y una constructora para edificar mil hogares. Ya por aquel tiempo, el crecimiento “desarrollista” intensivo en tecnología se conjugaba con el comienzo de la crisis de varios complejos agroindustriales del NOA y el NEA con su concomitante drenaje poblacional hacia los grandes centros urbanos.

Pulsión migratoria hasta entonces retenida cuyo capital educativo era menor que el requerido por las industrias livianas a los bonaerenses y litoraleños que, desde 1930, huían de la degradación agrícola procedente del cierre de los mercados europeos.

La dictadura de Ongania lanzó, dos años más, tarde el Programa de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE) en procura de ir “ablandando” a la población de las villas miseria metropolitanas en viviendas transitorias de 14 m2 hasta su radicación “civilizada” en las torres. Experimentos semejantes se fueron diseminando en todo el país y el resto del AMBA.

Pero hacia fines de la década, y ya con un régimen en llamas, los contingentes provincianos se volvieran masivos, rompiendo los equilibrios demográficos diseñados por los organizadores nacionales a fines del siglo XIX.

El proyecto de la época desarrollista se amplió, durante el gobierno del general Lanusse, a 2400 viviendas para un total proyectado de 22000 habitantes. A tales efectos, la Secretaría de Vivienda de la Nación compró dos lotes linderos contratando a los mismos contratistas de 1964 y extendiendo el conjunto a 26 ha. Los beneficiarios aún seguían aguardando en las hacinadas “viviendas transitorias”. Todo el conjunto paso a denominarse “Complejo Urbano Ciudadela I y II” conformado por trece “nudos” de tres edificios de diez pisos; cada uno interconectados, a su vez, por pasarelas aéreas.

Ya con el peronismo restaurado y durante la breve y caótica presidencia de Cámpora, fue ocupado compulsivamente por grupos organizados, convirtiendo a la urbanización en un laberinto caótico y en expansión a la que se la re denomino, tras su asesinato, “Padre Carlos Mujica”.

Entre 1974 y 1976 siguió insistiendo en la concepción lecorbusiana introducida por el propio Perón en los ‘50 a través del Plan Alborada, reproduciendo núcleos semejantes trastornados por el estancamiento y la mega inflación comenzada por el “rodrigazo” de 1975.

El elenco castrense de 1976 rebautizó al complejo como “Libertador General San Martin” inscribiéndose en una suerte de ecosistema poli-municipal entre Tres de Febrero, Morón y San Martin constituido por nuevas villas circundantes a viejos barrios del primer cordón industrial controlado desde la guarnición militar aledaña.

Allí está el hoy denominado “Triángulo de las Bermudas” del crimen organizado. La prosecución de las erradicaciones tuvo desde entonces una connotación “estética” para la realización del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978. A los trece nudos del complejo se le sumaron cincuenta y dos “tiras” longitudinales de tres pisos llegando a albergar 80 mil personas situadas en la nueva realidad sociocultural de la pobreza endémica.

Hacia los 80, y en el tránsito hacia la democracia, germinaron nuevas organizaciones delictivas de “robacoches”, “piratas del asfalto” y “escruches” que parasitaron esos barrios diseñados, al cabo, a la medida de sus negocios. Allí, el estado de derecho ha sido sustituido por los “códigos” sembrando el terror entre vecinos agobiados por la desocupación y la precariedad laboral.

La ambiciosa sociabilidad de los proyectistas se reduce a tres jardines de infantes, tres escuelas primarias, tres secundarias, una capilla católica, tres templos evangélicos y seis canchas de futbol en donde comenzó su carrera Carlos Tevez.

La violencia delictiva se agravó a raíz de la triple incursión del narco, el tráfico de armas y los reajustes de bandas en permanente reconfiguración. Viejos malandras que incursionan en la venta de drogas desplazando a antiguos transas; y que pretenden romper el código que prohíbe la comercialización del pako para no erosionar el imperio emblemático de cocaína en el complejo.

Así, unos trescientos delincuentes han impuesto un régimen militar sobre sus 50 mil habitantes con sus recurrentes toques de queda para dirimir sus combates de decenas de balazos.

El conjunto lo amalgama la barrabrava del Club Almagro que, a modo de un sistema punteril, oficia de puente entre todos los estamentos venales incluyendo a policías, funcionarios judiciales y políticos que administran la violencia anómica interviniendo esporádicamente; y sin detener sino a “perejiles” hasta que el statu quo mafioso reconfigure jurisdicciones y un nuevo ordenamiento transitorio.

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