La salud mental no puede seguir esperando
Durante años, en la Argentina se habló de salud mental desde posiciones ideológicas o desde debates alejados de la realidad cotidiana de miles de familias. Pero hoy el problema golpea la puerta de nuestras casas, de nuestras escuelas y de nuestros hospitales. Y especialmente en Neuquén, no podemos mirar para otro lado.
En el Senado de la Nación comenzamos a debatir el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con modificaciones a la Ley Nacional de Salud Mental. Se trata de una discusión largamente esperada por miles de argentinos que sienten que el sistema actual no les brinda respuestas.
familias que no encuentran ayuda, profesionales sin herramientas suficientes y organismos que muchas veces no logran actuar coordinadamente frente a situaciones críticas.
Como expresé en la plenaria de las comisiones de Salud y de Legislación General, nadie está buscando encerrar a todas las personas que tenga una enfermedad mental, pero tampoco podemos pensar que todo el mundo puede salir adelante sin un tratamiento específico. Ese es el verdadero desafío: encontrar equilibrio, humanidad y sentido común.
Durante la jornada escuchamos médicos psiquiatras, psicólogos, especialistas, familiares y madres atravesadas por historias muy dolorosas. Y si algo quedó claro es que la gran mayoría siente que muchas veces están solos frente a panoramas extremos.
Marina Charpentier, mamá de Chano, quien expuso públicamente algo que miles de familias viven en silencio: padres desesperados buscando ayuda para sus hijos y encontrándose con un sistema que generalmente no puede intervenir incluso ante una situación extrema.
Uno de los puntos centrales del proyecto es modificar el criterio actual de intervención. La Directora Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, Dra. Liliana González, explicó durante el debate el por qué se propone reemplazar el término “riesgo cierto e inminente” por “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad psicofísica de la persona o de terceros”.
Hoy el sistema llega tarde porque la ley obliga a esperar hasta que el peligro sea prácticamente irreversible. Cuando llegamos a ese punto, ya es tarde para el paciente, para la familia y para toda la comunidad.
También creemos importante revisar cómo la ley aborda las adicciones. Las palabras tienen poder porque definen. No es lo mismo hablar de “consumo problemático” que hablar de abuso o adicción. Estamos hablando de enfermedades y la legislación debe reflejarlo con claridad.
La reforma también busca fortalecer el rol de los equipos médicos interdisciplinarios. Esto no es psicólogos contra psiquiatras ni psiquiatras contra otros especialistas. Somos todos iguales en dignidad, pero con funciones e incumbencias distintas. Un equipo interdisciplinario necesita de todos, y dentro de ese equipo el médico psiquiatra cumple un rol fundamental.
El proyecto mantiene la perspectiva de derechos humanos, pero incorpora herramientas para facilitar la intervención temprana en situaciones de riesgo.
La demanda ya existe. Lo que falta es una respuesta. Hoy muchas personas atraviesan situaciones graves sin acompañamiento claro del sistema. Necesitamos una ley que cuide a las personas, acompañe a las familias y les dé herramientas reales a quienes tienen la responsabilidad de intervenir.
Hablar de suicidio y hablar de salud mental es empezar a prevenir. Pero prevenir también implica actuar a tiempo. La salud mental no puede seguir esperando.
