La Defensa Nacional, una deuda de la democracia argentina
El texto que se publica a continuación fue hecho llegar a la redacción de LA NACION por el Teniente General (RE) César Milani, quien se desempeñó como Jefe del Estado Mayor General del Ejército durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2023 y 2015.
La democracia argentina arrastra desde hace cuatro décadas una deuda con su pueblo, una de las más importantes: no haber construido un sistema de Defensa Nacional sólido y eficaz, capaz de cumplir con la sagrada misión de defender la plena soberanía de nuestra patria. Desde Alfonsín hasta hoy, ninguna administración a cargo del área diseñó un plan sustentable, integral y de largo plazo que permitiera recuperar capacidades estratégicas, modernizar las Fuerzas Armadas y garantizar una política de defensa acorde a los intereses nacionales. La gestión actual no es la excepción, y en varios aspectos profundiza gravemente el problema.
Como Jefe del Ejército entre 2013 y 2015, integré uno de esos períodos y si bien, no evado responsabilidades, no ejercí un rol político que me permitiera diseñar o ejecutar una planificación estratégica a ese nivel. A excepción del actual ministro de Defensa, Carlos Presti, ninguno de los más de 50 Jefes de las FF.AA desde la recuperación democrática tuvimos capacidad decisoria para influir de manera determinante en el sistema de Defensa. Algunos contamos con mayores grados de libertad que otros en el ejercicio del mando, incluso para cuestionar decisiones ministeriales absurdas o para pelear de forma autónoma por presupuestos extraordinarios. Pero la responsabilidad principal por el deterioro del sistema recae directamente sobre los ministros que ocuparon el cargo durante estas cuatro décadas.
Creo que todo el arco político debe hacer una fuerte autocrítica por no haber logrado construir la política de Defensa que la Argentina merece. Y no tengo dudas de que el peronismo, por los años en ejercicio del poder y compromiso con los intereses nacionales que representa, debe hacer una aún más fuerte por no haber estado a la altura de las circunstancias que la Defensa de la Patria demandaba. Lamentablemente, basándome en el reciente congreso sobre Defensa organizado por el Partido Justicialista, queda claro que algunos aún no tomaron dimensión del fracaso de sus gestiones y de semejante deuda con la patria.
Por otro lado, muchos peronistas, lo asumimos y esperamos, de cara al futuro, una renovación completa: un cambio de paradigma que reconozca errores y recupere el espíritu nacionalista que llevaron adelante nuestros próceres, aquel que concebía la defensa como un asunto de toda la sociedad.
Contrario a ese proyecto nacional, integral y sostenible que la Argentina necesita, se encuentra el modelo impulsado hoy por el gobierno libertario de Javier Milei, que paradójicamente intentó instalar desde el comienzo la idea de que la Defensa era una prioridad de su gestión.
Han logrado generar esa percepción mediante adquisiciones como los F-16 o los blindados 8x8, presentados como una supuesta “puesta en valor” de las Fuerzas Armadas. Y hay que admitir que el impacto publicitario fue efectivo: adquisiciones, discursos, desfiles y hasta el nombramiento de un teniente general en actividad como ministro de Defensa. No dejaron recurso sin utilizar para aparentar que realmente apuestan por Fuerzas Armadas fuertes, modernas y engrandecidas.
Las apariencias engañan y la realidad, tarde o temprano, asoma. Algunos denunciamos el plan desde un comienzo: licuar salarios de los uniformados, desfinanciar estructuras esenciales, vender activos de las Fuerzas Armadas y, en paralelo, utilizar una fracción de esos recursos recortados para mostrar adquisiciones puntuales de material como si eso constituyera una refundación estratégica de la Defensa Nacional.
Mientras se destruyen silenciosamente las bases humanas y operativas del instrumento militar, se promocionan compras grandilocuentes para instalar la idea de modernización y fortaleza. Como si el sistema de Defensa se sostuviera con compras aisladas y no con planificación estratégica, desarrollo industrial, sostenimiento operacional, formación y entrenamiento del personal, mantenimiento de medios activos y, sobre todo, condiciones dignas para los soldados de la patria. No existe un ejército potente con militares indigentes.
Resulta increíble que hablen de “puesta en valor” cuando el deterioro salarial de los militares ha sido devastador. Muchos han caído en la pobreza, mientras el sistema de salud militar atraviesa una crisis estructural inédita. Y como si fuera poco el presupuesto destinado al funcionamiento y al alistamiento operativo continúa reduciéndose.
Para tomar dimensión: el monto invertido en los F-16 equivale prácticamente al quebranto ocasionado sobre el sistema sanitario militar. Y si se sumara todo lo “ahorrado” mediante la licuación salarial desde diciembre de 2023, alcanzaría para adquirir varias flotas similares. Es decir, las compras se hicieron sobre la base del hambre y el deterioro de la salud de las familias militares.
Cabe preguntarse: ¿Cuán sostenibles son esas adquisiciones si se recorta el presupuesto operativo? ¿Es sustentable vender activos para comprar bienes de uso? ¿Qué clase de reconstrucción militar puede edificarse sobre soldados empobrecidos, desmoralizados y estructuras logísticas cada vez más degradadas?
No existe avión capaz de compensar una fuerza desfinanciada. No hay blindado que sustituya la destrucción de la moral profesional. No hay narrativa que pueda ocultar la realidad cotidiana de miles de hombres y mujeres de uniforme que ven deteriorarse sus salarios, su cobertura médica y sus condiciones de vida.
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