¿Fin de la motosierra?: los subsidios rebotan desde el nivel más bajo en la última década, pero el FMI pide más ajuste
El gasto público en subsidios empezó a rebotar en el primer tramo de 2026, después de 4 años de ajuste fiscal mediante sucesivos aumentos de tarifas en la energía eléctrica, el gas, el transporte público y el agua. Sin embargo, el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen esperando que la ayuda del Estado tenga una leve disminución en el total del año.
Tras alcanzar el último pico a mediados de 2022 ($ 37,1 billones en junio de ese año, a precios de hoy), cuando terminó de estallar la interna en el Frente de Todos, desde fines de 2025 el gasto en subsidios se estabilizó y a principios de 2026 creció levemente.
Según los números del Instituto Interdisciplinario de Economía y Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el total de las subvenciones del Estado nacional a la energía, el transporte y el agua registró un aumento del 14% en términos reales en lo que va del año, contra el mismo período de 2025. En parte, se explica por los mayores costos de abastecimiento de la energía, y podría ser mayor en invierno, con el salto en los precios del gas licuado.
Por eso, una de las estrategias del Ministerio de Economía fue devengar estos gastos (anotar en las planillas oficiales que se registraron las operaciones) pero no pagar una parte de ellos, lo que se llama "deuda flotante".
La Nación le debe al sector eléctrico unos $ 12.500 millones, a las empresas de colectivos unos $ 115.000 millones y a los trenes más de $ 120.000 millones, lo que significa en estos últimos dos servicios menores frecuencias y peor experiencia para los usuarios.
Asimismo, la cartera que conduce Luis Caputo tiene un atraso cercano a los 4 meses en el pago de subsidios para el régimen de zona fría por más de $ 100.000 millones, para un total superior a los $ 350.000 millones. Ese dinero no pagado sirve para sostener las cuentas fiscales con superávit y que los ingresos continúen siendo mayores a los gastos.
Estas cifras reflejan que los niveles actuales son "difíciles de perforar, aún con focalización", de acuerdo a la mirada de los economistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo, y que los subsidios ya dejaron de ser un problema fiscal, como lo eran durante los gobiernos kirchneristas, para pasar a ser un problema de ingresos para las familias.
En promedio, los servicios energéticos representan entre el 3,6% y el 5% del salario medio de una persona, dependiendo si tiene o no subsidios. Contando el total del gasto en servicios, como transporte y agua, esa proporción se eleva al 14,1%.
"Surge la pregunta acerca de si resulta sostenible el proceso de ajuste de subsidios y tarifas sin una recuperación de ingresos de los hogares y también de los recursos fiscales, que detenga una espiral contractiva de una microeconomía fría, caída de la recaudación y la necesidad de un mayor ajuste para mantener el superávit fiscal", analizaron en el IIEP.
Con todo, los técnicos del FMI volvieron a hacer hincapié en que el Gobierno debe focalizar mejor el gasto en subsidios, tanto en energía como en transporte, y destinarlos exclusivamente a quienes los necesitan.
En varios tramos del staff report que presentaron los técnicos del Fondo a los directores (representantes de los países, como Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia y Reino Unido, principalmente) se menciona el pedido a las autoridades argentinas de implementar "medidas para una mejor focalización".
La estimación es que el Gobierno podría obtener un ahorro equivalente a 0,07% sobre el Producto Interno Bruto (PIB) en subsidios energéticos y otro 0,1% del PIB en el transporte público, lo que equivale a unos 500 y 700 millones de dólares, respectivamente. Esa baja del gasto se lograría a través de aumentos en las tarifas de luz, gas, colectivos, trenes y agua a las familias que se considera que tienen ingresos suficientes para afrontarlos.
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