Cartas de lectores: ¿Justicia?, bisagra, juicios
Cuando una causa en la justicia se mueve a una velocidad poco habitual para un caso de corrupción, y otras duermen el sueño de los justos, algo anda mal. Mas aun cuando en una investigación se llega hasta los detalles de un viaje ¡a Gualeguaychú!, y en otras hay viajes en jet privados a lugares remotos que entran en pausa. Sin mencionar las prácticas en la nominación de jueces, donde en las ternas se privilegia más a los “padrinazgos” que a los antecedentes, a las pruebas y a la idoneidad de los postulantes. Así como también maniobras oscuras para remover de sus cargos a jueces no afines a posturas ideológicas partidarias, mientras otros con múltiples denuncias por mal desempeño permanecen ejerciendo. Capítulo aparte merecen los “operadores” judiciales; la mayor causa de corrupción de la historia avanzando a paso de tortuga, y donde la línea de la defensa es plantear recursos técnicos para intentar anular el juicio, en vez de aportar pruebas para demostrar la inocencia de los acusados; un toma y daca entre las partes interesadas en la postulación para jueces a la Corte Suprema; la causa AFA terminando en un juzgado conveniente a los acusados.
Me duele esta Argentina que sigue desperdiciando oportunidades para llevar al país -y a sus ciudadanos- a una esperanza de vida mejor. Cada vez me cansan más los políticos “que solo miran sus quintas”, y destaco a aquellos que con grandeza piensan que podemos vivir en paz y mejorar la condición de vida de los más necesitados. Estamos en un momento bisagra, y debemos aspirar entre todos llevar a la Argentina a un mejor lugar. Que el enorme esfuerzo que estamos haciendo no sea en vano, y como ciudadanos no dejemos pasar esta oportunidad histórica.
La nota de Carlos Manfroni del 9 de mayo me recuerda la miserabilidad de ciertos jueces y fiscales en los por él llamados “juicios del kirchnerismo”, que yo llamaría “kirchnermileísmo”, pues nada ha cambiado: militares y civiles siguen muriendo en inmundas ergástulas. Lo más impactante son los testimonios: personas que no vieron nada, que no recuerdan nada y que basan sus relatos en reconstrucciones ajenas. Sin embargo, esas “memorias colectivas” se usan para condenar, incluso cuando los propios testigos reconocen que sus recuerdos son imaginarios o derivados de lecturas y charlas. Manfroni señala además otras “perlitas”: testigos que niegan declaraciones previas, croquis atribuidos, o presencias en lugares donde nunca estuvieron. Todo ello confirma lo que advertía el maestro florentino Piero Calamandrei: el juez puede transformar sombras en verdades aparentes, ajustando la supuesta “verdad” a la medida de la sentencia diseñada por ellos mismos y, como el mago de una fábula, convertir lo blanco en negro y lo cuadrado en redondo.
Ante semejante panorama, los ciudadanos no deberían tomarse todo a la chacota. ¡Lo más lógico sería que tiemblen! Francisco García Santillán DNI 10.661.522
En su columna del 15 de mayo, Federico Pinedo argumenta que el Congreso actuó de manera inconstitucional al aprobar leyes de financiamiento universitario, atención a personas con discapacidad y recursos para el Hospital Garrahan, calificándolas de maniobras electorales de la oposición que rompen el equilibrio fiscal y usurpan la iniciativa presupuestaria del Ejecutivo. Pero el artículo 75 de la Constitución atribuye al Congreso plenas facultades en materia de gasto público. El Presidente puede enviar el proyecto de presupuesto, pero eso no convierte al Parlamento en una escribanía. Aceptar la tesis de Pinedo implicaría vaciar de contenido real a uno de los tres poderes del Estado. Confundir el desacuerdo político con la inconstitucionalidad no es un argumento republicano; es un recurso para deslegitimar al Congreso cuando no vota lo que el Ejecutivo prefiere. Conviene también recordar de qué hablamos: no son leyes de privilegios corporativos, sino fondos para universidades públicas, prestaciones para personas con discapacidad e insumos para un hospital pediátrico. Llamarlas “maniobras electorales” es esquivar el debate real sobre las prioridades del Estado. Hay algo más de fondo. Pinedo tiene una larga historia de oponerse a derechos que hoy son parte indiscutida de la vida argentina -el matrimonio igualitario, la paridad de género, la fertilización asistida- y que la propia sociedad fue conquistando. Cuando habla de constitucionalidad, lo hace desde una concepción del país que nuestra sociedad fue dejando atrás. La república no es un escudo para proteger el programa económico de turno. Es el sistema que permite que el Congreso debata, modifique prioridades y exprese la voluntad popular. Para un país con la historia y las desigualdades de la Argentina, financiar la educación pública y garantizar la salud no son gastos ni son superfluos. Eso también lo dice la Constitución que Pinedo invoca.
El sábado 9 de mayo, a las 13, se hizo presente en un supermercado “chino”, con verdulería, de nuestro barrio “Botánico”, un empleado de la Subsecretaría de Higiene de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la ciudad, acompañado de efectivos de la Policía de la Ciudad, para clausurar el comercio. El funcionario explicó que se trataba de “una denuncia anónima por arrojar basura fuera de horario y sin embolsar”, dentro del único contenedor que hay en la cuadra; en donde existen seis comercios más. No se mostró ninguna prueba de quién y cuándo habría cometido la infracción. Ante el requerimiento de hablar con el superior del funcionario municipal que dio la orden de clausura, se dijo que “no se podía dar esa información”. Al ofrecimiento del dueño del comercio de que se revisaran las cámaras del local que apuntan directamente al contenedor para detectar la posible infracción, el municipal dijo que las adjuntara como prueba cuando hiciera el descargo... La cuestión es que, por una denuncia anónima, de una simple infracción, de la que no se conoce el autor, en lugar de dejar un acta de intimación advirtiendo que, de repetirse la falta, habría una multa y, hasta, un cierre del local... el gobierno de la ciudad clausuró el local un sábado a la tarde, perjudicando gravemente a los dueños y trabajadores del comercio y a todos los vecinos, que lo tenemos en alta estima porque nos facilita, con excelente atención, las compras diarias. Ahora, con la burocracia estatal, vaya uno a saber cuándo se podrá reabrir la fuente de trabajo y cuando volveremos a tener un comercio de cercanía. Una vergüenza. Con una denuncia anónima, sin pruebas y sin derecho a réplica y defensa inmediata, el GCBA perjudica a trabajadores y vecinos. Un verdadero abuso de autoridad.
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