Justicia tardía, pero justicia al fin
Cuba obtuvo su independencia formal de España un 20 de mayo de 1902, tras décadas de lucha independentista y la posterior ocupación militar estadounidense. Un hito histórico que simbolizó el fin de la dominación colonial. Exactamente 124 años después, el 20 de mayo de 2026, en la Torre de la Libertad de Miami —símbolo del exilio cubano—, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció otro hito: la acusación formal federal contra Raúl Castro Ruz, de 94 años, y cinco coacusados del régimen cubano.
Los cargos son graves: conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro imputaciones de asesinato. Se refieren al derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas civiles desarmadas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales en el Estrecho de Florida.
¿Qué ocurrió aquel 24 de febrero de 1996? Hermanos al Rescate, fundada en 1991, realizaba misiones humanitarias para localizar y rescatar a balseros que huían de la dictadura. Ese día, tres Cessna despegaron de Opa-locka. Dos fueron derribados sin advertencia previa por misiles de MiG-29 cubanos. Murieron cuatro personas. Tres eran ciudadanos estadounidenses; uno, residente legal. La tercera avioneta, con José Basulto a bordo, el fundador de Hermanos al Rescate logró escapar.
El ataque, ordenado desde la cadena de mando militar que encabezaba Raúl Castro como ministro de las Fuerzas Armadas, fue calificado internacionalmente como un acto de barbarie. Grabaciones y testimonios vinculan directamente al entonces líder con la orden: “Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan”.
Este encauzamiento no fue casual. Es el fruto de 30 años de perseverancia de varios actores clave, comenzando por las familias de las víctimas que nunca dejaron de exigir justicia sin descanso, convirtiendo su dolor en un motor incansable de presión; no podemos dejar de mencionar al fundador sobreviviente del ataque quien mantuvo el caso vivo con su testimonio; tampoco puede pasar inadvertido el trabajo constante de Congresistas cubanoamericanos de Florida, y otros actores políticos que impulsaron fuertemente el caso ante la administración del presidente Trump; y una mención especial y de pie, a la comunidad cubanoamericana en el exilio y medios de comunicación que mantuvieron la presión pública y política, recordando que la impunidad no puede ser eterna.
¿Por qué importa este caso? No se trata solo de cuatro vidas segadas. Es un mensaje claro: los crímenes de lesa humanidad cometidos por dictadores no prescriben. Aunque Raúl Castro, a sus 94 años, probablemente nunca pise una cárcel estadounidense, este encauzamiento rompe el muro de impunidad que protegió al régimen durante décadas. Sirve de precedente para otras víctimas del castrismo y reafirma que, en un Estado de Derecho, la justicia puede llegar aunque sea tarde.
Treinta años después, las familias y el exilio respiran un alivio simbólico. “Justicia demorada es justicia negada”, se dice. Hoy, al menos, se ha empezado a corregir esa negación.
La historia, tarde o temprano, pasa factura. Que este paso inspire a seguir exigiendo rendición de cuentas por todos los crímenes del régimen cubano y de cualquier régimen que abuse de su poder en el mundo. La memoria de las víctimas y el anhelo de libertad siguen vivos.
* El autor es empresario y comentarista político ecuatoriano. Fue presidente de BanEcuador.
