La ley de la jungla sacude a la Justicia y acecha al león
La familia judicial está en vilo por la lucha desatada por algunos de sus árboles genealógicos para prevalecer sobre otros. El enrarecido aire de jungla que se respira amenaza con sustituir al Derecho por la ley del más fuerte y mantener alterado el clima de convivencia armónica entre las distintas especies. La precipitación de decisiones con miras a un calendario electoral todavía sin resolver parece ser el factor desequilibrante en ese ecosistema.
Juan Bautista Mahiques corroboró su versatilidad para adecuarse al cambio y garantizar la protección de su tribu. Si el Senado ratificó a su pater familiae, Carlos “Coco” Mahiques, por otros cinco años en la Cámara de Casación Penal, es porque su hijo es el ministro de Justicia. Mahiques obtuvo diez votos más de los 48 necesarios para reunir los dos tercios de esa Cámara. Una señal de respeto hacia lo que podría suponer una combinación casi letal en esta lucha por la supervivencia.
De Mahiques hijo depende la designación de más de 250 cargos en el Poder Judicial y su padre es vocal en el Tribunal donde terminan los casos de corrupción política. Aunque insistan en no asociar esta decisión del Senado con la conformación automática de una mayoría para cubrir dos cargos en la Corte y la Procuración General, voceros calificados de ese cuerpo admiten que están dadas las condiciones para hacerlo si el gobierno negocia su distribución.
La suspensión de la llegada de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway a la Cámara en lo Penal y Económico es percibida como un freno a esa acumulación de poder de Mahiques, quien los propuso. Tal vez la primera señal del temor del Ejecutivo a que la disputa del Poder Judicial desestabilice el poder de Javier Milei. Y que lo exponga a una cruel paradoja. La ley de la Selva deglutiéndose al León. Su teórico rey.
Tal vez por eso se transmita la ambigua posibilidad de que no sea Mahiques quien negocie por la Corte. E, incluso, se estimule con ese indicio a Ariel Lijo. Igual que el ministro de Justicia, el magistrado aspira a ser procurador general y es quien investiga a Manuel Adorni, el caso Libra y los supuestos sobornos en la Andis.
Los senadores afines al oficialismo estiman transitoria la división del peronismo por el voto a Mahiques. Aceptan, a lo sumo, que ese fraccionamiento pone en disputa quien liderará la negociación por la Corte. A ese grupo le agradaría que sea Patricia Bullrich quien lo haga, pese a que es sospechada por el gobierno de pactar para que no se supriman las PASO con los bloques no peronistas.
La urgencia del gobierno por eliminar las primarias se asocia al temor de que se repita la historia reciente. La imposibilidad del oficialismo de enfrentar exitosamente tres procesos electorales: las PASO, primera vuelta y balotaje. Los últimos tres gobiernos se vieron impedidos de ser reelectos en esa última etapa. La configuración de un escenario similar conmueve a la Corte y acelera antes de tiempo los aprestos para suceder a Horacio Rosatti como presidente. Un proceso preanunciado por el respaldo de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti a modificaciones en el modelo de selección de jueces que resistió Rosatti. Pero también por el rumor de que Juan Manuel Olmos y Alberto “Nacho” Biglieri ocuparían butacas por los abogados cuando se renueve el Consejo de la Magistratura. Biglieri representaría allí a Daniel Angelici. Junto a Olmos, Angelici promueve la filosofía del acuerdo para que reine la paz en la Justicia.
Esa posición, sin embargo, estaría detrás de las turbulencias que amagan con volver públicas objeciones a Rosatti que hasta no hace mucho se dudaba de ventilar en privado. Sobre todo las que aluden a una supuesta concentración de poder, pero particularmente, de recursos en el titular de la Corte. A Rosatti se le achaca controlar el presupuesto del máximo tribunal, el del Consejo de la Magistratura y el de la Obra Social del Poder Judicial, presidida desde 2021 por Mariano Althabe. La misma fecha desde la que permanecen vacantes los cuatro vocales de su directorio. Tal vez la sutileza que abone las objeciones a Rosatti.
Postulada como razón existencial para posponer la llegada de capitales a la Argentina, algunos inversores están dispuestos a obviar el prejuicio sobre su contaminación política y recurrir a la Justicia con sus reclamos. El grupo internacional DEME pidió presupuesto a uno de los principales estudios jurídicos de esta ciudad para litigar en contra de la adjudicación por 30 años de la Hidrovía a Jan De Nul.
DEME y De Nul son las dos empresas belgas que participaron de la licitación internacional convocada por el gobierno para el dragado y mantenimiento de esa vía fluvial. Un conflicto de intereses que comenzó a trascender luego de que DEME forme consorcio con los fondos de inversión KKR y Great Lake y la dragadora Clear Street de los Estados Unidos. Un intento por mejorar la suerte echada en la licitación en la primera etapa, donde obtuvo un puntaje muy inferior al de Jan De Nul.
Hay quienes sostienen que las desinteligencias dentro de DEME contribuyeron a ese resultado. DEME es líder mundial en la producción de energía eólica. Un rubro que su CEO, Luc Vandenbulcke, privilegia por encima de mantener activas a las 40 dragadoras de esa firma. Están los que opinan que su reacción tardía fue capitalizada por Leonardo Scaturicce,el expolicía de Avellaneda con paso por la SIDE que asesora a Santiago Caputo.
Scaturicce se las ingenió para que Arthur Vandersande termine en el despacho de Caputo y no en el de Karina Milei, como tenía previsto originalmente. Seguramente una fabulación que indujo al error a la cuenta “Periodista Rufus”, desde donde se sugirió el interés de Caputo y de los hermanos Juan y Patricio Neuss por quedarse con la Hidrovía.
El presidente de la Cámara de Diputados y su primo Lule conforman un triángulo que aspira a sustituir al de hierro que Javier Milei y su hermana integraban con Caputo. Vandersande es un e agente del Tesoro que lidera el grupo de lobby contratado por DEME para mejorar su posición en la Hidrovía. Vandersande le entregó a Caputo el informe en su poder para denunciar la asociación de Jan De Nul con el grupo Servimagnus y el de esta firma con los Neuss y Gustavo “El turco” Elías. Un personaje con influencia en la actividad de los puertos de Buenos Aires y Bahía Blanca. Caputo desmiente en forma tajante esta versión. Pero el informe revelaría además, reuniones entre personal diplomático chino y funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables (ANPYN). El organismo encargado de la licitación de la Hidrovía y que, en los hechos, depende de Caputo. El asesor presidencial no pudo confirmar con su visita a Washington si este informe originó una investigación de la inteligencia norteamericana para constatar si en las reuniones de diplomáticos chinos y la ANPYN estuvieron los Neuss, Elías y representantes de Servimagnus.
Servimagnus es una empresa de logística que realizó emprendimientos con empresas estatales chinas. La participación de capitales de China en la Hidrovía estaba vetada por el pliego de condiciones. El interés económico es lo que parece primar en este caso por encima de cuestiones ideológicas y de estrategia geopolítica. Un experto local en la materia estimó una ganancia superior al doble de la inversión de diez mil millones de dólares exigida en los 30 años de la concesión.
La de la Hidrovía y la del Belgrano Cargas son las dos únicas licitaciones internacionales previstas por el gobierno de Milei. Las dos están atadas a exportaciones primarias. La Hidrovía a la producción agrícola y el Belgrano Cargas a la de petróleo, litio y cobre. Por el Belgrano Cargas compite el grupo México, que explota el servicio ferroviario en ese país. Pero también en Texas, Alabama y en Florida, el estado donde los medios locales siguieron de cerca la licitación de la Hidrovía antes de que explote en Bloomberg y Reuters, las dos agencias de noticias mejor reputadas de la comunidad financiera planetaria. Un espacio con el que a Milei le interesa mantener relaciones privilegiadas.
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