Marcha Federal por la salud pública: más de 60.000 personas se movilizaron contra los recortes
La protesta partió desde el Ministerio de Salud hacia Plaza de Mayo. Organizaciones denunciaron caída presupuestaria, falta de medicamentos y problemas en hospitales.
Trabajadores de la salud, gremios y organizaciones sociales marcharon desde el Ministerio de Salud hacia Plaza de Mayo.
Más de 60.000 personas participaron este miércoles de la Marcha Federal por la salud pública, una movilización convocada por trabajadores sanitarios, organizaciones sociales, asociaciones de pacientes, sindicatos, universidades y referentes del sistema de salud en rechazo a los recortes del Gobierno nacional.
La protesta comenzó frente al Ministerio de Salud de la Nación y luego avanzó hacia Plaza de Mayo, donde se realizó el acto central y se leyó un documento consensuado por las organizaciones participantes. La jornada también tuvo réplicas en distintas provincias, bajo una consigna común: “La salud no puede esperar”.
Los convocantes advirtieron por el deterioro del sistema sanitario, el desfinanciamiento de programas nacionales y el impacto concreto de esas medidas sobre pacientes, hospitales y centros de atención. Según denunciaron, el ajuste afecta la provisión de medicamentos, vacunas, políticas de salud mental, discapacidad y prestaciones esenciales.
Durante el acto central, las organizaciones señalaron que el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40% respecto de 2023. También advirtieron que más de 742.000 personas perdieron su cobertura de obra social o prepaga, mientras los hospitales públicos registran niveles de ocupación cercanos al 90%, incluso antes del inicio pleno del invierno.
Entre los principales reclamos se destacó el rechazo al cierre o desfinanciamiento del programa Remediar, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales. Según los organizadores, esa política pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3, lo que dejó sin cobertura a millones de personas que dependen del sistema público.
También denunciaron recortes en el PAMI, demoras y faltantes en el Calendario Nacional de Vacunación, abandono de políticas de salud mental y discapacidad, y el desmantelamiento de programas sanitarios considerados clave.
“Defendemos una concepción de la salud como derecho social y humano fundamental, no como privilegio ni mercancía”, señalaron las organizaciones convocantes durante la lectura del documento.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó junto a dirigentes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio integrado por gremios como UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros y Molineros, además de más de 140 organizaciones de distintas centrales obreras.
“El ajuste sobre la salud dejó de ser una discusión presupuestaria, se está traduciendo en enfermedad y muerte”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
El dirigente sostuvo que es “inminente” el cierre de numerosos servicios hospitalarios y cuestionó el desfinanciamiento del sistema sanitario público. “La salud es un derecho humano y social, pero este Gobierno la quiere convertir en un negocio. Lo tenemos que evitar”, señaló.
Desde ATE también advirtieron que el 80% de las obras sociales atraviesa una situación de desfinanciamiento y que el 53% de los pacientes cuenta con cobertura pero no puede sostener los tratamientos por el aumento de costos y las dificultades de acceso.
El documento leído durante la movilización también alertó por el aumento de enfermedades prevenibles, el crecimiento de internaciones por patologías crónicas y el deterioro de indicadores sanitarios sensibles, como la mortalidad infantil y materna.
Según denunciaron los convocantes, el desfinanciamiento del Calendario Nacional de Vacunación ya impacta en la aparición de brotes y en el aumento de casos de enfermedades como sarampión, coqueluche, hepatitis A y meningitis.
Además, apuntaron contra el recorte del presupuesto del PAMI, que según las organizaciones cayó un 40%, con deudas a prestadores que superarían los $500.000 millones. En ese marco, advirtieron que jubilados y jubiladas enfrentan demoras para acceder a turnos, tratamientos y atención médica.
Los manifestantes también cuestionaron la eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), el deterioro del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto de Medicina Tropical y la pérdida de autonomía de hospitales nacionales.
La movilización reunió columnas provenientes de distintas provincias y consolidó una de las protestas sanitarias más numerosas de los últimos años. Además de gremios y trabajadores de hospitales, participaron asociaciones de pacientes, universidades, autoridades sanitarias provinciales y municipales, y ciudadanos afectados por la falta de medicamentos o tratamientos.
Los organizadores exigieron la apertura de una mesa federal de trabajo entre Nación, provincias y municipios para abordar la crisis sanitaria y reclamaron la restitución de programas recortados, la normalización en la entrega de medicamentos y vacunas, y el fortalecimiento urgente del sistema público.
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