Avanza una multa millonaria contra la UTA por haber adherido al paro de la CGT y La Fraternidad impugnará una sanción similar ante la Justicia
En el Gobierno confirmaron que avanza una sanción contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que alcanzaría los 70 mil millones de pesos, por haber adherido al último paro general de la CGT pese a que estaba vigente una conciliación obligatoria dictada ante un conflicto de los choferes de colectivos.
Sin embargo, el sindicato que lidera Roberto Fernández argumenta que la conciliación obligatoria fue dictada ante un conflicto salarial que mantenían los choferes de colectivos del interior, por lo que estaban legalmente en condiciones de paralizar el servicio sólo en el AMBA.
¿Por qué el Gobierno aún no anunció la sanción contra la UTA? En el ambiente sindical sospechan que la decisión se demora porque el oficialismo quiere tener de su lado a un gremio clave del transporte que había dado algunos guiños hacia la administración libertaria: por ejemplo, no haberse sumado al paro general de la CGT realizado el 10 de abril de 2025 justamente con la excusa de que estaba en medio de una conciliación obligatoria.
Fuentes gubernamentales negaron esa versión y aseguraron que “la decisión política es avanzar con las sanciones que correspondan”, pero aclararon que la Secretaría de Trabajo aún no finalizó las pericias correspondientes en las provincias para determinar si la paralización de los colectivos se concretó en el interior el día en que la CGT realizó el último paro general.
Mientras, La Fraternidad presentará este jueves una denuncia en la Justicia para impugnar la multa récord de $21.241.500.000 que ya le aplicó el Gobierno por haber adherido al último paro general de la CGT, el 19 febrero pasado, y no haber acatado la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que mantenía en ese momento.
Así lo confirmó a Infobae el titular del sindicato, Omar Maturano, quien señaló que el abogado de la entidad hará mañana la presentación judicial en rechazo de la sanción anunciada el 29 del mes pasado por el Ministerio de Capital Humano por el incumplimiento de la orden oficial que exigía retrotraer el conflicto y evitar medidas de fuerza, “afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general”.
Además, el líder de los conductores de locomotoras informó que Sebastián Maturano, su hijo y secretario Gremial e Interior del sindicato, viajará en junio a Ginebra, Suiza, para denunciar al gobierno argentino por esta multa en el transcurso de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para La Fraternidad, aunque estaba dentro del período de la conciliación obligatoria, la limitación a las medidas de fuerza no podía aplicarse ante una protesta de la CGT ya que sólo regía para su conflicto salarial.
En la interpretación de Capital Humano, en cambio, el sindicato no respetó la conciliación obligatoria establecida el 5 de febrero de 2026, que otorga un plazo de 15 días para restablecer las condiciones previas al conflicto y suspender cualquier acción directa, según lo dispone la Ley N° 14.786. Esta norma obliga a sindicatos y empleadores a abstenerse de cualquier medida mientras rige la conciliación, con el fin de proteger la continuidad del servicio y salvaguardar el orden público.
El ministerio que dirige Sandra Pettovello precisó que la infracción atribuida a La Fraternidad fue considerada “muy grave” tras una investigación sumarial en la que, según dijo, se garantizó el derecho de defensa y la presentación de pruebas. Afirmó que el sumario confirmó que el incumplimiento no sólo violó la resolución ministerial, sino que además “alteró el normal desenvolvimiento de una actividad esencial, con consecuencias para el conjunto de la sociedad”.
La Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, dijo que verificó el desacato de ambos sindicatos a la conciliación obligatoria el 19 de febrero pasado e inició sumarios administrativos. Según Capital Humano, “las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado".
El 9 de marzo pasado, cuando el Gobierno confirmó que aplicaría multas a los dos sindicatos, la CGT atribuyó la medida a un acto de “persecución política y sindical”.
“Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el Gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones”, agregó.
El anterior antecedente de multas aplicadas por Trabajo por este motivo fue durante el gobierno de Mauricio Macri y afectó al Sindicato de Camioneros, que dirige Hugo Moyano. La sanción fue aplicada por el ministro de Trabajo Jorge Triaca el 19 de julio de 2018 a través de la Resolución N° 27.768, porque verificó que el gremio violó la conciliación obligatoria dictada en un conflicto por un bono de fin de año, en diciembre de 2017.
La multa contra Camioneros fue de 809.790.710 pesos, calculada sobre el total de 182.797 trabajadores de la actividad. Sin embargo, el sindicato impugnó la sanción y se negó a pagarla hasta que el gobierno de Alberto Fernández, a través del ministro de Trabajo Claudio Moroni, declaró en 2020 la “nulidad” del proceso administrativo que dio lugar a la sanción por considerar que “no se identificó clara ni concretamente el número de los trabajadores afectados a la infracción imputada”.
