Con cambios, el Senado dictaminó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El oficialismo hizo concesiones y logró así dictaminar en el Senado la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.
El dictamen obtuvo el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los federales Edith Terenzi (Chubut) y Carlos "Camau" Espínola (Corrientes) en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General celebrado este mediodía.
El peronismo presentó un dictamen propio. "Esta ley lo que menos hace es garantizar la propiedad privada. En lugar de abordar los problemas habitacionales y económicos por los que la gente no puede pagar el alquiler, modifica el código procesal civil para endurecer desalojos. Además, hace una entrega de todas nuestras riquezas porque permite la extranjerización de la tierra y afecta los cuidados ambientales", resumió la riojana Florencia López.
En el arranque la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, enumeró los cambios más importantes. Entre ellos, se eliminó por completo el capítulo que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) que delegaba las tareas de su regularización a las provincias para hacerlo más efectivo.
El Ejecutivo plantea a siete años de funcionamiento sólo el 0,08% del suelo de los barrios del RENABAP tiene título de propiedad privadad. Pero como contó Clarín, los gobernadores aliados reclamaban la transferencia de recursos para hacerse cargo de esa tarea.
"Nos parece que es un tema importante, que nos tenemos que tomar el tiempo suficiente para discutirlo aparte y sancionar una ley que corrija la actual. Tal vez que sea menos ambiciosa pero más operativa", señaló Bullrich.
En el capítulo de los desalojos se hizo una distinción clave: no se aplicará el mismo sistema para usurpadores que para locatarios y sub locatorios en mora.
"La usurpación efectivamente será exprés, pero en el caso del inquilino moroso hay mecanismos, empezando por la intimación, donde no se lo desaloja en 3 días", detalló.
En líneas generales, la norma plantea procesos más rápidos, por vía sumarísima de los desalojos; la posibilidad de restitución anticipada del inmueble "en supuestos de verosimilitud del derecho - "bajo caución juratoria y con control judicial suficiente"-; la modernización de los sistemas de notificación, con la incorporación del domicilio electrónico; y además le da al juez más facultades para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.
En cuanto a las expropiaciones, el proyecto original ya planteaba un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago. En el dictamen lo especificaron: será por IPC más la tasa activa del Banco Nacion para operaciones de descuento a 30 días.
También se estipuló que "la indemnización por lucro cesante podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior". Y en casos de ocupación temporánea del Estado se fijó el límite de 90 días prorrogables por única vez.
Además, en el capítulo sobre la compra de tierras rurales a extranjeros, también se le da más potestad a los gobernadores. “Cada provincia conserva la jurisdicción plena de su territorio. Eliminamos el límite a la venta de tierra a extranjeros, pero la decisión pasa a las provincias. Ellas podrán prohibir, o no, si vender mil hectáreas, 200 o nada. Federalismo puro y duro”, especificaron desde el oficialismo.
En la ley actual, de 2011, se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales, al igual que para la adquisición de tierras en zonas de frontera. Para el Gobierno, eso "lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario".
Por eso proponen que la limitación no abarque a todos los extranjeros, sino a empresas o privados ligados o involucrados a Estados extranjeros. Por ejemplo, empresas con capitales estatales.
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