Zona Fría: el Gobierno busca ahorrar $272.000 millones con el nuevo régimen y se esperan aumentos en la boleta de gas

El Gobierno busca restringir el subsidio de gas del régimen de Zona Fría a las regiones con clima severo, una medida que modificaría el acceso al beneficio para 1,2 millones de hogares y permitiría un ahorro fiscal de $272.099 millones. La reforma se debate en la Cámara de Diputados, junto con un paquete legislativo que también incluye la ley Hojarasca. Según el mensaje que envió el Gobierno al Congreso, el fondo fiduciario sustentado en un recargo del 7,5% sobre el gas resulta insuficiente para costear los subsidios, lo que obligó al Tesoro Nacional a realizar aportes adicionales.

El régimen se creó en 2002 con el objetivo de compensar las asimetrías tarifarias en las regiones con temperaturas más bajas y garantizar el acceso al servicio de gas natural a los usuarios residenciales de esas zonas. Sin embargo, su ampliación, sancionada en 2021 por iniciativa del diputado Máximo Kirchner, multiplicó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales de gas por red. Este crecimiento abarcó zonas que, según la narrativa del Ejecutivo, carecen de condiciones climáticas extremas—como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe—, lo que llevó al Gobierno actual a calificar el esquema como “fiscalmente insostenible”.

El proyecto oficial plantea excluir a las provincias incorporadas en esa última extensión y limitar la asistencia a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, en línea con el criterio original del régimen. Actualmente, los descuentos oscilan entre el 30% y el 50%, aunque el porcentaje depende de cada región. La normativa actual está vigente hasta finales de 2031.

El secretario de Energía Daniel González afirmó durante la Jornada de Energía ON, organizada por Diario de Río Negro, que el objetivo oficial es “normalizar el sector energético”, eje de la política de desregulación promovida por el Poder Ejecutivo en hidrocarburos, gas y electricidad. González señaló respecto al régimen de zona fría: “Lo que está vigente es una aberración. Hay zonas incluidas dentro del régimen que en verdad son templadas y donde el resto del sistema que no tiene zonas frías subsidiadas, independientemente del tipo de consumidor”.

Remarcó que la propuesta es “volver a la zona fría original patagónica y subsidiar el consumo”, a la vez que resaltó: “No vamos a subsidiar ni los impuestos ni el cargo fijo, sino el metro cúbico efectivamente consumido”. El funcionario anticipó un “ahorro importante para el fisco” si el Congreso aprueba los cambios.

Según pudo saber Infobae, actualmente la norma genera un déficit de $485.000 millones. En tanto, de aprobarse la ley, el ahorro para las arcas del Estado sería de $272.099 millones.

La modificación de la norma excluiría a un total de 1,2 millones de hogares de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis, entre otras provincias que fueron incluidas en 2021.

Hay quienes aseguran que la provincia más damnificada por la modificación de la regulación será Córdoba. En diálogo con Infobae al Regreso, Martín Llaryora advirtió que la reforma pondría en riesgo el subsidio para “600 mil hogares”, equivalente a “casi 2 millones de habitantes” de la provincia.

En este sentido, Llaryora calificó la iniciativa como un “daño tremendo” no solo para Córdoba, sino también para Buenos Aires, Santa Fe, San Juan, San Luis, Salta, La Rioja, Catamarca y Jujuy. El mandatario estimó que el ajuste representaría “casi $12.000 millones de transferencia directa desde las familias de clase media y hogares de trabajadores”. Finalmente, solicitó: “No nos saquen la zona fría, que fue una conquista de años”, a la vez que propuso ampliar el alcance del beneficio en lugar de restringirlo.

De aprobarse la nueva norma, los usuarios que residan en las zonas ampliadas perderán el beneficio, excepto quienes se inscriban en el Subsidio Energético Focalizado (SEF). Según el texto oficial del proyecto y fuentes oficiales, podrán continuar percibiendo el subsidio quienes acrediten ingresos por debajo de tres Canastas Básicas Totales, así como hogares con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares de Certificado Único de Discapacidad.

Esta redefinición excluye de la Zona Fría a 55 departamentos en Buenos Aires, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 8 en San Luis y 8 en Santa Fe, entre otras áreas. En este escenario, se analizaron “compensaciones” para provincias “cálidas” —como Misiones, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán— que recibirán asistencia mediante subsidios eléctricos durante el verano, considerando el consumo energético elevado por calor extremo registrado en el norte del país.

El proyecto impulsado por el Gobierno responde a la dificultad para sostener el fondo fiduciario con el recargo actual del 7,5%. Según la consultora CEPA, la ampliación de 2021 incrementó el costo fiscal sin respetar el criterio climático que justificaba la creación original del régimen, ya que incorporó regiones con consumos considerablemente menores a los de la Patagonia. La reforma propuesta limita el beneficio a hogares vulnerables incluidos en el SEF y residentes en zonas efectivamente frías, aunque no detalla si el fondo fiduciario será suficiente ni define el monto exacto del subsidio, aspectos que quedarán en manos del Poder Ejecutivo.

A modo de ejemplo, según estimó un estudio de IERAL Fundación Mediterránea, un usuario residencial de Bahía Blanca que quede fuera del SEF afrontará un aumento en la factura del gas de hasta el 100%. Aquellos incluidos en el sistema focalizado mantendrán el subsidio, aunque igualmente serán alcanzados por aumentos debido al cambio en la base de cálculo. El informe sostiene que las subas más significativas recaerán sobre los hogares de las zonas ampliadas que, por sus ingresos, no califiquen para conservar el beneficio.

El Poder Ejecutivo no precisó cómo afectará la reforma a entidades de bien público, como clubes y parroquias, ni comprometió la ejecución de nuevas obras de infraestructura vinculadas al acceso al gas. Además, el monto final del subsidio no será fijado por ley, sino ajustado por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, en caso de aprobarse la reforma, solo se subsidiará el consumo de gas efectivo en sectores identificados como vulnerables y localizados geográficamente en zonas de clima severo.