Crimen organizado: el Gobierno creó una mesa de seguridad para prevenir delitos en inversiones del RIGI
El Gobierno puso bajo la lupa los riesgos de narcotráfico, lavado de dinero y criminalidad organizada alrededor de los proyectos que ingresen al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional creó una mesa especial de coordinación para monitorear amenazas vinculadas a emprendimientos estratégicos en sectores como minería, energía, industria, tecnología y turismo.
La medida, impulsada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, busca articular el trabajo entre fuerzas federales, provincias y empresas privadas para prevenir la infiltración de organizaciones criminales. Desde el oficialismo, ven riesgos concretos vinculados al lavado de activos, la corrupción pública y privada, la extorsión, la infiltración criminal en actividades económicas lícitas, entre otras.
El Gobierno justificó la decisión en el fuerte crecimiento que tuvo este régimen de inversiones. Hacia fines de 2025, ya existían una docena de proyectos de gran envergadura aprobados formalmente, que en su conjunto representan compromisos de inversión superiores a los US$13.000 millones. Además, hay una cartera de más de veinte proyectos adicionales que están en distintas etapas de evaluación, según detalló el texto oficial.
“Las inversiones se concentran en múltiples jurisdicciones provinciales estratégicas, entre las que se destacan las provincias de San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, lo que implica una amplia dispersión territorial, la necesidad de articulación con autoridades locales y la coexistencia de diversos contextos logísticos, productivos y de seguridad”, explicó la Resolución 461/2026.
La nueva mesa funcionará como un ámbito permanente de coordinación interinstitucional y estará integrada por la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia y las fuerzas federales. También podrán ser convocadas las autoridades y cuerpos policiales provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar).
Además, el esquema prevé cooperación con empresas privadas, cámaras empresarias, operadores logísticos y concesionarios de infraestructura. El Gobierno aclaró que no se crearán nuevas cargas burocráticas ni costos adicionales para las compañías, sino que se buscará implementar protocolos de prevención, capacitaciones y canales de reporte de riesgos.
“La presente Mesa se constituye como una herramienta de acompañamiento a las inversiones estratégicas promovidas en el ámbito del RIGI a fin de fortalecer la seguridad jurídica, reducir riesgos operativos y aportar certeza respecto de la continuidad y normal desenvolvimiento de las operaciones, en un entorno que procura mitigar los riesgos asociados a eventuales amenazas de la criminalidad organizada”, explicó.
Dentro de la estrategia oficial, un rol central lo tendrán la Unidad Antimafia —creada en 2024— y el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas, lanzado el año pasado para monitorear fenómenos vinculados al narcotráfico y al desvío de precursores químicos.
“En contextos de grandes proyectos de inversión, la dinámica poblacional, laboral y urbana asociada a su desarrollo puede generar escenarios de vulnerabilidad social que requieren abordajes preventivos integrales, resultando pertinente incorporar estrategias de sensibilización, prevención, asistencia y fortalecimiento comunitario en el marco de las políticas públicas vigentes”, cerró.
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