Un nuevo acuerdo militar con Estados Unidos considera “un bien común global” al Mar Argentino
A través de un acuerdo de cooperación militar entre el la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur, el gobierno de Javier Milei habilitó durante los próximos cinco años inéditas tareas de vigilancia y monitoreo conjunto en el mar argentino con los Estados Unidos. Tiene nombre sugestivo: “Programa de Protección de Bienes Comunes Globales”.
La iniciativa fue oficializada mediante una Carta de Intención suscripta entre el contraalmirante estadounidense Carlos Sardiello, comandante de la Cuarta Flota y representante de las Fuerzas Navales del Comando Sur, y el almirante Juan Carlos Romay, por la Armada Argentina.
Tal como publicó Clarín el último domingo, el almirante Romay hizo un contundente llamado al poder político para que haya más inversiones y reequipamiento soberano en la Argentina. Dijo que se necesitaba tener una Armada fuerte y bien equipada para cuidar los mares argentinos.
En un contexto en el que, pese a las promesas del Gobierno de revalorizar las fuerzas armadas el presupuesto para Defensa en 2026 en realidad se achica, la línea de Romay no es diferente a la que mantienen el ministro Carlos Presti como el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, presentes en el discurso que dio Romay el domingo.
En ese sentido, las fuerzas armadas están aprovechando cada uno de los ejercicios multilaterales o bilaterales que el gobierno de Milei está autorizando por decreto de necesidad y urgencia. Y sobre todo, están haciendo uso de los convenios Javier Milei está firmando con Donald Trump en el marco de su alianza incondicional con el republicano. Para Estados Unidos, la Argentina es el instrumento para alejar a su rival, China, de las Atlántico Sur, puerta a la Antártida y a recursos naturales sumamente apreciados.
Desde el Gobierno dijeron el nombre de Protección de Bienes Comunes Globales (Protecting Global Commons) es "el nombre del programa de cooperación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos." Que esto "no implica soberanía compartida ni internacionalización del Mar Argentino". Y que lo importante no es la jurisdicción sobre el Mar Argentino, "sino la cooperación frente a desafíos compartidos vinculados a la seguridad marítima y la estabilidad regional."
El acuerdo militar firmado ahora por el gobierno libertario para el monitoreo con instrumentos de los Estados Unidos -por ahora no habrá personal extranjero, aseguran- generó críticas en la oposición, tal como se escuchó en el Congreso de Defensa que realizó el viernes pasado el Partido Justicialista en la sede de la calle Matheu. Y también se oyeron fuertes cuestionamientos en un seminario que tuvo lugar en el Salón Azul del Congreso con aval de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Hasta el jefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof se metió en la polémica. "El Mar Argentino no es un bien común global. Es un espacio donde la Argentina tiene la OBLIGACIÓN de ejercer jurisdicción propia y custodiar sus recursos. En vez de ofrecer nuestro Atlántico Sur como área de entrenamiento y mapeo naval para otras potencias, el gobierno nacional debe cumplir allí sus funciones soberanas. Entre ellas, comenzar imperiosamente las gestiones y las acciones de presión diplomática para impedir la explotación ilegal de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte, que se sigue consolidando frente a la parálisis del gobierno de @JMilei", tuiteó Carlos Blanco. .
El acuerdo de cooperación para la vigilancia conjunta sobre la Zona Económica Exclusiva argentina fue comunicado no por Defensa ni por Cancillería, sino por la propia embajada estadounidense en Buenos Aires que conduce el embajador Peter Lamelas, quien le dio a su misión un fuerte impulso pro inversiones y pro comercio, pero también marcadamente anti chino.
“Estados Unidos y Argentina están lanzando el Protecting Global Commons Program para fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur. La asociación comienza con la entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave dedicada a patrullar la zona marítima argentina. Este programa se expandirá durante los próximos cinco años con equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas. El contraalmirante Sardiello, de NAVSOUS4THFLT, y el almirante Romay, de Armada_Arg, firmaron la Carta de Intención que da inicio a esta alianza estratégica de cinco años para defender los bienes comunes globales y fortalecer la seguridad regional”, dice la publicación en redes sociales.
El mensaje diplomático fue acompañado por una frase cargada de alineamiento político: “Más fuertes juntos, más seguros juntos”.
🇺🇸🇦🇷 Más fuertes juntos. Más seguros juntos.Estados Unidos y Argentina están lanzando el Protecting Global Commons Program para fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur.La asociación comienza con la entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave… pic.twitter.com/872egPPVjX
El entendimiento firmado ahora estipula una ampliación sostenida de la cooperación militar entre Washington y Buenos Aires en materia de vigilancia marítima, patrullaje aéreo y “neutralización de amenazas” en el Atlántico Sur. Tendrá una duración inicial de cinco años, comenzando con la incorporación de alta tecnología norteamericana instalada en aeronaves de la Aviación Naval argentina.
Con ello, si bien durante el gobierno de Alberto Fernández el entonces canciller Santiago Cafiero firmó una asociación con el Departamento de Estado en materia de seguridad del Atlántico Sur, Estados Unidos consolida ahora su presencia militar y de inteligencia en una de las regiones estratégicas más codiciadas del planeta por su cercanía con la Antártida, las rutas bi oceánicas y los recursos naturales marítimos.
El convenio se encuadra dentro del denominado Programa 333 del Departamento de Defensa estadounidense -rebautizado por Trump "Departamento de Guerra- , un esquema de cooperación utilizado por Washington para fortalecer capacidades militares de países aliados mediante entrega de equipamiento, entrenamiento especializado y asistencia operativa.
Fuentes militares argentinas explicaron a Clarín que el acuerdo incluye la incorporación de una cámara FLIR (Forward Looking Infrared), un sistema de imágenes térmicas de alta precisión que permite detectar embarcaciones y objetivos mediante radiación infrarroja desde aviones. El dispositivo fue instalado en un Beechcraft B-200 de la Aviación Naval destinado al patrullaje marítimo.
La tecnología ya fue probada y quedó oficialmente transferida este año tras la firma entre Sardiello y Romay. Pero el programa no se agota allí. El Comando Sur adelantó que la cooperación se expandirá con “equipos avanzados, entrenamiento de élite y apoyo operativo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas”.
En otras palabras: habrá presencia tecnológica y coordinación operativa norteamericana permanente en tareas de vigilancia sobre el Atlántico Sur, incluso dentro del mar argentino. Algo inédito tratándose del litoral marítimo nacional, lo que demuestra una profunda debilidad argentina en su equipamiento. Es decir, la degradación de sus propios instrumentos militares para sostener sola la vigilancia de la plataforma continental argentina.
Para sectores de la oposición y especialistas en soberanía marítima, el punto más delicado es conceptual y jurídico. La Zona Económica Exclusiva argentina no constituye un “bien común global”, sino un área sobre la cual el Estado argentino posee derechos exclusivos de explotación y administración de recursos, además de obligaciones concretas de control y custodia.
Por eso, dentro del mundo militar y diplomático comenzó a instalarse otra discusión de fondo: hasta dónde una cooperación técnica puede transformarse en un esquema de supervisión extranjera sobre espacios estratégicos nacionales.
El acuerdo además tiene antecedentes recientes. En 2025, y también bajo mecanismos de cooperación impulsados por Washington, avanzó la transferencia de dos aeronaves Beechcraft King Air 360ER MPA para la Armada Argentina, destinadas a vigilancia y patrullaje marítimo.
Ese proceso se sumó a la incorporación de los aviones P-3C/N Orion comprados a Noruega con apoyo logístico y técnico de Estados Unidos. La primera aeronave ya fue incorporada al servicio y otra continúa en proceso de modernización en territorio norteamericano.
Todo ocurre mientras el Atlántico Sur gana centralidad creciente en la agenda internacional. La combinación de recursos pesqueros, rutas comerciales, proyección antártica y competencia entre potencias convirtió a la región en un escenario cada vez más sensible.
Y en ese tablero, el gobierno de Milei acaba de dar un paso que promete abrir una fuerte controversia política: permitir que Estados Unidos participe activamente en la vigilancia del mar argentino bajo la doctrina de “protección de bienes comunes globales”.
El martes, en el Seminario de Intereses Marítimos Argentinos “Almirante Storni 2026”, realizado en el Salón Azul del Senado de la Nación y en el que no había lugar para sentarse por la alta concurrencia de hombres de mar, el presidente de la Liga Naval, Fernando Morales, habló de los conflictos terrestres actuales de Argentina, donde el Estado enfrenta demandas de fondos, en contraste con el sector marítimo y fluvial, que es privado, lucrativo y genera ingresos sin requerir gasto estatal.
Criticó lo que llamó “la destrucción del cabotaje y la navegación” con la política de motosierra que está implementando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y dijo que ello sólo beneficiaría a empresas extranjeras porque “la actividad marítima es estratégica y requiere una Armada fuerte y bien equipada para cubrir la vasta superficie bajo responsabilidad argentina”.
Y el viernes pasado, en el Congreso del PJ, hubo también un fuerte énfasis en recuperar lo que llamaron “una política de defensa autónoma y soberana”, con críticas implícitas al enfoque actual del Gobierno sobre las Fuerzas Armadas.
Lo encabezaron los ex ministros de Defensa del kirchnerismo, Agustín Rossi y Jorge Taiana. En términos políticos, el mensaje general del Congreso fue que el PJ busca volver a instalar la defensa nacional como una política estratégica del Estado y diferenciarse de una visión centrada exclusivamente en la seguridad interior.
Rossi sostuvo que Argentina necesita una política de defensa propia para tener peso internacional y capacidad de decisión estratégica. Planteó que la defensa debe estar ligada al desarrollo nacional y a la soberanía.
Y Taiana rechazó que las Fuerzas Armadas sean utilizadas como apoyo de seguridad interior. Dijo que “Argentina necesita Fuerzas Armadas y no Guardias Nacionales”, en alusión a propuestas de militarización de tareas de seguridad. También defendió que la misión central debe seguir siendo la defensa de la soberanía territorial.
Además, hubo consenso precisamente sobre las áreas en las que Estados Unidos, China y el Reino Unido rivalizan de una u otra forma, al considerarlas temas estratégicos centrales: Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida y el control de los recursos naturales y marítimos.
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