“No cobramos hace más de 300 días”: escaló el conflicto en una fábrica textil y los trabajadores denunciaron vaciamiento
La crisis de una fábrica textil de Chubut escaló durante las últimas semanas con protestas, quema de cubiertas y permanencias de trabajadores frente a la planta. Detrás de las manifestaciones apareció un reclamo que expuso la profundidad del conflicto: empleados denunciaron que llevan más de 300 días sin cobrar salarios y advirtieron sobre un presunto vaciamiento de la empresa.
La firma involucrada es Soltex. Sus trabajadores -la firma llegó a tener 50 empleados y hoy mantiene apenas 20- reclamaron respuestas urgentes sobre el futuro de la planta y denunciaron que la actividad permaneció prácticamente paralizada mientras crecieron las deudas salariales. En medio del conflicto, algunos operarios incluso pidieron la cesión de la fábrica para sostener la producción bajo gestión obrera.
Las manifestaciones se realizaron frente al establecimiento industrial y reunieron a trabajadores y familiares afectados por la falta de pago. Durante las protestas, los empleados exigieron garantías sobre la continuidad de los puestos laborales y reclamaron definiciones inmediatas por parte de la empresa.
“No cobramos hace más de 300 días”, señalaron operarios de la planta en declaraciones difundidas por distintos medios sindicales y periodísticos. La frase se convirtió en una de las consignas más repetidas durante las protestas y reflejó el deterioro económico que denunciaron las familias vinculadas a la actividad textil.
La medida de fuerza volvió a exponer la profunda crisis que atraviesa el sector textil argentino, afectado por la caída del consumo, la apertura de importaciones y el derrumbe de la actividad industrial. De acuerdo con datos de la Fundación Pro Tejer, la industria textil y de indumentaria registró durante el último año una fuerte caída en la producción y el empleo, con fábricas trabajando por debajo de su capacidad y crecientes dificultades para sostener puestos laborales.
Según expresaron los trabajadores, la empresa mantuvo paralizada gran parte de la producción mientras crecieron las deudas salariales. Además, denunciaron movimientos vinculados al retiro de maquinaria y bienes de la planta, situación que despertó temor por un posible cierre definitivo.
El conflicto tomó mayor visibilidad con cortes y protestas en las inmediaciones de la fábrica. Los operarios explicaron que recurrieron a esas medidas después de meses sin respuestas concretas sobre el pago de salarios y el futuro de la actividad.
Durante las movilizaciones, algunos empleados reclamaron directamente la entrega de la planta para continuar con la producción. “Que nos den la fábrica”, expresaron en una de las protestas realizadas frente al establecimiento.
La situación generó preocupación entre los trabajadores por el impacto económico sobre las familias que dependen de la actividad textil. Algunos operarios relataron dificultades para afrontar alquileres, servicios y gastos alimentarios. Otros señalaron que sostuvieron sus hogares mediante changas o ayuda de familiares.
En distintas entrevistas difundidas por medios sindicales, los empleados remarcaron que los atrasos salariales crecieron progresivamente hasta desembocar en una paralización casi total de la actividad industrial.
Desde la Asociación Obrera Textil (AOT) realizaron distintas gestiones para intentar destrabar el conflicto, aunque hasta el momento no hubo avances. Mientras tanto, los operarios reclaman la intervención del gobierno provincial y del municipio de Trelew para garantizar el cobro de salarios y la continuidad laboral.
Los empleados sostienen que algunos compañeros renunciaron y otros iniciaron juicios laborales ante la falta de respuestas y el atraso salarial que ya se extiende por casi un año. “Estamos aquí esperando una solución, pero nuestro empleador al parecer quiere que nos vayamos o iniciemos juicio para que nunca nos pague”, denunciaron los trabajadores.
Pero a la vez remarcaron que la planta todavía cuenta con capacidad productiva y sostuvieron que existen condiciones para mantener la actividad si aparece una solución para destrabar el conflicto salarial.
