Universidades públicas y crisis educativa: un informe advierte que la movilidad social está cada vez más limitada
La discusión sobre el presupuesto universitario volvió a instalar el debate sobre el rol de la educación pública y la movilidad social en la Argentina. En ese contexto, un informe del IDESA advirtió que las universidades públicas tienen cada vez menos posibilidades de funcionar como herramienta de ascenso social debido a los problemas estructurales de la educación básica. El alerta surge en medio de las tensiones entre el Gobierno nacional y las casas de estudio por el financiamiento del sistema universitario.
Según el documento, la controversia actual gira en torno al presupuesto destinado a las universidades. Por un lado, el Gobierno sostiene la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y cuestiona el uso de la autonomía universitaria por considerar que existe una administración “dispendiosa y poco transparente” de los recursos públicos. Del otro lado, sectores universitarios aseguran que el deterioro presupuestario genera una “asfixia financiera” que afecta el funcionamiento de las instituciones.
El informe remarcó que las marchas universitarias realizadas en distintas ciudades tuvieron una convocatoria masiva y heterogénea. Allí confluyeron tanto dirigentes con intereses sectoriales como personas que consideran que restringir el financiamiento universitario implica limitar una histórica herramienta de movilidad social ligada al acceso gratuito a la educación superior.
Sin embargo, IDESA planteó que el verdadero problema está antes de la llegada a la universidad. El estudio sostiene que el acceso efectivo a la educación superior depende del nivel de preparación con el que los jóvenes terminan la escuela secundaria.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación citados por IDESA, en 2024 solo el 59% de los jóvenes logró terminar la secundaria a los 18 años. A su vez, de ese grupo, menos del 18% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en lengua y matemática.
“El 10% de los jóvenes de 18 años terminan la secundaria a tiempo con conocimientos satisfactorios o avanzados”, indicó el informe. A partir de esos datos, el estudio concluyó que “9 de cada 10 jóvenes abandonan la secundaria o egresan con severos déficits formativos”.
Para IDESA, esta situación limita de manera directa la capacidad de la universidad pública de actuar como motor de movilidad social. El documento señaló que, incluso si las universidades funcionaran con “altos estándares de calidad y eficiencia”, su impacto seguiría siendo reducido porque solo una minoría de estudiantes llega con posibilidades reales de éxito académico.
El informe también advirtió que gran parte de los jóvenes que cuentan con la preparación adecuada para afrontar estudios universitarios provienen de escuelas privadas y de familias de clase media, lo que profundiza las desigualdades de origen.
El estudio atribuyó el deterioro educativo a múltiples factores, aunque hizo especial foco en los incentivos dentro del sistema de gestión. Según IDESA, los estatutos docentes “arcaicos” y los procedimientos burocráticos desalientan el reconocimiento al desempeño y al compromiso de los docentes con el aprendizaje de los alumnos.
“El estímulo a la mediocridad, la precariedad en la infraestructura, los excesos de burocracia y el rechazo a medir y difundir resultados contribuyen a consolidar la profunda decadencia del sistema educativo”, sostuvo el informe.
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En paralelo, el documento cuestionó la relación entre la Nación y las provincias en materia educativa. Aunque recordó que la educación básica es responsabilidad exclusiva de las jurisdicciones provinciales, señaló que históricamente el Gobierno nacional intervino mediante mecanismos como la paritaria docente nacional y programas de asistencia que, según IDESA, terminan “diluyendo responsabilidades provinciales”.
Por último, el instituto consideró que el Gobierno nacional avanzó en algunos aspectos vinculados al esquema federal, como la desactivación de la paritaria nacional docente. Además, planteó que otras medidas podrían contribuir a mejorar el sistema educativo, entre ellas fortalecer la difusión de resultados y modernizar la Asignación Universal por Hijo mediante mecanismos informáticos que permitan incentivar la permanencia escolar.
