Por un embargo judicial, los trabajadores de FATE empezaron a cobrar los sueldos adeudados

Mientras la familia Madanes Quintanilla acelera inversiones en Aluar, el conflicto por el cierre de FATE sumó un nuevo capítulo a partir de que los trabajadores de la fabricante de neumáticos empezaron a cobrar los sueldos luego del embargo trabado por la Justicia a la fabricante de neumáticos por unos $ 3.000 millones.

"Cada trabajador tiene en su cuenta el dinero, los pagos los están recibiendo en este momento, las listas de trabajadores se presentaron por tandas, esta corresponde a los primeros, pero ya nos llamaron decenas de compañeros indicando que han cobrado", afirmó el titular del Sindicato del Neumático (SUTNA), Alejandro Crespo.

De esa forma, la Justicia empezó a ejecutar el embargo ordenado por el presunto incumplimiento del pago de sus obligaciones desde la clausura de la compañía hace tres meses, cuando 920 personas fueron despedidas y se desató un conflicto con la ocupación de la emblemática planta industrial en San Fernando.

La empresa asegura que solo quedan 243 empleados sin llegar a un arreglo y que el embargo no es procedente. "Hace como un mes todos cobraron lo trabajado, la empresa pagó lo adeudado en función de lo trabajado, lo que no se trabajó no tiene que tener remuneración de acuerdo con la Constitución", señalaron fuentes cercanas a la firma.

Las transferencias embargadas corresponden a la segunda quincena de febrero y a las dos quincenas de marzo para los primeros grupos del personal que reclamaron la acreditación de sus salarios. Todavía restaría la cancelación de los haberes de abril y mayo, según un fallo del 30 de marzo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT).

FATE dejó de pagar los haberes cuando cerró su establecimiento el 18 de febrero pasado. En respuesta, el gremio inició un reclamo por los 968 trabajadores que se encontraban en la nómina en mayo de 2025, y el 14 de abril, el juzgado laboral de primera instancia N°17, a cargo de Liliana Rodríguez Fernández, ordenó ejecutar el embargo.

La medida judicial fue por el vencimiento del plazo fijado por la Cámara de Apelaciones para cumplir el pago de los sueldos desde la clausura del establecimiento. Según los demandantes, el monto embargado sumaría un total de $ 2.600 millones y $ 300 millones por las costas del juicio, por el período que va de mediados de febrero a fines de junio.

La Justicia laboral entendió que la empresa firmó un convenio con el gremio en mayo de 2025 que garantizaba la estabilidad laboral hasta el 30 de junio de 2026, por el que a cambio recibió beneficios impositivos otorgados por el gobierno nacional, como el descuento del pago de aportes y cargas sociales.

En ese marco, la CNAT ordenó el 30 de marzo a FATE que, en cumplimiento del acuerdo firmado con el SUTNA el 21 de mayo de 2025 "abone los haberes devengados", un vez vencido el plazo de gracia otorgado para la cancelación de cada uno de los períodos involucrados, a los trabajadores incluidos en el listado de personal afectado.

El Gobierno de Javier Milei cedió el traspaso del conflicto en marzo a la esfera del Ministerio de Trabajo bonaerense. En ese marco, el gremio presentó un proyecto en el Senado bonaerense para que la empresa sea declarada de utilidad pública y sujeta a ocupación temporaria, y solicitó una reunión con Axel Kicillof, que por ahora no fue concretada.

Pese a los embates oficiales contra Madanes Quintanilla, el grupo logró duplicar sus ganancias en Aluar, la única productora de aluminio primario en Argentina. La firma registró utilidades por US$ 108 millones durante el período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2026, frente a los US$ 48 millones registrados en el mismo lapso de 2025.

En su presentación de balances, la empresa detalló la semana pasada inversiones en marcha en energía renovable, almacenamiento y ampliación de infraestructura industrial con finalizaciones previstas entre 2026 y 2027, incluyendo US$ 700 millones en generación eléctrica de fuente renovable sen los últimos años.

Una vez caídas las barreras antidumping, la diversificación de Aluar hacia productos de mayor valor agregado le ayudó a compensar "la baja de precio y la contracción de demanda en el mercado interno". Así, pese a que sigue vigente el arancel extraordinario de 50% para la importación de aluminio en Estados Unidos, exportó US$ 1.145 millones.

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín