A 40 años de la primera vez que quisieron matar a Raúl Alfonsín: una bomba oculta por militares que “nadie hubiera sobrevivido"

Un día como hoy, hace cuarenta años, intentaron matar al presidente Raúl Alfonsín con un poderoso artefacto explosivo que fue colocado para que estallara a su paso en el marco de los ejercicios militares que dirigiría en el III Cuerpo de Ejército, con sede en la provincia de Córdoba.

Las perpetuas a Emilio Eduardo Massera y Jorge Rafael Videla aún no habían cicatrizado en sectores de la oficialidad, y la continuidad de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad generaba honda preocupación en los cuarteles.

Desde los días isabelinos de septiembre de 1975, el III Cuerpo había sido propiedad de Luciano Benjamín Menéndez. De a poco, se transformó en uno de los líderes del sector duro del Ejército, y amo y señor de La Docta.

Encargados de la inspección de rutina, el oficial principal del Comando Radioeléctrico, Carlos Primo, y el cabo Hugo Velázquez, ambos integrantes de la policía local, pasadas las 10:30 del lunes 19 de mayo de 1986, fueron quienes divisaron dos cables negros zigzagueantes que asomaban sin razón por una alcantarilla, y se desplegaban entre los pastizales. Fue uno de ellos, quien se alejó unos metros para orinar al aire libre, quien terminó abortando el atentado.

Sorprendidos y con rápida reacción, despejaron la mata de pasto con la bota policial y divisaron una bala de mortero calibre 120 milímetros con dos kilos y medio de TNT (trinitrotolueno), pegados a dos panes de trotyl de 450 gramos cada uno.

Todo el dispositivo estaba unido a un detonador eléctrico que podía ser operado de manera remota. Había experiencia, logística militar y pleno conocimiento del terreno detrás de la colocación de ese artefacto, y un único objetivo: matar a Alfonsín.

Minutos antes, el presidente, junto a su ministro de Defensa, Germán López, y el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, había aterrizado en la Escuela de Aviación Militar, a bordo del avión presidencial Tango 01. Contra reloj, a esa misma hora, a fuerza de cal y brocha gorda, los soldados conscriptos de la clase 1967 y personal municipal blanqueaban las inmediaciones del ingreso al III Cuerpo, donde arreciaban las pintadas con amenazas contra el líder radical.

Finalmente, el artefacto estaba colocado a 35 metros de la Mezquita, término con el que se identificaba al centro de operaciones que tenía como misión dirigir el operativo, con la presencia de Alfonsín en su doble condición, la de presidente y la de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Hecho que disgustaba y mucho a los personeros de la dictadura militar.

Gracias a la intervención de la Brigada Antiexplosivos, una semana más tarde, cuando se hizo estallar se comprobó que la explosión hubiera sido letal, dado que se observó una nube de humo y tierra que se elevó a 600 metros, y abrió un óvalo en el piso de un metro por 1,20 y veinte centímetros de profundidad.

En declaraciones posteriores, el integrante de la Brigada de la policía provincial, Miguel Ángel Arce, fue mucho más claro y subrayó que “nadie hubiera sobrevivido porque su efecto se habría proyectado en un radio de 150 a 200 metros a la redonda”.

Esa misma noche del 26 de mayo, el entonces comandante del III Cuerpo de Ejército, Aníbal Verdura, pidió su relevo. “Estoy un poco dolorido por haber terminado así mi carrera. Hay algo que no huele bien. Esto no es una bomba paracaidista, pero está claro que hubo una falta y tengo que asumirla”, señaló a la prensa.

En esa semana, el miércoles 21, Hugo del Carril recibió de manos del intendente Julio César Saguier, el merecido título de Ciudadano Ilustre porteño, ante un Teatro Presidente Alvear colmado que lo ovacionó. Días de una tensa calma económica, con el Plan Austral del equipo liderado por el ministro Juan Vital Sourrouille en pleno desarrollo, y con una tasa inflacionaria mensual que daba respiro a la primera gestión democrática, tras diez años de una galopante inflación. Ese año, el IPC marcó un récord y bajó hasta el 81,9 por ciento.

Si bien no se pudo identificar a los autores de la intentona, siempre se supo que se trató de hombres del Ejército. Las bombas y amenazas eran moneda corriente por esos días. Al senador del peronismo catamarqueño, Vicente Leónidas Saadi le habían volado su estudio en Paraguay 1307, el 5 de mayo. Mientras que, once días más tarde, fueron nueve los comités de la Unión Cívica Radical que recibieron su cuota de violencia. Seis en la ciudad de Buenos Aires, y el resto, en La Plata, Ramos Mejía, y San Isidro. Afortunadamente, ninguna de las bombas se cobró víctimas fatales, pero todas dejaron cuantiosos daños materiales.

A la hora de endilgar la autoría, una frase había ganado la calle y era toda una definición: “La mano de obra desocupada”. Allí se ubicaba a los integrantes de los cuerpos paraestatales que habían comenzado a actuar bajo el paraguas del ministro de Bienestar Social, José López Rega, y que se habían enseñoreado con la represión ilegal a partir del golpe de 1976. Impunes, violentos, sádicos, rateros, un combo de hombres que no podía tolerar el pacífico avance de la democracia y las libertades individuales.

A pesar de todo, el viernes 23, la Capital Federal asistió a una de esas escenas propias del cambio que estaba protagonizando una sociedad movilizada y cargada de coraje. En Plaza de Mayo, decenas de miles escucharon hablar al presidente sobre la refundación de una Segunda República, desde el balcón del primer piso de la Rosada.

A esa misma hora, en Plaza Once, el peronismo renovador reunió a sus tres líderes, el hombre fuerte del interior, Carlos Menem; el crédito local, Carlos Grosso; y el candidato natural, Antonio Cafiero. Otras decenas de miles, reunidas en torno al recuerdo de Juan y Eva Perón.

Ya en este siglo, Verdura recibió una condena de prisión perpetua en el juicio por el circuito represivo de Monte Peloni, en la zona de Olavarría y Tandil (Provincia de Buenos Aires).

Un año después del fallido atentado a Alfonsín, en la misma guarnición militar cordobesa, se inició el primero de los alzamientos carapintadas, el de la Semana Santa de 1987, cuando el entonces mayor Ernesto “Nabo” Barreiro se autoacuarteló, tras negarse a declarar ante la justicia por su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

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