El derecho a saber qué es lo que comemos

Una persona entra al supermercado o comercio de su barrio, toma un maple o envase de huevos y sigue su rutina. No hay preguntas, no hay dudas. Pero basta con detenerse un segundo para advertir un dato llamativo: en nuestro país, el consumidor no sabe cómo fue producido ese alimento.

Hoy, la normativa vigente no exige informar el sistema de producción de los huevos. Eso implica que millones de argentinos toman decisiones sin información básica sobre el origen de lo que compran y consumen. En un contexto donde casi el 45% de los consumidores prioriza la salud y la seguridad alimentaria al elegir alimentos, la falta de transparencia deja de ser un problema técnico y pasa a ser un problema público.

El punto es que, cuando esa información aparece, algo cambia. Muchas personas descubren por primera vez cómo funcionan algunos sistemas de producción, como por ejemplo las llamadas jaulas de batería, donde las gallinas viven hacinadas en espacios de menos de una hoja A4, en condiciones que resultan difíciles de justificar cuando se conocen. Esa imagen, una vez que aparece, no pasa desapercibida. Genera incomodidad, sorpresa y por sobre todo, rechazo. Simplemente, porque hasta ese momento no lo sabían.

Ahí está el problema de fondo. El acceso a la información no es una mera declaración: es un principio, un derecho y un deber constitucional. Está reconocido en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en leyes clave como la Ley de Defensa del Consumidor. Sin embargo, en este caso concreto, ese derecho no se está materializando.

La consecuencia es clara: un mercado opaco, donde el consumidor no puede distinguir entre sistemas productivos ni evaluar posibles implicancias en términos de calidad, trazabilidad o estándares sanitarios. En resumen, en donde no sabe qué es lo que está comprando.

Por eso impulsamos una iniciativa legislativa que propone incorporar el sistema de producción en el etiquetado obligatorio que los huevos ya tienen. El cambio es mínimo y la diferencia, significativa. El objetivo es simple y concreto: que cada consumidor pueda saber qué está comprando y elegir en consecuencia.

La experiencia comparada muestra que otro camino es posible: en la Unión Europea, el etiquetado de huevos según su sistema de producción es obligatorio desde 2006, cuando entró en vigor el Reglamento (CE) N.° 1028/2006. Este esquema convive con otras regulaciones del sector, pero pone en el centro algo más básico: garantizar información clara, veraz y accesible para las personas.

En Argentina, en cambio, el debate todavía no logró instalarse del todo. Y sin embargo, cuando las personas toman contacto con esta realidad, empiezan a hacerse preguntas. La sensación es que falta información para decidir mejor.

Ese punto es determinante. Porque el problema no es solo lo que ocurre en la producción, sino lo que no ocurre en la góndola: la posibilidad de elegir con información.

La intención no es imponer conductas ni señalar culpables, sino garantizar la transparencia, reducir asimetrías y fortalecer la confianza en los alimentos que los argentinos consumen todos los días.

Porque elegir también es un derecho. Pero para que exista, primero tiene que haber información.

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