Datos que desmienten el discurso oficial sobre las universidades
A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias el Gobierno intentó desmentir los argumentos de los miles que salieron a las calles para reclamar el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. Los argumentos, sin embargo, no coinciden con los propios datos oficiales. PERFIL los resume en esta nota y en cinco grandes temas.
“Dicen que el Gobierno desfinancia a las universidades”, expresó en un video difundido por el Ministerio de Capital Humano Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. Ese posteo no admite comentarios: la cartera que dirige Sandra Pettovello restringió la posibilidad a “unas pocas cuentas”, advierte la red social.
Si se pudiera ofrecer una respuesta el primer dato sería que el presupuesto destinado a las universidades nacionales es apenas un 7,9% mayor que el de 2025, con una inflación que el Ejecutivo había estimado en 10% para todo el año pero que, según el Indec, ya fue del 12,3% para los cuatro primeros meses. Los recursos asignados al Programa de Desarrollo de la Educación Superior en la Argentina pasaron de los $ 4,4 billones a los $ 4,8 billones: se sumaron $ 385.133 millones entre 2025 y 2026. No solamente este aumento queda por debajo de la inflación e incumple la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso: esta semana, además, el Gobierno redujo la partida inicial en $ 5.300 millones en transferencias a universidades nacionales para financiar gastos de capital.
Tal como puede leerse en el primer anexo de la Decisión Administrativa 20/26 publicada en el Boletín Oficial el 11 de mayo –un día antes de la multitudinaria marcha en reclamo del cumplimiento de la ley– el Ejecutivo decidió reducir los recursos a instituciones como la Universidad Nacional de La Plata ($ 1.043 millones), la Universidad Nacional de General San Martín ($ 700 millones), la Universidad Nacional de Avellaneda ($ 700 millones), la Universidad Nacional de Río Cuarto ($ 680 millones), la Universidad Nacional de Entre Ríos ($ 540 millones), la Universidad Nacional del Litoral ($ 500 millones), la Universidad Nacional del Nordeste ($ 330 millones), la Universidad Nacional José Clemente Paz ($ 300 millones), la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As. ($ 300 millones), y la Universidad de Rafaela ($ 190 millones).
La UBA, continúa Álvarez en el video, “alega que el Gobierno no transfirió los fondos para el funcionamiento de los hospitales escuela, cuando sí se realizaron todas las transferencias correspondientes. Lo cierto es que, para este año, el programa de Asistencia financiera a hospitales universitarios cuenta con un total de $ 114.268 millones: $ 19 mil millones más que en 2025, un 17% en términos porcentuales. El problema es que, de ese total, con casi la mitad del año transcurrido, apenas se devengaron $ 10 mil millones: un 9,5% de lo presupuestado, según pudo constatar PERFIL y en base a la información oficial.
“Desde el principio de nuestra gestión siembran el miedo, afirmando falsamente que las universidades van a cerrar”, declaró Álvarez en el mensaje de la Subsecretaría. Pero solamente en la facultad de ciencias exactas de la UBA se registraron 438 renuncias en lo que va del gobierno de Javier Milei. Así lo afirmaron el decano y la vicedecana de la institución en un video de su cuenta de X que sí acepta comentarios. “Para igualar el poder adquisitivo de diciembre de 2023 el salario docente debería aumentar un 52% y el salario de nuestros investigadores debería aumentar un 65%”, explicó el decano. Los docentes e investigadores que se fueron, aseveró, emigraron, buscaron empleo en instituciones privadas o incluso en otros rubros.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya había advertido que más de 10 mil docentes se habían ido del sistema. Entre los que se quedaron, un documento de la Universidad Nacional Arturo Jauretche reveló que, para septiembre de 2025, el 89% de sus docentes tenía otro empleo y el 19% de ellos en actividades no vinculadas a su profesión. “La respuesta colectiva de la docencia se expresa en renuncias o en la sobrecarga de obligaciones laborales, con jornadas extendidas que combinan la tarea académica con otras actividades, tanto afines como diferentes, como por ejemplo la venta por catálogo (Avon) o de chofer en plataformas como Uber”, advirtieron.
El miércoles, el Presidente reposteó una publicación hecha con inteligencia artificial en la que se afirmaba que mientras su salario está congelado en $ 4 millones, un rector de universidad podría cobrar hasta cuatro veces más. Pero no se pronunció acerca de los salarios docentes y no docentes, a quienes va dirigido la mayor parte del presupuesto destinado a gastos corrientes.
De acuerdo con las estimaciones del CIN, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación fue del 293%, mientras que los salarios acumularon, en el mismo período, un incremento del 147,3%. “Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios”, afirmaron en un comunicado.
“Argumentan que el dinero no alcanza. Sin embargo, el Gobierno habilitó a las universidades a cobrar a los estudiantes extranjeros y decidieron no hacerlo”, aseguró Álvarez. Le siguieron estadísticas sobre la cantidad de estudiantes de medicina en la UBA y en la Universidad de La Plata, sin contar el general. No obstante, el último informe de la Secretaría de Educación informó que para 2022 se registraron un total de 122.769 estudiantes extranjeros en las universidades argentinas. De esos, 104.998 cursaban estudios de pregrado o grado, y 17.771 un posgrado: esto representa un 4,1% del total de los estudiantes en las carreras de grado y un 9,9% en los estudios de posgrado, que son pagos.
Eso sin contar que, como explicó Juan Manuel Álvarez Echagüe, profesor de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA a este medio, “la universidad se financia con todos los impuestos que recauda el Estado”, ya que no existe en Argentina un tributo asignado específicamente al financiamiento de las universidades. Por lo tanto, los recursos destinados a estas instituciones provienen de tributos como el IVA, que paga cualquier persona: incluso aquellos que pasan unos pocos días en el país como turistas.
