La Fiscalía Anticorrupción detectó irregularidades en la licitación de la Hidrovía y alertó sobre un posible "direccionamiento"
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) señaló este viernes una serie de anomalías en el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía. En un escenario contrarreloj para la apertura de los sobres comerciales, esta intervención encendió las alarmas sobre el futuro del corredor logístico más importante del país, la ruta excluyente por donde circula la mayoría de las exportaciones agroindustriales argentinas hacia el mundo.
El organismo conducido por Sergio Rodríguez presentó un informe detallado ante la Secretaría de Transporte donde advirtió que las condiciones actuales presentan vicios que podrían afectar la transparencia de la adjudicación. La intervención judicial ocurrió tras una denuncia que alertó sobre requisitos técnicos diseñados, presuntamente, para favorecer a determinados grupos empresarios y restringir la competencia real.
Estas advertencias técnicas chocan de frente con el optimismo que muestra la Casa Rosada. En paralelo al dictamen de la fiscalía, la administración de Javier Milei difundió un comunicado oficial para celebrar que el proceso de privatización avanza de manera "exitosa", con apoyo multisectorial y "sin impugnaciones". Con esa seguridad, el Gobierno confirmó que el próximo martes ejecutará la tercera etapa con la apertura de las propuestas económicas, un paso decisivo para ceder el cobro de los peajes fluviales por los próximos 25 años.
Los investigadores detectaron que las autoridades intentaron simular el cumplimiento de la ley ambiental al saturar la Audiencia Pública con más de 9.000 páginas técnicas en un plazo irrisorio, bloqueando de esta forma cualquier participación ciudadana efectiva. Además, resaltaron la preocupante omisión de un verdadero Estudio de Impacto Ambiental que cuente con el aval de las dependencias nacionales correspondientes.
El informe subraya, además, la debilidad de las cláusulas anticorrupción y cuestiona los permisos que facilitan ceder el manejo de la ruta a firmas que inicialmente no reunían las condiciones para ofertar. Frente a este panorama, el ente especializado concluyó que las irregularidades de los 138 pliegos derivarán de forma inevitable en adjudicaciones que terminarán siendo blanco de futuras causas penales y sanciones administrativas.
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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación mantiene su cronograma inamovible. La urgencia del oficialismo pasa por destrabar rápidamente la entrega de esta vía fluvial estratégica, un movimiento considerado clave por el equipo económico para dar previsibilidad a los mercados y consolidar su modelo de gestión privada en el área de infraestructura.
Por un lado, se postula la histórica firma belga Jan de Nul, asociada con la empresa local Servimagnus. En la vereda de enfrente compite otra potencia de Bélgica, DEME, que conformó una alianza de peso junto a las compañías norteamericanas Great Lakes, Clear Street y el fondo de inversión KKR.
Ahora, la definición del multimillonario negocio quedó atrapada entre la agenda política del Ejecutivo y la lupa de los tribunales. Mientras los consorcios internacionales preparan sus ofertas finales, el Gobierno deberá definir si pisa el acelerador a fondo para concretar la adjudicación o si atiende las advertencias de un proceso que ya acumula demasiadas manchas antes de la firma definitiva.
