La corporación universitaria y el negocio de la decadencia
La dirigencia universitaria argentina tiene un termómetro muy preciso para la indignación: se activa ante cualquier recorte presupuestario y permanece inmóvil frente a décadas de baja graduación, el derrumbe de la calidad, la opacidad administrativa y carreras desconectadas de las necesidades reales del país. Eso no es defender la educación pública, es defender los intereses de una corporación opaca y en evidente declive.
Hay una pregunta que nadie en la conducción universitaria quiere responder: ¿por qué las mismas autoridades que convocan movilizaciones multitudinarias cuando peligra el financiamiento jamás convocaron una asamblea urgente para discutir que apenas el 19% de los estudiantes logra graduarse? ¿Por qué no existe la misma épica para enfrentar un sistema que ubica a la Argentina entre los peores desempeños de América Latina en tasa de graduación universitaria?
¿Por qué no marchan cuando la Argentina pierde posiciones en cantidad de graduados universitarios frente a Chile, Brasil, Uruguay o Colombia, o proponen asambleas de emergencia para analizar razones y activar incentivos, porque 7 de cada 10 ingresantes abandonan antes de terminar sus estudios? Nadie se cuestiona nada cuando las evaluaciones educativas muestran que el 80% de los alumnos del último año de secundaria pública no puede resolver un problema matemático básico y, aun así, las universidades los incorporan sin nivelación real, para inflar estadísticas de ingreso y después dejarlos fracasar en silencio.
Ante un escenario que muestra una decadencia cierta de la calidad en la enseñanza de la universidad pública, la corporación universitaria no debería promover la derogación de la norma que prohíbe tomar exámenes finales nacionales de desempeño que permitan evaluar el nivel académico de los graduados.
No debería preocuparles generar un debate público y ruidoso sobre el serio desequilibrio entre lo que las universidades producen y lo que el país necesita. Mientras las empresas tecnológicas demandan alrededor de 10.000 ingenieros por año, el sistema universitario genera apenas la mitad. En todo el país se gradúan apenas 5 ingenieros hidráulicos, 7 ingenieros nucleares y 23 ingenieros mineros por año. Al mismo tiempo, egresan decenas de miles de abogados, psicólogos y contadores para un mercado laboral saturado e incapaz de absorberlos. El caso más brutal de esa distorsión es simbólico: la carrera de Psicología acumula más graduados que las 32 ramas de ingeniería combinadas.
La corporación universitaria encontró en la bandera del financiamiento su zona de confort político; es el único terreno donde sus intereses coinciden automáticamente con el coto capturado. Todo lo demás –la transparencia, los resultados académicos, la pertinencia de las carreras, la eficiencia del sistema– queda sistemáticamente fuera de agenda. La selectividad de esa indignación no es casual, es más bien muy sugestiva. No se movilizan ni se ocupan de nada que ponga en riesgo sus estructuras de poder.
Mientras un país entero toma conciencia de que el dinero no alcanza para todas las necesidades y urgencias que existen, la dirigencia universitaria no discute cómo y para qué usa su presupuesto. Cerca del 90% se destina a salarios de personal docente y no docente. El margen para investigación, innovación y modernización es mínimo. Sin embargo, entre 2004 y 2023 se crearon 23 nuevas universidades nacionales –algunas en municipios con escasa población y sin tradición científica relevante– sin evaluaciones públicas serias sobre impacto, calidad o necesidad estratégica. El bolsillo de payaso de un Estado fundido se terminó, y no es fácil discutir las tensiones entre el Garrahan, los programas de discapacidad, los jubilados y las universidades.
La corporación universitaria resistió la debida auditoría de la Sindicatura General de la Nación, aceptando a la politizada Auditoría General de la Nación, que realizó apenas 12 auditorías sobre 57 universidades nacionales en una década. Son estruendosos el silencio y la oscuridad que se observan en otras posibles fuentes de financiamiento universitario, como convenios vinculados a obras públicas, estacionamientos o control del sistema de tragamonedas. Tampoco se analiza la posibilidad de realizar algún tipo de aporte al sistema, sin afectar la gratuidad universal, cuando se sabe que el 57% de los estudiantes tendría ingresos suficientes para colaborar con el financiamiento de la educación pública, o acudir al arancelamiento a extranjeros para paliar las dificultades presupuestarias que se deben afrontar.
El Gobierno cometió un error serio al avanzar con la motosierra sobre las universidades sin matices, sin información clara y sin la sensibilidad necesaria para distinguir entre una institución que merece respeto y una conducción que merece auditorías. Esa torpeza le regaló a la dirigencia universitaria su mejor coartada: transformarse en víctima del ajuste, movilizar a la sociedad por el sentimiento y la valoración a la educación pública, y clausurar cualquier debate incómodo detrás de la consigna sagrada de “la educación pública en peligro”.
Sin dudas, la universidad pública argentina forma parte de la mejor historia nacional, y defenderla impone poner el foco en los estudiantes, el trabajo de docentes e investigadores que trabajan con honestidad, vocación, amor por la educación pública y enorme esfuerzo. Ellos merecen tanto el presupuesto que reclaman como el debate que la conducción universitaria les escamotea, porque es claro que detrás del relato heroico también hay silencios, privilegios y decadencia que afectan a una de las pocas instituciones que todavía conserva prestigio social en la Argentina.
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