El Senado convirtió en ley la regularización de armas de fuego
El Senado sancionó este jueves la ley de Regularización de Armas de Fuego con 40 votos a favor y 26 en contra, en una votación que terminó siendo más compleja de lo previsto: a pedido del peronismo, el temario se dividió en cuatro votaciones separadas, y el artículo 4° —que prorroga el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2027— fue el único que obtuvo respaldo unánime de los 66 senadores presentes. El resto del articulado se aprobó con la coalición oficialista: LLA, UCR, PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales. El peronismo votó en contra de los artículos centrales aunque acompañó el de entrega voluntaria, que lleva décadas de consenso transversal y gobiernos de todos los colores.
La norma que acaba de convertirse en ley tiene una historia larga. Fue impulsada originalmente por Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad y obtuvo media sanción en Diputados en octubre de 2024 con 142 votos a favor. Desde entonces esperaba su turno en el Senado, donde el expediente corría riesgo de perder estado parlamentario si no se aprobaba en el corto plazo. El Gobierno necesitaba que saliera esta semana o reiniciar todo el trámite legislativo. Salió. Pero el timing no fue el mejor.
En las semanas previas al tratamiento, varias escuelas del país —incluyendo establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires— registraron amenazas de tiroteos por parte de estudiantes. En ese contexto, la oposición no desaprovechó la paradoja. El senador rionegrino Martín Soria, del bloque Unión por la Patria, fue el más directo: "Casualmente en este momento donde florecen las amenazas de tiroteos en las escuelas el Gobierno aprovecha ahora para sacar la iniciativa. Dejaron vencer el Plan Nacional de Desarme desde el 31 de diciembre de 2023". Y fue más lejos: "Esto es como un blanqueo de armas. El proyecto no diferencia entre armas que alguna vez estuvieron registradas y aquellas que nunca lo estuvieron, esto es un grave error". También apuntó a un antecedente del propio Gobierno: mediante un DNU, habilitaron a jóvenes de 18 a 20 años a ser legítimos usuarios de armas de fuego. Un total de 1.191 personas de esa franja etaria fueron dadas de alta bajo esa norma.
"El arma registrada es el arma trazable": Bullrich salió a defender el proyecto que busca la legalización
El oficialismo defendió la iniciativa con el argumento de que tener más armas registradas equivale a más trazabilidad y más control estatal. Bullrich, ahora como jefa del bloque en el Senado y principal impulsora política del proyecto, fue la voz más activa: "El arma registrada es el arma trazable. Con las amenazas en las escuelas, este sistema nos protege absolutamente. Si hay una amenaza, las provincias pueden saber si las familias tienen o no armas". Y aprovechó para señalar a los tres distritos que no adhirieron al sistema digital de trazabilidad: Formosa, Tierra del Fuego y La Rioja —los tres gobernados por gestiones enfrentadas al gobierno de Milei.
La norma otorga un plazo de 360 días para que personas físicas o jurídicas con armas no registradas —o con registros vencidos— puedan regularizar su situación ante el RENAR. Quienes adhieran quedan eximidos de las sanciones del artículo 189 bis del Código Penal por tenencia ilegítima, siempre que no exista imputación judicial previa en su contra. Según estimaciones oficiales, hay cerca de 800.000 armas en situación irregular en el país: 595.000 con usuarios vencidos y otras 355.000 de usuarios vigentes. La sola presentación de la declaración no implica aprobación automática: el RENAR verifica antecedentes, origen del arma y medidas cautelares vigentes. La ley también prorroga el Programa de Entrega Voluntaria —que permite entregar armas de forma anónima a cambio de un incentivo económico— hasta el 31 de diciembre de 2027. Desde su creación, ese programa permitió destruir más de 200.000 armas y más de dos millones de municiones, según informó la senadora radical Carolina Losada al cierre del debate.
El peronismo había presentado un dictamen de minoría —firmado por la senadora Anabel Fernández Sagasti— pero no participó del tratamiento en comisión. En el recinto, su postura fue mixta: votó en contra de los artículos del blanqueo pero acompañó el de la entrega voluntaria. La ley que finalmente se sancionó es la misma que Bullrich diseñó desde el Ministerio de Seguridad en 2024.
