Jorge Macri logró la ampliación del Presupuesto de CABA con auxilio de La Libertad Avanza
El PRO salvó la suerte de la gestión del alcalde a partir de un acuerdo parlamentario con los libertarios, que a la hora de votar optaron por abstenerse para permitir la aprobación del proyecto que revisa al alza las partidas ante los cambios en las metas inflacionarias anuales. En la sesión, el macrismo respaldó las iniciativas violetas de adhesión al RIGI y la creación del RIMI porteño.
El jefe de Gobierno porteño consiguió el visto bueno de la Legislatura para ampliar las partidas porteñas.
El PRO logró este jueves reunir los votos para aprobar la ampliación del Presupuesto 2026 enviada a la Legislatura por Jorge Macri. La sanción se consumó a raíz de un acuerdo con los libertarios, que optaron por abstenerse a cambio del apoyo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y reformas a la ley Impositiva. Las partidas se incrementarán en 15,5% para hacer frente a los cambios en las metas previstas por Nación. En una extensa jornada, legisladores opositores también debatieron sobre el desfinanciamiento de las universidades públicas por parte de Nación.
El apoyo al proyecto del jefe de Gobierno provino en primer término del bloque radical de Ciudadanos Unidos y de Confianza y Desarrollo, donde conviven el exmandatario porteño Horacio Rodríguez Larreta y la exministra Graciela Ocaña. Sobre la hora, se le sumaron legisladores de la bancada de La Libertad Avanza, que al no votar en contra le evitaron una dura derrota al oficialismo.
El resultado final arrojó 24 votos afirmativos y 21 negativos, con el peronismo de Fuerza Buenos Aires y el Frente de Izquierda (FIT) encabezando el rechazo. Los 14 miembros de la bancada violeta se abstuvieron, lo que en los papeles representa un ausentismo por lo que no se tuvieron en cuenta a la hora de calcular la mayoría, garantizándole al oficialismo la sanción.
La vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, presidió la segunda sesión ordinaria del año en la Legislatura. A su izquierda, Christian Gribaudo, ladero de Daniel Angelici y Secretario Administrativo de la Legislatura.
El inicio de la sesión estaba previsto para las 11hs y comenzó pasadas las 13 con 45 legisladores presentes, un dato que en un principio era favorable al oficialismo para acercarse a la mayoría, pero con el correr de la sesión comenzaron a llegar los rezagados.
En la previa, el proyecto era resistido por los libertarios debido a la propuesta de aumentar el gasto público en $2.5 billones solventado a partir de un incremento en los recursos. En comisión, el bloque de Pilar Ramírez firmó en disidencia parcial el dictamen del oficialismo, en una estrategia para negociar cambios que ya habían aplicado el año pasado cuando se discutió la ley de Leyes.
Sin embargo, en la reunión de Labor Parlamentaria que se llevó a cabo en la previa de la sesión, la jefa de la tropa libertaria fue por más y se pronunció en contra de tratar el despacho bajo los términos propuestos por el Gobierno, generando alarma en el macrismo. Atentos a las dificultades que podían presentarse en la sesión, el bloque que conduce Silvia Lospennato retomó los contactos en busca de acercar posiciones.
“Las leyes se negocian hasta último minuto”, había manifestado una fuente parlamentaria del macrismo respecto al estado de situación, confiados en poder lograr aunar posiciones en pos de habilitar el incremento de partidas que solicitó el jefe de Gobierno porteño. “Creemos que vamos a llegar al número”, afirmaban en el PRO.
La urgencia del oficialismo de enviar el proyecto en la primera mitad del año radica en un dato: las partidas previstas se calcularon en base a la meta del 10,1% de inflación para todo el 2026 prevista por Javier Milei y Luis Caputo, una cifra que en el primer cuatrimestre ya quedó atrás. Los principales cambios están enfocados en partidas sensibles: gasto en personal por $950.627 millones y gastos en limpieza, seguridad y orden del espacio público por $733.224 millones.
El incremento en recursos para hacer frente a los nuevos gastos estará enfocado en el rubro tributario. El Ministerio de Hacienda que conduce Gustavo Arengo proyecta un incremento en los recursos para compensar la suba. En términos tributarios, estima un aumento en los ingresos de más de $1,5 billones, compuestos en su mayoría por recaudación local ($1,3 billones) y por recursos provenientes de la coparticipación ($216.079 millones). Si bien actualmente Nación acumula una deuda superior a los $800.000 millones del fallo de la Corte, CABA continúa recibiendo las transferencias automáticas.
Durante la sesión, el legislador del PRO, Waldo Wolff, titular de la Comisión de Presupuesto, tomó la palabra a la hora de los discursos para defender los cambios. “La ampliación se justifica en las expectativas de inflación que han tenido variaciones significativas”, dijo y se refirió al cambio respecto “a las pautas macroeconómicas y el cuadro macrofiscal que planteó el Gobierno nacional para este año”.
Tanto la inflación como el tipo de cambio actual no reflejan lo previsto sino que ya están por encima, dijo el legislador, y apuntó contra la bancada libertaria. “Como todos sabemos, el Presupuesto de la Ciudad no permite la discrecionalidad entre partidas que sí permite el Presupuesto nacional”, señaló. Macri, a diferencia de Milei, tiene las manos atadas según dio a entender Wolff.
El titular de la Comisión de Presupuesto, encargado de negociar junto a Lospennato, rescató virtudes presupuestarias y financieras de la administración porteña como “el orden de las cuentas” y “la toma de deuda a la menor tasa en la historia de CABA, incluso por debajo de Nación”, lo que habla, según Wolff, de la “excelente administración” de los recursos para “mantener el equilibrio fiscal” y hacer frente a salarios de docentes, policías y personal sanitario, entre otros.
Al pedir el apoyo a las modificaciones, también ratificó el acompañamiento a la propuesta de Ramírez sobre los cambios a la ley Impositiva.
El legislador del PRO, Waldo Wolff, junto a la jefa del bloque, Silvia Lospennato.
Juan Pablo Modarelli, vicepresidente de la Legislatura y referente del bloque peronista, cargó las tintas contra el oficialismo por pedir la ampliación para un Presupuesto que calificó como “injusto”. Y también apuntó contra el bloque libertario por no poder administrar las cuentas nacionales pese al ajuste que llevan adelante.
“Estamos en una Ciudad donde no se puede vivir dignamente porque la plata no alcanza. Podemos entender que la ampliación venga a discutir las cuestiones macro. También podemos entender que no es un buen dato que estén estimando una inflación de casi el 30% para este año. Eso va a seguir complicando a la gente en un momento de caída del consumo. Han ajustado el Estado y la actividad, pero no pueden bajar la inflación. No hay buenas noticias”, dijo y anticipó el rechazo.
Marina Kienast, representante de LLA, planteó las diferencias de su espacio con el proyecto de la ampliación por “no explicar con claridad en qué se va a gastar, sin mostrar prioridades concretas y sin una verdadera rendición de cuenta”. Afirmó también que mientras Nación “avanza en un reordenamiento del gasto”, en CABA “se aumenta los gastos ahogando a quienes sostienen la actividad”.
Por ese motivo, la legisladora libertaria criticó la iniciativa y concentró parte de su discurso en defender la propuesta impulsada por Ramírez que actualiza alícuotas de IIBB para que “no se conviertan en una herramienta para recaudar más”.
La izquierda también se pronunció en contra de la ampliación y calificó el proyecto político local de “un fracaso”. “El Presupuesto porteño, lo que demostraba al igual que el Gobierno nacional, era que Jorge Macri apostaba a la recesión, salarios a la baja y a la caída del consumo para mantener a raya la inflación, pero tampoco lo consiguieron”, dijo Andrea D´Atri, del Frente de Izquierda (FIT) al empardar el modelo económico de la gestión local con el del presidente Milei.
A su turno, la peronista Claudia Neira pidió que hoy se celebre el “Día de la incoherencia” porque mientras Macri busca alinearse políticamente con el ajuste de Nación, también pretende ampliar el Presupuesto pero por debajo de las estimaciones inflacionarias reales. “La actualización del 15,5%, proyectada a lo largo del año nos da un 27%. Es por debajo del REM, el cual mientras discutimos ya pasó a 30,5%”, dijo a raíz del relevamiento de expectativas que realiza el BCRA, revisado al alza tras la inflación de abril del 2,6%.
La jefa del bloque peronista puso otro ejemplo para dimensionar el error del oficialismo. “El aumento del gasto ejecutado del 2025 contra el del 2026 es del 46%. No es 27%. La pauta salarial de la que nos vienen a hablar, que es correcta y que acompañamos, es inferior al promedio del 15,5%”, criticó. Por ese motivo, afirmó: “No vamos a acompañar. Vamos a votar en contra de este engaño de la reforma de la ley Impositiva”, dijo respecto a los cambios que proponen LLA y que acompañó el PRO y se quejó, en modo advertencia: “Acá sistemáticamente se rompen los acuerdos parlamentarios. La próxima vez no cuenten con nosotros”.
Tanto LLA como el peronismo advirtieron que, en paralelo al tratamiento del proyecto, el Gobierno porteño no preveía cambios a la ley Impositiva: aseguraban que un importante volumen de lo recaudado provendría de Ingresos Brutos al no tocarse los topes de facturación.
Frente a ello, la tropa de Ramírez propuso elevar los topes de exención un 7,5% para las actividades de comercialización (mayorista y minorista). En el caso de prestaciones de obras y/o servicios de "Restaurantes y Hoteles", "Transporte", "Comunicaciones", "Servicios Inmobiliarios Empresariales y de Alquiler", "Servicios Comunitarios, Sociales y Personales", "Servicios Sociales y de Salud", "Electricidad, Gas y Agua".
El dictamen libertario obtuvo apoyo del oficialismo y la UCR, que además garantizaron su respaldo a la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) de CABA, en un acuerdo parlamentario para conseguir el respaldo a la ampliación del Presupuesto. La Libertad Avanza cumplió: con la abstención salió en auxilio de Jorge Macri.
Ante ese escenario, el PRO respaldó la modificación libertaria al texto impositivo. Sobre un total de 59 votos, los cambios a la ley Impositiva obtuvieron 37 voluntades afirmativa entre el macrismo, radicales, larretistas, cívicos y libertarios. El peronismo, que impulsaba un dictamen propio para elevar las alícuotas un 15,5%, se pronunció en contra junto con la izquierda.
Aprobada la ampliación del Presupuesto y la ley Impositiva, se abrió la discusión sobre la adhesión al RIGI y por la creación de RIMI porteño. Silvia Imas, de La Libertad Avanza, defendió ambas propuestas. “El problema de la Ciudad no es coyuntural sino estructural. Precede a cualquier gestión reciente. Pasó de ser la jurisdicción más densa empresarialmente del país a liderar junto a Tierra del Fuego el triste ranking de cierre de empresas en la última década. La Capital se vació de empresas. En cuanto al empleo exhibe el mismo patrón”.
En ese sentido, se preguntó si es conveniente “seguir administrando el declive con más regulación” o si se van a poner en marcha “las herramientas para revertirlos”. Los proyectos que se radicarán gracias al RIGI “son inversiones que sin este régimen no se harían” y permitirá “posicionar a CABA como una jurisdicción confiable” para recibir empréstitos extranjeros.
En relación al RIMI CABA, Imas afirmó que “cierra una brecha” al estimular inversión de las pymes mediante beneficios fiscales, con estabilidad tributaria y previsibilidad para planificar. “No es para multinacionales”, argumentó, sino “para el industrial pyme de Mataderos, el taller de Barracas que quiere comprar máquinas nuevas, el hotel de Microcentro que quiere hacer nuevas obra”. Lo calificó como una herramienta “clave para que una industria urbana pueda dar un salto de competitividad”.
Desde LLA aseguran que va a permitir generar más empleo, más actividad, mayor consumo y recaudación. “Eso permitirá bajar impuestos”, sustentó Imas, en base a la línea programática que impulsa su bloque. Durante el discurso, rescató el apoyo y los aportes de los bloques opositores pese a las diferencias. “Es la diferencia de construir mayorías en esta casa”, señaló.
El radicalismo fue uno de los espacios que aportó a la discusión. La jefa de bloque del radicalismo, Manuela Thourte, destacó ambas iniciativas y repasó alguno de los cambios que se introdujeron a los proyectos originales a pedido de su bancada.
“Una de las primeras cosas que pedimos es que se descalce del RIMI nacional y que se plantee un registro de la CABA que sea el que evalúa y apruebe las inversiones y que determine qué sectores buscamos favorecer”, dijo. También solicitaron, y fue concedido, que las empresas que hagan esas inversiones se queden durante cuatro años y que se puedan agrupar distintas inversiones hasta llegar al mínimo, el cual solicitaron bajar de u$s150.000 a u$s100.000. Todos los pedidos fueron incorporados.
“El RIMI CABA no viene a solucionar todos los problemas que enfrenta la Ciudad”, aclaró, pero afirmó que las nuevas inversiones que podrían llegar permitirán construir un contexto más favorable para mejorar la coyuntura económica del distrito.
Matías Lammens, exministro y actual legislador porteño, manifestó la postura del bloque peronista en rechazo a la adhesión al RIGI y la creación del RIMI CABA.
Para el legislador Matías Lammens, la iniciativa de adhesión al RIGI no se adapta al contexto porteño. “¿Saben cuántas inversiones va a traer? Cero. Es para inversiones de u$s200 millones. Menciona áreas que, en primer lugar no existen en CABA. Y en segundo lugar, en sectores como el Turismo no hay ese tipo de inversiones”, dijo y consideró que con el tratamiento del proyecto están subestimando al porteño.
El exministro también cuestionó el alcance del RIMI y pidió “discutir en serio como hacemos para cuidar el entramado productivo”. En ese sentido, recordó que su bloque propuso crear el Régimen de Expansión Productiva Porteña (REPP): “Nos podíamos haber quedado en una actitud de denunciar, pero no. Propusimos un régimen propio, pero fuimos ingenuos porque pensamos que de verdad querían proteger a la industria, a las pymes, a los comerciantes”.
El proyecto al que hizo referencia Lammens apunta a generar nuevas inversiones de parte de los sectores más golpeados por la crisis económica, como los comercios, las microempresas y las pymes, pero a diferencia del RIMI no tiene un mínimo de inversión y permite adherirse no solo a quienes inviertan a futuro sino también a quienes invirtieron en los últimos dos años.
Entre los beneficios impositivos, destacan la exención de IIBB, Sellos e Inmobiliario sobre los ingresos generados por la inversión. Adicionalmente, la propuesta del PJ premia a la creación de empleo registrado o la radicación en las Áreas de Desarrollo Prioritario Sur del Código Urbanístico con un incremento en la exención de hasta 1 año más y 10 puntos por cada condición. El texto no fue tratado.
Luego de la etapa de discursos, la presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio, llamó a votar la adhesión al RIGI, la cual se aprobó por 32 votos afirmativos y 27 negativos. A continuación, los legisladores decidieron la suerte del RIMI CABA: resultó aprobado por 37 a 22. Ambos también con votos en contra de Fuerza Buenos Aires y el FIT.
En el marco de la sesión que se llevó adelante este jueves, con 59 votos afirmativos también se aprobó la ley de obligatoriedad del Gobierno de la Ciudad de brindar soporte papel a las personas mayores, un proyecto impulsado por Graciela Ocaña.
La legisladora remarcó su coincidencia con la política de “despapelización” que impulsa el GCBA en pos de cuidar el medio ambiente y ahorrar dinero, pero le habló a los funcionarios al marcar que “en una Ciudad en la que uno de cada cuatro vecinos son personas mayores, creemos que tienen que tomarse en cuenta las dificultades que muchas veces tiene con el mundo digital”.
En ese sentido, explicó que la nueva ley permitirá darle la opción a las personas mayores para que reciban su boleta en papel. “Entendemos que muchas veces, pese a ser totalmente independientes, las personas mayores son convertidas por los funcionarios públicos en personas dependientes”, dijo ya que “para acceder a sus boletas de ABL o de patentes tienen que recurrir a sus hijos o vecinos”.
Para Ocaña, el sistema actual refleja “la falta de empatía por parte de los funcionarios” para con los vecinos de tercera edad, un problema que la ley intenta subsanar. “El Estado tiene que estar en favor de los vecinos. Y no al revés”, cerró.
Una vez que se reglamente la ley, las personas de 70 años o más deberán recibir en formato papel todas las boletas de impuestos, tasas, contribuciones y "cualquier otro instrumento de carácter tributario" a menos que expresamente opten por la versión digital.
Durante la sesión también se coló la discusión por el desfinanciamiento de las universidades públicas por parte del gobierno de Javier Milei, días después de la cuarta marcha federal en la que se reclamó por la implementación de la ley de Financiamiento, cuyo destino quedó en manos de la Corte Suprema.
A propuesta de la legisladora María Bielli, el peronismo pidió tratar sobre tablas un proyecto que manifiesta su preocupación por el incumplimiento de la normativa por parte del Poder Ejecutivo Nacional. La iniciativa contó con el apoyo del radicalismo, de Confianza y Desarrollo, del Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. La Libertad Avanza rechazó la iniciativa. En tanto que el PRO decidió no acompañar, pero habilitó el debate al no votar en contra sino inclinarse por la abstención.
“Llevamos 205 días de incumplimiento de una ley que votó el Congreso y que en primera y segunda instancia judicial hubo resoluciones que instaban al Gobierno nacional a cumplir”, dijo en primer término la diputada. Luego habló de números: afirmó que más de 10 mil docentes investigadores científicos que dejaron sus lugares de trabajo, los docentes perdieron el 40% de del poder adquisitivo de su salario y las becas están congeladas en $35.000.
Pese a todo, afirmó que la discusión excede lo presupuestario. “Me atrevo a decir que ya no se trata de presupuesto o de modelo. Se trata de si queremos o no queremos tener un país. Les molesta la mera existencia de las universidades porque odian que sea público y gratuito el ámbito por el que somos reconocidos internacionalmente”, aseguró.
La exsenadora y miembro del larretismo, Guadalupe Tagliaferri, acompañó el proyecto y destacó la movilización “masiva y en paz” de miles de docentes, no docentes, estudiantes y graduados que exigieron el cumplimiento de la ley. “Vengo a manifestar nuestro acompañamiento. Nosotros no tenemos ambigüedades. No hacemos contorsionismo moral como hace el gobierno de la Ciudad con sus valores. Defendemos siempre la educación pública.”, dijo y recordó la postura del PRO en el Congreso en respaldo al veto de Milei contra las universidades. Sin nombrarla, aludió a Lospennato.
La jefa de bloque del macrismo recogió el guante. “Tengo demasiados años ejerciendo la función legislativa para saber que cuando uno está en un bloque y tiene una misión, sobre todo cuando es oficialismo, no viene a darse gustos ni hacerse famosos. Si votar una declaración pone en riesgo la sanción de las leyes que mi gobierno necesita, asumo los costos de no acompañarla porque mi responsabilidad es que salgan las leyes que son buenas para los porteños y para el gobierno de Jorge Macri”, se defendió dejando entrever que respaldar el proyecto podría haber provocado un rechazo de LLA en el debate por el Presupuesto, lo que hubiera significado un duro golpe para la gestión del jefe de Gobierno.
El radical Francisco Loupias se corrió del ida y vuelta entre Lospennato y Tagliaferri y aportó al debate sobre el rol de las universidades al destacar su función como "un espacio fundamental para la igualdad de oportunidades sin importar en qué barrio o lugar nazcas" y las definió como el "principal factor de ascendencia social en la República Argentina". "Independientemente de la visión de cada uno de los bloques, esto debería ser más sencillo en un país republicano y federal: hay un fallo de la Justicia que obliga a financiar las universidades públicas. Cuando la Justicia actúa, se tiene que terminar la discusión", concluyó.
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