La coherencia en el discurso frente a la tragedia moral y demográfica argentina

El sombrío panorama actual y futuro sobre envejecimiento y disminución de la población argentina, con características únicas a nivel mundial (LA NACION, “La transformación más profunda, y silenciosa, de la Argentina”), torna ineludible analizar en esta situación la incidencia de la ley 27610, por la que se otorgó el mal denominado derecho a la interrupción voluntaria del embarazo -porque “el aborto y el infanticidio son crímenes abominables”, según define el Concilio Vaticano II (GS, 51.)-, dado que al haberse cumplido cinco años de su vigencia es posible efectuarlo sobre bases ciertas.

El presidente Milei denunció varias veces a “la agenda sangrienta del aborto” y hasta su implicancia en el “exterminio” -según dijo- de la etnia europea. Pero la rápida aclaración de fuentes del gobierno de que en los proyectos de modificación del Código Penal no se abordará la cuestión, produjo en parte de la sociedad la sensación de que el discurso moral se supedita, en los hechos, a las conveniencias de la política. A esto contribuye que, transcurrido más de la mitad de su mandato, no hubo ningún avance reglamentario. Ni siquiera la subsanación por resolución ministerial de las omisiones de los protocolos, como el deber de informar a la mujer gestante, en prevención de su ignorancia o error, que con la interrupción voluntaria de su embarazo se pondrá fin a la vida de un ser humano que según la legislación argentina es una persona humana que es niño y ella es su madre, ofreciéndole visualizarlo en ecografía y escuchar sus latidos del corazón; como así el detalle concreto de posibles traumas en su salud física o psíquica a raíz del aborto.

Según informe de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, en 2020 se registraron 32.762 abortos en el sistema público de salud. Lo fueron en el marco del fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2012 -el peor de toda su historia-, que permitió el aborto por violación sin exigir denuncia penal, y mandó dictar protocolos, en los que se tergiversó el concepto de abuso sexual, suprimieron plazos para abortar e incluyeron motivos socioculturales dentro del peligro para la vida y salud de la madre. Cotejada con estadísticas de violaciones, de embarazos por esta causa y de casos de riesgo médico para la mujer -hoy prácticamente inexistentes-, aquella cifra fue exorbitante.

Pero al facultar la ley 27610 practicar abortos sin ninguna restricción hasta la semana 14, ni siquiera quedó el obstáculo vergonzoso de la falsedad y la mentira del régimen creado por la Corte, y lo que siempre fue un crimen nefando se transformó, como por súbita metamorfosis, en algo ético y justo. Esto se exaltó por el gobierno de ese momento, mediante campañas para su realización de forma masiva e indiscriminada, junto a otras agresivas políticas contra la natalidad, que incluyeron hasta la monstruosidad de alentar desde el Ministerio de Salud de la Nación la ligadura de trompas y la vasectomía desde los 16 años. El aumento de abortos fue inmediato y exponencial.

En efecto, según cifras oficiales definitivas de todo el país, disponibles en la actualidad, se hicieron 73.497 abortos en 2021, 96.664 en 2022 y 107.505 en 2023. Es decir, se triplicaron respecto al año previo a su sanción. Desde ésta, se han eliminado intencionalmente 500.000 niños por nacer. Ese número resulta muy superior adicionando los abortos del sistema privado y, paradojalmente, los clandestinos por la incontrolada circulación de misoprostol y mifepristona. Por su parte, según el Ministerio de Capital Humano, los nacimientos en 2014 fueron 777.012 contra 413.135 en 2024. Cada una de estas alarmantes cifras pone de manifiesto una gravísima tragedia moral y demográfica para nuestro país, porque la matanza de niños por nacer ya supera el 25 %, dándose muerte a más de 1 por cada 4 que nacen vivos.

Juan B. Alberdi demostró que el desarrollo del país requería el aumento de su población: “la población es el fin y es el medio al mismo tiempo”, señalaba. En consecuencia, si “gobernar es poblar”, es imperioso que desde los distintos sectores políticos se impulse la derogación inmediata de esta inicua ley; impuesta en pleno aislamiento de la pandemia del Covid-19, por razones ideológicas y de oportunismo político partidario, con espurias negociaciones y presiones; para frenar esta masiva masacre de seres humanos inocentes e indefensos.

Cada nuevo niño que nace y se desarrolla plenamente, es un verdadero tesoro espiritual, humano y económico, que llena de alegría a las familias y a toda la sociedad, incluso ante la mayor carga por enfermedad o discapacidad, situaciones que requieren, con total justicia, un especial cuidado y ayuda de toda la comunidad. El mandato bíblico dado al hombre: “creced y multiplicaos”, no puede violarse sin consecuencias, porque en él se refleja la ley de la naturaleza de la conservación de las especies. Así como la concepción que inicia la vida y existencia de un ser humano individual no proviene de un acto previo de éste, tampoco existe en la naturaleza la interrupción “voluntaria” desde ese origen. Por esta razón, la vida y el derecho a ella son recibidos gratuitamente como integrante de la especie humana con la inherente obligación moral de transmitirla, de conformidad a la ley natural inmutable que posibilitó la propia existencia. Por ello, una vez iniciado el proceso de la vida, se requiere de la comunidad protección jurídica eficaz, en resguardo de un ejercicio desviado de la libertad que transgreda aquella ley con daño al tercero concebido y al legítimo interés público de posibilitar condiciones de población compatibles con su existencia, desarrollo, bienestar, seguridad y defensa, como sociedad y como nación, de generaciones presentes y futuras.

La disminución ocurrida da tristeza por los niños muertos, e inquietud por el riesgo para nuestra nación en el contexto geopolítico actual. El daño social y económico serán considerables. En sectores humildes, la pérdida espiritual y humana de una prole numerosa los dejará librados, en la soledad de sus enfermedades y vejez, a la exclusiva asistencia pública, ineficiente y escasa. Jamás hubo mejores escuelas de artes y oficios, emprendimientos económicos más productivos, ni solidaridad tan caritativa y humana, que las del ámbito familiar.

Dios, invocado en el Preámbulo por ser la “fuente de toda razón y justicia”, ilumine a los que gobiernan, legislan y juzgan, para abolir esta siniestra estructura de pecado contra la vida humana, que fue arteramente establecida en la sociedad argentina, y ratificar que ella es sagrada e inviolable, en cualquier circunstancia, desde la concepción hasta la muerte natural; y a las madres que abortaron les de alivio y consuelo por la pérdida de sus hijos, a la que fueron llevadas por la iniquidad de aquellos que, en lugar de ayudarlas con su embarazo y posterior crianza del niño -como sabiamente manda la Constitución Nacional-, les procuraron eliminarlos como falsa solución de la cultura del descarte denunciada por el papa Francisco, que con valentía proclamó ante el mundo: “El aborto es como acudir a un sicario para resolver un problema. No se puede”.

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