Un fiscal pidió desestimar la denuncia del Gobierno contra dos periodistas de TN por supuesto espionaje
El fiscal Gerardo Pollicita desestimó la denuncia del Gobierno contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno por realizar filmaciones dentro de la Casa Rosada con “lentes inteligentes”, un dispositivo con forma de anteojos que permite grabar.
La denuncia había sido promovida por la Casa Militar, con el argumento de que los periodistas habían puesto en riesgo la seguridad nacional al filmar, de forma subrepticia, el interior de casa de gobierno.
Luego de analizar el material, el fiscal Pollicita entendió que en el episodio no se configuró ningún delito penal y le pidió al juez de la causa, Ariel Lijo, que deberá decidir sobre el caso, que lo archive.
“Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos, ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional”, dice el dictamen del fiscal, que sigue: “todo lo cual permite descartar la relevancia jurídico-penal de los sucesos bajo análisis”.
Pollicita destacó que existen distintas fuentes públicas, como Google Maps, que exhiben imágenes parecidas a las que se obtuvieron en las grabaciones cuestionadas. “El periodista Salerno, a lo largo de la grabación obtenida mediante lentes inteligentes, captó imágenes similares a las ya dadas a conocer al público en general”, dijo el fiscal, relativizando el episodio.
“La actividad efectivamente realizada no se condice con la referida en la denuncia, en tanto no se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos”, agregó.
Luego del episodio, y en medio de una fuerte escalada de ataques del presidente Javier Milei contra la prensa, el Gobierno impidió el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, una decisión que despertó duras críticas de entidades periodísticas, cámaras empresariales y del arco político opositor.
La decisión fue presentada oficialmente como una medida preventiva por razones de seguridad, mientras se revisaba el sistema de acreditaciones. Se justificó a partir de la denuncia y en la necesidad de profundizar una investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa.
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