Javier Milei y sus medidas, en vivo: la marcha por el financiamiento universitario y la causa Adorni
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El Gobierno avanza con su plan de privatización de gran parte de las rutas argentinas. Dio un paso más en su objetivo al concretar la apertura de sobres para licitación de más de 2500 kilómetros de corredores nacionales.
Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de la red social X. Allí, escribió: “Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada”.
El ministro agregó detalles sobre lo que implica esta licitación. “Abarca más de 2500 kilómetros de rutas nacionales en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis, en donde se mejorarán la conectividad y seguridad en vías fundamentales para la logística, el turismo y el comercio”, indicó.
Si existe un protagonista en la Argentina ese es Vaca Muerta en todas sus aristas. Es hoy el activo más estratégico del país. Con reservas no convencionales entre las más grandes del mundo, pasó de promesa a motor concreto de empleo y actividad. Pero este avance no se traduce solo en energía, sino que también empuja la demanda de infraestructura, servicios y, sobre todo, metros cuadrados.
En ese escenario, Añelo, la localidad que sirve de base a los yacimientos de Vaca Muerta, vive una expansión acelerada: más de 10.000 habitantes permanentes, otros tantos temporarios y entre 25.000 y 35.000 trabajadores que entran y salen a diario. Es más, la proyección es que podría alcanzar los 50.000 habitantes hacia 2032.
La inflación en la ciudad de Buenos Aires se desaceleró en abril. Luego del pico del 3% en marzo, el alza del costo de vida el mes pasado fue del 2,5%, por ajustes en rubros sensibles como el boleto del colectivo, los combustibles, las expensas, las tarifas de agua o los alimentos.
Ese encarecimiento de consumos básicos y en muchos casos indispensables, que incluyó subas por encima del promedio (tarifas, comunicaciones, equipamiento del hogar, entre otros), tuvo un efecto directo sobre los umbrales estadísticos que definen el escenario para que una familia tipo de cuatro integrantes que vive en Capital Federal integre formalmente de “clase media”.
Es una vara formal que se actualiza mensualmente y que desde 2025 se ubica por encima de los $2 millones de ingresos al mes.
Martín Migueles, un exsocio del financista Elías Piccirillo, investigado por supuestos negocios con el dólar blue durante el gobierno del Frente de Todos, negó por escrito ante la Justicia haber participado de esa operatoria.
“No operé en el mercado paralelo ni tengo relojes de lujo”, contó Migueles, que presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo, con la asistencia de su abogado, Yamil Castro Bianchi.
El Gobierno envió al Senado los pliegos de 45 nuevos jueces y fiscales nacionales y federales, muchos de ellos del interior del país, con los que busca que la oposición dialoguista los apoye con sus votos para respaldar a los postulantes de las provincias.
En el paquete resaltan los nombres de jueces federales para la provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, San Justo y Mar del Plata); Santa Fe, Salta, Tucumán, Chubut (Comodoro Rivadavia); Catamarca, Misiones, Chaco, Corrientes (Paso de los Libres y en la ciudad capital), Mendoza y San Juan.
Del total de 45 pliegos, 16 candidatos corresponden a jurisdicciones del interior del país y de la provincia de Buenos Aires, y 29 candidatos de tribunales, juzgados, fiscalías o defensorías federales y nacionales, con asiento en la ciudad de Buenos Aires.
Entre los pliegos más salientes de los jueces candidateados está Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez federal Ariel Lijo durante 10 años, actual director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).
La comunidad universitaria vuelve a reclamar por su presupuesto. El eje de esta cuarta marcha apunta a que la administración de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios y encomienda al Poder Ejecutivo a actualizarlos de manera mensual por inflación.
El Gobierno, por su parte, ya dejó en claro que está dispuesto a llevar su postura hasta la última instancia para evitar cumplir la norma sancionada y sostenida el año pasado por el Congreso. En ese camino, recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario que fue aceptado. La medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras un planteo de los rectores de las universidades, quedó entonces suspendida hasta que se expida el máximo tribunal.
Mienten sin vergüenza @AleCiroAlvarez Mientras inventan datos, bajaron el presupuesto universitario a la mitad en dos años, el 80% de los profesores cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza y no mandan los fondos para que funcionen los hospitales.Mañana vamos a ser… https://t.co/SUufIen0qw
Alejandro Catterberg afirmó que desplazar a Manuel Adorni del Gobierno podría no resolver la crisis política que atraviesa el oficialismo y señaló que esa decisión incluso podría derivar en nuevos problemas para la administración de Javier Milei. El analista político hizo esa evaluación de la actualidad política en la Argentina durante una entrevista en Odisea Argentina, en LN+.
La líder y fundadora de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, analizó la coyuntura nacional y se refirió a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de supuesto enriquecimiento ilícito. “La concepción que Milei tiene del poder es que vos podés obtener dinero legítimo de cualquier forma y por cualquier medio, aunque no sea de un modo legal”, manifestó “Lilita”.
“Durante el kirchnerismo, cuando a mí me acusaron por enriquecimiento, luego de vender un departamento, yo presenté toda la información de una operación que fue en blanco”, relató Carrió, y agregó: “Como funcionario tenés la obligación de vindicarte, es decir, demostrarle a la sociedad que lo que están diciendo es falso”.
En la antesala de la nueva Marcha Federal Universitaria, prevista para este martes a las 17 con la Plaza de Mayo como epicentro, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, rompieron el silencio. En dupla con su jefa directa, el funcionario definió a la convocatoria como “completamente política”.
En un diálogo llevado adelante en la sede de la calle Pellegrini de Capital Humano, ambos hablaron con un grupo de medios para dar su visión de la nueva marcha, rebatir acusaciones del sector universitario y apuntar contra los datos con los que se manejan para tomar decisiones. Ambos funcionarios resaltaron además, que siempre están “abiertos al diálogo” con todas las autoridades y representantes del área.
La pregunta clave del día es esta: si el mismo nivel de desgobierno que el oficialismo mileísta exhibe en el caso Adorni se llevará puesto también el vínculo con la universidad pública argentina y el contrato ciudadano que la sostiene. No es una pregunta menor.
Del caso Adorni acaba de brotar el primer acto de rebeldía a la autoridad presidencial de un hiperpresidencialismo a la enésima potencia como el de Javier Milei: una grieta que sale de las mismas entrañas del Poder Ejecutivo y expone una debilidad hasta ahora inédita en la capacidad del dúo Milei-Karina Milei para disciplinar a sus jugadores más fuertes.
La calle fue el escenario que puso en dimensión el descontento social: aquel 23 de abril de 2024, a poco más de cuatro meses de haber asumido el actual gobierno, unas 430.000 personas participaron de la primera marcha federal universitaria. Muchos interpretaron que esa multitud no solo salió a manifestar su disconformidad por los recortes en Educación, sino también para ratificar la idea de la universidad pública como ese puente fantástico que transforma al hijo de cualquier vecino en un profesional. El concepto está imbricado en la propia identidad nacional, en la idea de ascenso social. Concepto que, desde hace algún tiempo, también entró en crisis.
En aquella oportunidad, lo masivo de la marcha obligó al gobierno nacional, a pesar de sostener su discurso de intransigencia, a sentarse y negociar partidas. La gran pregunta que se hacen por estas horas tanto en el Gobierno como en el ecosistema universitario es si la movilización convocada para este martes, la cuarta de este tipo, tendrá el impacto de aquella primera o si, por el contrario, se disolverá en medio de otros reclamos sociales que agitan las aguas por estos días.
En el Gobierno pocos alzan la voz y hay tensión. Quedó en evidencia el viernes pasado, cuando en la última reunión de gabinete Patricia Bullrich intervino en soledad para debatir sobre la situación patrimonial de Manuel Adorni, un asunto que atraviesa a todo el equipo de ministros.
Pasaron ya más de dos meses desde aquella foto que desató la crisis, en la tumba del rebe de Lubavitch de Nueva York, de Adorni junto a su esposa Bettina Angeletti. Sin justificar aún su patrimonio y con derivaciones judiciales casi a diario, el destino político del jefe de Gabinete sigue siendo tema de acalorada discusión entre los más altos dirigentes de la gestión de Javier Milei. Preocupa en el Gobierno la caída en la imagen del Presidente y su posible impacto en el año electoral. Reconocen en el oficialismo una caída de entre “siete y ocho puntos”. Así y todo, el Presidente fue categórico: “No voy a ejecutar a un inocente por más que cueste perder las elecciones”.
Mediante una decisión administrativa, la gestión de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades. El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del presupuesto.
Los principales cambios incluyen ajustes por deudas previsionales y el plan de retiro de la Anses, pero también la poda se da en el presupuesto educativo en la previa a la marcha federal universitaria, cuyo epicentro será mañana, en la Plaza de Mayo.
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