Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores

Argentina tiene una posición privilegiada y una responsabilidad histórica en la construcción de este nuevo marco internacional. Con alrededor del 16,2 % de su población mayor de 60 años —aproximadamente 7,4 millones de personas según el último Censo Nacional—, una sólida tradición en derechos humanos y la experiencia de haber impulsado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el país está llamado a liderar activamente el proceso de redacción.

Tras dos décadas de debate y 14 años de reuniones preparatorias en ONU Nueva York, Argentina presidió el Grupo de Trabajo que finalmente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por consenso el 3 de abril de 2025, la resolución A/HRC/58/L.24, que iniciará del 13 al 17 de julio de este año formalmente —con los aportes de los Estados— la redacción de una Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores, un instrumento jurídicamente vinculante que busca garantizar la protección y el reconocimiento igualitario de los derechos humanos de este colectivo a escala global.

Lamentablemente, el marco legal internacional actual en materia de derechos humanos no es lo suficientemente específico ni coherente respecto a las cuestiones que afectan a las personas mayores en los mecanismos existentes, ni destacan específicamente las obligaciones de los Estados hacia las personas mayores. Esta nueva Convención viene a llenar ese vacío. Proporcionará mayor claridad y orientación sobre cómo promover y proteger los derechos de las personas mayores, y ayudará a erradicar el edadismo y la discriminación por razón de edad, asegurando que las personas mayores puedan acceder a la justicia y reparación por la vulneración de sus derechos.

La decisión se inscribe en un contexto demográfico ineludible. Las proyecciones del INDEC indican que hacia 2040 la proporción de personas mayores de 60 años alcanzará cerca del 20-21 %, con un crecimiento sostenido de adultos mayores de 65 años que pasará del 12 % actual al 16,4 %. A nivel global, se espera que el número de personas mayores de 60 años supere los 2.000 millones para 2050, con un crecimiento especialmente acelerado en el Sur Global.

Reducir a las personas mayores a destinatarias pasivas de políticas sociales es un error conceptual y estratégico. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define a la economía plateada como aquella parte de la economía vinculada al cambio demográfico producido por el envejecimiento de la población, con foco en las necesidades y demandas de los adultos mayores de 60 años. Se trata de un sector transversal que abarca salud, tecnología adaptada, turismo, servicios financieros, vivienda accesible y cuidados, entre otros. La economía plateada ya representa el 40 % del consumo global y se proyecta que alcance el 50 % para 2050. La generación silver será responsable de cerca del 48 % del crecimiento global del consumo en 2025, según el informe Silver Economy Industry Market Consumption. En Argentina las personas mayores de 50 años ya representan el 35,5 % de la población total, lo que convierte a este segmento en un pilar esencial del desarrollo económico y social del país. Las personas mayores no son una carga para los sistemas de bienestar: son consumidores activos, trabajadores con experiencia, cuidadores familiares y voluntarios comunitarios cuya contribución al tejido social raramente se contabiliza en su real dimensión. Garantizar sus derechos no es solo una obligación ética —es también una condición para aprovechar plenamente el potencial productivo y social de una sociedad que envejece.

La convocatoria a elaborar una Convención internacionalmente vinculante dirigida a los derechos humanos de los adultos mayores puede ser una contribución significativa al desarrollo, ya sea en lo social, en lo económico o en lo sostenible, tal como fuera reconocido por varias resoluciones de la Asamblea General y por la misma Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, para asegurar que las personas mayores contribuyan efectivamente al desarrollo de sus sociedades, ciertas garantías deben ser provistas. En tal sentido, el efectivo ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores es un requisito imprescindible para asegurar su efectivo aporte al desarrollo social.

Argentina no llega a este proceso como un actor más. El grupo promotor de la resolución está formado por cinco países: Argentina, Brasil, Eslovenia, Gambia y Filipinas. Esta posición de liderazgo no es casual: en 2015, la diplomacia argentina impulsó activamente la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el primer instrumento jurídico vinculante específico en la materia a escala regional. Esa experiencia constituye un capital político y técnico invaluable para las negociaciones que vienen.

Desde una perspectiva demográfica, el envejecimiento no es solo una realidad global: es un desafío estructural propio. Según el INDEC, este envejecimiento incrementará la demanda de atención médica, cuidados domiciliarios y servicios sociales especializados, al tiempo que exige repensar el rol del Estado y las políticas públicas de largo plazo. Comparada con otros países de la región, Argentina se encuentra entre los más envejecidos de América Latina, junto con Uruguay, Chile y Cuba. Participar activamente en la redacción de la Convención es, entonces, también una forma de modelar estándares acordes a las realidades latinoamericanas.

La implementación futura de la Convención puede servir para fortalecer la rendición de cuentas de los Estados ante organismos internacionales, establecer estándares claros y universales sobre cómo proteger los derechos, y dar herramientas a la sociedad civil para evaluar políticas públicas orientadas, precisamente, a combatir y exigir su cumplimiento. En un mundo que envejece aceleradamente, el desafío no es solo demográfico o sanitario: es cultural, social y ético.

Argentina tiene la trayectoria, los instrumentos y la posición institucional para que esa visión no sea solo una aspiración, sino un compromiso concreto ante la comunidad internacional. Donde el envejecimiento no sea sinónimo de exclusión, sino de derechos, participación y dignidad.

*Por Gabriela Agosto, Decana de Sociales de la Universidad del Salvador y el profesor Roberto García Moritan