Privatización de rutas: aparecieron pesos pesado de la obra pública y un conflicto por una firma excluida

"Se terminó la patria contratista donde subían los peajes y las rutas se caían a pedazos". Hace un año, Manuel Adorni anunció así la privatización de la empresa Corredores Viales. Desde entonces, el Gobierno mantuvo el fuerte ajuste del gasto en obra pública y avanzó en un esquema para privatizar las rutas, del que este lunes se conoció un nuevo capítulo con la apertura de sobres para licitar 2.500 kilómetros.

Se trata de las rutas nacionales 7 y 35 (Buenos Aires hasta Córdoba y San Luis, y trayectos dentro de Córdoba); 8, 36, 193 y A-0059 (Buenos Aires hasta Córdoba y San Luis); 9, 33 y A-008 (Buenos Aires hasta Santa Fe); y 188 (Buenos Aires hasta La Pampa). Para los cuatro tramos, hubo 41 ofertas de 17 competidores, entre los cuales aparecieron pesos pesado y empresas vinculadas a la causa Cuadernos.

IMPORTANTE!👇Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante Inversión 100% privada. Abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis, en…

Las ofertas se presentaban en dos sobres: el primero contiene los aspectos y documentos relativos a la calidad de los oferentes. Y el segundo abarca documentos relativos a la oferta económica, que será la tarifa de peaje que propone cobrar, aunque no es obligatorio hacerlo todavía. La comisión evaluadora debe analizar los sobres técnicos y el próximo paso será la apertura de las ofertas.

La medida fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo. "Seguimos avanzando con un esquema sin subsidios, que reemplaza gasto público por inversión privada", dijo el funcionario en su cuenta de X.

El funcionario aseguró semanas atrás que la licitación de 9.000 kilómetros en 2026 -incluyendo los que se conocieron hoy-, va a darle "impulso" a la economía. También apuesta a reactivar el empleo en la construcción, donde se perdieron 120.000 puestos, según la cámara del sector. Por otra parte, son varias las rutas, como la 33, que están en estado crítico por el recorte del gasto en la obra pública.

Según la web de Contrat.Ar, por donde se realizó la licitación de la Etapa II - B de la Red Federal de Concesiones, uno de los oferentes es Autovía Construcciones y Servicios (ACS), vinculada al grupo de la familia Cartellone, uno de los históricos conglomerados de infraestructura del país.

El holding fundado por José Cartellone fue uno de los principales contratistas de obra pública durante décadas. Tuvo participación en concesiones viales y los proyectos públicos privados (PPP) durante el gobierno de Mauricio Macri. Con Milei, volvió a posicionarse.

Otro de los pesos pesados que ofertaron son los Roggio y José J. Chediack, perteneciente a la familia homónima, cuyo dueño lideró una de las constructoras más influyentes de la Cámara de la Construcción. La sociedad con Roggio, dueño del subte de la Ciudad, suma a uno de los grupos de infraestructura más grande del país.

Panedile pertenece a Hugo Dragonetti y es otra de las constructoras históricas en el listado. Con negocios en proyectos hidroeléctricos, viales y de saneamiento, el grupo tiene un estrecho vínculo con la obra pública, especialmente en San Juan, donde su empresa ejecutó proyectos emblemáticos como grandes diques y rutas. También participó de las PPP.

Rovella Carranza también compite por un lugar. La constructoras de la familia Rovella se dedica a la infraestructura vial, participó de los PPP de Macri y opera rutas en San Luis bajo modelos de peaje provinciales.

Entre los ofertantes, se encuentra CPC, la constructora del Grupo Indalo que comanda el empresario Cristóbal López, con fuerte expansión durante los gobiernos kirchneristas y en obras viales, energéticas y civiles.

Lideradas por familias de peso en sus provincias, aparece Vial Agro S.A., de los Quantín en Tres Arroyos; Luciano S.A., con base en San Nicolás, liderada por Juan José Luciano; Rovial S.A., con presencia en el litoral y los corredores cerealeros que conectan con Rosario; y el consorcio Bassa-Cecosa, ligado a la ingeniería, minería y petróleo. También compulsa CN Sapag, de la familia Sapag de Neuquén; y CEOSA, del empresario Fernando Porretta, con sede en Mendoza.

Como parte de los nuevos jugadores, se anotó la unión entre Creditech (del grupo Corven, de la familia Iraola) y Plantel (vinculada al titular de la Cámara de la Construcción de Mar del Plata, Juan Carlos Zamora); IEB Construcciones, del grupo financiero homónimo fundado por Juan Ignacio Abuchdid, quien junto a otros socios compró Dycasa en 2024; y Concret Nor, una firma de Sebastián Galluzzo, que hizo parte de la infraestructura para las papeleras de Uruguay.

Asimismo, presentaron ofertas Paolini Hnos., una empresa fundada en Lobos, e INMAC, una empresa especializada en saneamiento e ingeniería hidráulica que participó de la renovación del autódromo Gálvez en Buenos Aires junto a SE.MI.SA.

En tanto, AUBASA, la operadora de autopistas del gobierno bonaerense, anunció que presentará una impugnación por la "exclusión arbitraria" de la licitación. La empresa a cargo de la gestión de Axel Kicillof denunció en un comunicado "graves irregularidades e inconsistencias jurídicas y técnicas" en el dictamen de precalificación que recomienda la desestimación de su oferta.

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