Antes de la marcha, el Gobierno dice que la ley de financiamiento universitario no está vigente y vuelve a recortar los fondos del sector

Un día antes de la Cuarta Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo en reclamo por el cumplimento de la ley de financiamiento y mayores recursos para el sector, el Gobierno salió a confrontar con datos y "batalla cultural" a los rectores que impulsan la protesta: asegura que la normativa "está derogada de hecho" por la aprobación del Presupuesto y por una medida judicial. Y si bien catalogó como "genuina" la demanda por mejores sueldos para los trabajadores, aseguró que la convocatoria de este martes "está fuertemente influenciada por la política".

En paralelo, a través de una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo amplificó el recorte presupuestario a las universidades nacionales: les aplicó una poda de $ 5.303 millones en el monto de las transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, decisión que afecta la ejecución de obras en por lo menos una docena de casas de altos estudios.

A través de una rueda de prensa que la ministra Sandra Pettovello (Capital Humano) y el subsecretario de Asuntos Universitarios, Alejandro Alvarez, ofrecieron este lunes en la sede ministerial, en Carlos Pellegrini al 1200, el oficialismo buscó contrarrestar el efecto político que podría tener una marcha que se presume masiva, tal como ocurrió en 2024, y en momentos en que atraviesa una crisis política por las desventuras judiciales de Manuel Adorni.

Los funcionarios expusieron datos con los que pretenden desmentir la acusación opositora de que el Gobierno intenta "destruir la universidad pública" y reiteraron la necesidad de fijar "parámetros objetivos" para la asignación de fondos para las casas de altos estudios.

Justamente está en construcción un micrositio de datos con el que Asuntos Universitarios prevé centralizar información pública sobre presupuesto, cantidad de alumnos, tasas de egreso y costos por graduado. En relación a este último ítem, se elaboró un ranking de costo por egresado que lo encabeza la Universidad de las Artes con $423 millones por cada alumno seguida de cerca por la puntana de Comechingones que, según la cartera, "tiene más docentes que alumnos".

Al respecto, Pettovello intentó rechazar el slogan opositor de que la actual administración tenga "animosidad política" contra las universidades y afirmó que desde su ministerio pretenden "que la gente sepa en qué se gastan" los recursos para su funcionamiento. Cuestionó a los dirigentes universitarios que debaten por "cuestiones politicas e ideológicas" en lugar de aportar "para un servicio que esté a favor de la gente que quiere estudiar y cambiar el pais. Venimos a cambiar las cosas y por eso pedimos debatir sin que se piense que estamos en contra de algo".

Justamente Alvarez blanqueó el proyecto oficial para modificar la Ley de Educación Superior, en especial el articulado referido al presupuesto del sector, que posibilite al Ejecutivo evitar un uso discrecional de los recursos. Hoy las principales peleas con los directivos de las casas de altos estudios está atada no sólo a la ley de financiamiento sino a la asignación de fondos para salud o gastos de funcionamiento. "Les pedimos (a los rectores) que nos rindan en qué se gasta pero hoy deben informes tecnicos desde mediados del 2024", remarcó Alvarez.

El Gobierno salió a confrontar fuerte a la UBA por supuestamente pretender acaparar una mayoría de los fondos destinados a los hospitales universitarios. Si bien Asuntos Universitarios indicó que la casa altos de estudios recibe unos $23 mil millones de forma automática en la categoría denominada "función salud", habría intentado quedarse con casi el 90% de una línea llamada "Hospitales Universitarios" que tiene asignados más de $79 mil millones y en el pasado se distribuía en "forma discrecional".

Para intentar zanjar esta discusión, el oficialismo desafía a la UBA y ha convocado a los rectores del resto de las universidades que cuentan con hospitales-escuela a participar de una comisión para fijar parámetros para el reparto de esta torta. "Divide y reinaras", dice un viejo apotegma. Pero en la "Casa Patria Libertad" aseguran que existe una gran asimetría en la asignación de fondos y que incluso en Chaco se pide ponderar la asistencia a uno de los conurbanos más pobres del país por sobre la densidad poblacional que tiene el AMBA.

Otro de los temas que genera mayor enfrentamiento con la oposición es la decisión del Ejecutivo de desconocer la ley de financiamiento universitario que fue refrendada en 2025 por el Congreso dejando atrás el veto de Javier Milei. "Fue derogada al aprobarse el Presupuesto (2026) porque fue votada previamente y no se puede hacer asignaciones por afuera de la ley de leyes", indicó Alvarez al tiempo que agregó que "el amparo que obtuvieron (los rectores) fue por los artículos 5 y 6, de Becas y Salarios, pero apelamos a la Cámara y concedió los efectos suspensivos a la espera de un recurso que presentamos a la Corte".

Al ser consultado si la movilización de este martes está motivada por un reclamo genuino, Alvarez dijo que "el pedido por mejores salarios es genuino pero vemos que las características de la marcha, al ver su convocatoria, está fuertemente influida por la política. No me saqué una foto yo con Kicillof o la CGT".

En el oficialismo sostienen, además, que la norma era impracticable porque no podía ser financiada por el Estado al prever un gasto de $1,2 billones para aumentos salariales. Por el contrario, el Gobierno no cuenta con los apoyos legislativos necesarios para debatir la ley que LLA propone para recomponer los ingresos de las universidades, con un 12% de ajuste salarial. "No apoyan la UCR y un sector de Provincias Unidas", se resignó Alvarez.

Sin embargo, en el Ejecutivo apuestan a retomar el diálogo con los rectores tras la protesta de este martes y dar pasos firmes para la creación del citado comité para distribuir los recursos extras para los hospitales universitarios, como el Clínicas que atiende a miles de personas en la Ciudad.

En la "Casa Patria Libertad" no se privaron de cuestionar a los rectores por no acompañar la iniciativa de Nación que les permitiría arancelar la educación a los extranjeros. Según sus estadísticas, en la carrera de Medicina de la UNLP, el promedio de estudiantes extranjeros asciende al 51% y en la de la UBA, al 39%.

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