Se complica el frente judicial de Adorni y la primera indagatoria podría ser por los viajes al exterior
La situación procesal de Manuel Adorni es compleja. Y se ahondará en ese sentido. El Gobierno, al igual que el propio funcionario, aluden, en sus mínimas defensas públicas, solo a una de las causas judiciales por posible corrupción que se tramitan en contra del jefe de Gabinete. Es la que busca determinar si cometió el delito de enriquecimiento ilícito. La Casa Rosada busca desacreditar esa pesquisa porque es la que más novedades de impacto genera, y para colmo con testigos y detalles que, al menos hasta ahora, se viralizaron por las redes y los medios por características disímiles pero llamativas.
Sin embargo, el expediente que más compromete en lo jurídico al jefe de Gabinete, por lo menos en el corto plazo, es otro. El juez Ariel Lijo lidera la instrucción junto al fiscal Gerardo Pollicita que debe determinar si el funcionario cometió delitos cuando viajó durante el último carnaval a Punta del Este en un jet privado. ¿Quién pagó ese viaje y por qué?
Los Adorni fueron a Uruguay con otro muy posible imputado en la investigación, el empresario y proveedor del Estado Marcelo Grandio. El jefe de Gabinete aseguró en una entrevista con Luis Majul que él y solo él había abonado los pasajes para rentar el avión de lujo con el que cruzó a Punta del Este. Hasta juró que tenía papeles para documentar esa versión. Pero nunca aparecieron. Por el contrario, la Justicia recolectó pruebas fehacientes que indican que tanto el alquiler del jet a la ida hacia el Este, como el de la vuelta a Buenos Aires, fueron abonados con facturas que la compañía que comercializa los vuelos emitió a nombre de la productora ImHouse y del propio Marcelo Grandio, amigo de Adorni desde antes de que llegara al poder.
Ya en ese entonces conducían en conjunto un programa en el cable en el que realizaban entrevistas a dúo. Cuando Adorni asumió como secretario de Comunicación y Medios, a cargo de la Televisión Pública, entre otros ejemplos, Grandio firmó cinco contratos con esa emisora estatal para que difunda cinco programas producidos por ImHouse, uno de ellos vía streaming. Fuentes de tribunales inobjetables, al tanto de ese proceso, le adelantaron a Clarín que Adorni sería citado a declarar en indagatoria en el corto plazo. Lo mismo pasaría con Grandio. El delito que se les imputaría es el de "negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública".
El llamado a indagatoria de un jefe de Gabinete en funciones sería un acontecimiento único. Lijo fue el mismo juez que indagó a Amado Boudou cuando era vicepresidente. Si Adorni está en el eje de la polémica en la intimidad de un Gabinete partido por esta situación; mientras que su falta de respuestas por la información que se devela sobre un nivel de vida que choca con lo registrado en su declaración jurada de bienes, la entrada del funcionario yendo a Comodoro Py a declarar como imputado profundizaría la crisis política que se desató por la defensa incólume de Milei a su funcionario bajo sospecha.
Las fuentes judiciales aseguraron que solo resta conocer los resultados de una pericia sobre el entrecruzamiento de llamados entre Adorni y Grandio, anteriores y posteriores al vuelo en jet a Punta del Este, para formalizar solo un paso procesal más en el caso, al menos por cómo avanza la investigación hasta anoche. Es inevitable que pronto Adorni sea convocado por Lijo para escucharlo dar explicaciones de esta trama pero en calidad de imputado. Es la instancia que tiene cualquier ciudadano para defenderse en la Justicia ante una denuncia o frente a una instrucción voluminosa. La llegada del Jefe de Gabinete a los tribunales federales para dar explicaciones sobre posibles actos de corrupción es una imagen lacerante para cualquier Gobierno.
Como se dijo, el llamado a indagatoria de Adorni no se formalizará en lo inmediato pero es un paso que sí o sí deberá sortear el funcionario: en la Justicia insisten que primero tendrá que explicar, si es que puede, por qué Grandio pagó sus viajes en jet. La convocatoria a declarar como imputado, es decir, con derecho a mentir para defenderse, es un hecho. ¿Cuándo ocurrirá? El caso ya estaría a punto de culminar.
La pesadilla para la Casa Rosada gira hoy alrededor de la defensa de la figura de Adorni, la cual es irrestricta. Existen grietas y discrepancias distintas sobre qué debe hacer el Gobierno con el funcionario. El viernes, en reunión de Gabinete, Milei, a los gritos, se enojó con su propio equipo de trabajo. Patricia Bullrich fue la primera dirigente de peso del oficialismo que se animó a plantear en público lo que en privado repiten buena parte de ellos: si Adorni no explica cómo gastó el dinero que los testigos y la Justicia afirman que gastó, en dólares y en efectivo, sumado a la millonada en pesos con la que se endeudó, y todo esto como mínimo, la crisis solo se acrecentará.
El Gobierno calla sobre el tema, pero Clarín está en condiciones de afirmar, siempre basándose en fuentes calificadas, que al menos la cúpula del Poder Ejecutivo supo por vías informales del Poder Judicial el contenido escandaloso que engordó el expediente por enriquecimiento ilícito, el que más impacta dentro y fuera de los palacios del poder. Los investigadores no consideran relevante que en su próxima declaración de bienes como funcionario Adorni presente pruebas irrefutables del crecimiento de su patrimonio.
La Justicia analiza desde hace semanas las cuentas bancarias y los registros ante ARCA sin restricciones de secreto tanto del jefe de Gabinete como de su esposa, Bettina Angeletti. En esa causa hay mucha más información de la que trascendió a los medios. Como adelantó Clarín, Adorni recibió siendo funcionario público transferencias de criptomonedas. La Justicia lo comprobó. Habría recibido, como mínimo, varias decenas de miles de dólares. Y aun faltan respuestas oficiales a la fiscalía de Pollicita de empresas que pueden agregar más información sobre dinero que llegó en criptos a Adorni. ¿La plataforma Binance tal vez?
El fiscal Pollicita sigue también sumando documentación oficial sobre viajes al exterior y dentro del país que realizó la familia del jefe de Gabinete. Una de las últimas noticias al respecto está vinculada a esos traslados que, de acuerdo a las fuentes que conocen el caso, se abonaron siempre en dólares y cash. Y son varios, más de los que se conocen. Entre noviembre y diciembre del 2024, por ejemplo, habría viajado con su familia al Bolacua Hotel de Campo y Spa, en Gualeguaychú, Entre Ríos, un All Inclusive con precios internacionales. En la Justicia cayeron mal algunas de las últimas declaraciones de Adorni sobre las pesquisas en su contra. En su presentación en el Congreso, por caso, dijo que esas investigaciones "no tienen gollete". Por supuesto, quienes llevan adelante esos procesos continuarán haciéndolo con la imparcialidad que deben tener ante cada ciudadano bajo sospecha de cometer delitos.
Desde el poder, sin embargo, se intentó desacreditar al último testigo que contó, bajo juramento de decir la verdad, todo el dinero que los Adorni invirtieron en la demolición y remodelación total de la casa en el country Indio Cua que adquirió la esposa del funcionario en el 2024. Esa propiedad no se incluyó en la DDJJ que Adorni presentó respecto a la evolución de su patrimonio equivalente a ese momento. Se habría rectificado. Tampoco nunca especificó en el documento público sobre sus bienes la plata que habría recibido en criptomonedas o si se deshizo de ella.
El contratista que le hizo a nuevo su casa en Indio Cua, Matías Tabar, contó que Adorni gastó 245 mil dólares en remodelar ese inmueble. Todo cash. Desde usinas del oficialismo, con apoyo estatal, se intentó desacreditar al testigo. El propio Presidente lo hizo cuando lo identificó como "militante K". Lo cierto es que Tabar avaló sus dichos con material probatorio al respecto. Y es probable que haya más novedades en ese sentido: facturas, remitos de compras de materiales. La casa del country fue demolida y se hizo casi de nuevo entera. Se le construyó, además de toda la pileta con cascada, una terraza que no existía, por lo que hubo decenas de obreros para terminar los trabajos, que duraron casi un año. Tabar cobró honorarios (20 mil dólares él y su socio), y después, por orden de Adorni, adquirió materiales y hasta un carpintero amigo le hizo 35 muebles a medida. Todo cash.
El testigo Tabar le entregó su celular a la fiscalía de Pollicita para que extraiga de él chats y audios con Adorni que pueden ser de gran interés para el caso. Si eso pasó, es porque ese teléfono podría guardar comunicaciones comprometedoras para el funcionario. Lógica. Ciencia de la deducción.
¿Será? Todas las fuentes coinciden en que hay más información de la que trascendió en las causas que investigan a Adorni. Solo resta que pase el tiempo. Poco tiempo.
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