Ricardo Lorenzetti: "La decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no otros afecta la legitimidad"
En la histórica oficina que perteneció a Carlos Fayt en el Palacio de Justicia y que da sobre la calle Talcahuano, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti advirtió que la decisión del Consejo de la Magistratura de realizar concursos para algunos cargos de jueces que fueron trasladados de un tribunal a otro y no para otros “termina afectando la legitimidad y genera planteos recursivos”.
Puso como ejemplo el caso del juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques, que llegó a ese puesto por un traslado y ahora el Gobierno impulsa que el Senado le otorgue una prórroga de cinco años a partir de que cumpla 75 años. Y lo contrastó con el caso del juez de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia, cuyo cargo sí se concursó y, como fue trasladado, debería volver a su tribunal original. Mientras tanto, el Gobierno no le otorgó a otro juez de la Cámara Federal, Martín Irurzun, una prórroga de cinco años, como sí se la concede al padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
En una entrevista con Clarín, en la oficina en la que conserva recuerdos de la fallecida jueza Carmen Argibay, Lorenzetti pidió una rápida aprobación de un nuevo reglamento para la selección de jueces, para terminar con los “operadores y padrinos” que influyen sobre el Consejo de la Magistratura para que algunos candidatos salteen el orden de mérito de los concursos.
—Doctor, el 25 de marzo la Corte envió al Consejo de la Magistratura un proyecto de reglamento para la selección de jueces. Estamos en mayo. ¿Le preocupa este retraso?
—Primero le doy el contexto. En todo el mundo se habla mucho de los riesgos que enfrentan las democracias. Hay un libro que se llama "Cómo las Democracias Mueren" de Daniel Ziblatt y Steven Levitsky, dos profesores de Harvard, y habla de este fenómeno. Las democracias ahora no mueren por golpes de Estado, sino por el debilitamiento interno. Empiezan a debilitarse las instituciones, la división de poderes y la libertad de prensa, y eso da lugar al autoritarismo. Escribí el libro "El liderazgo del caos" sobre eso y me parece muy importante. En ese marco, la independencia de los poderes judiciales es fundamental, no porque nos interese a los jueces, sino porque es algo que le debe interesar a cada uno de los argentinos. Cuando uno ve aquí, en la calle, personas diciendo “Quiero justicia”, eso significa que quiere un juez o una jueza imparcial, bien designado. Entonces, un tema muy importante para la independencia del Poder Judicial es cómo se designan los jueces. Nosotros lo hemos trabajado mucho con el doctor Carlos Rosenkrantz: en la Argentina hay que hacer un gran debate sobre la independencia de los poderes judiciales y sobre cómo se designan los jueces, porque no es como los otros poderes, en los cuales uno los elige y después termina el mandato a los cuatro o seis años. Cuando uno elige a un juez o una jueza, son muchísimos años. Yo hace 20 años que estoy aquí en la Corte. Un juez puede estar 20 o 30 años, de manera que es una decisión muy importante sobre personas que tienen mucha responsabilidad y que pueden decidir sobre la vida y el patrimonio de muchas personas. Entonces, es una decisión muy seria.
¿Pero qué está pasando? Nosotros empezamos a ver, ya hace unos años, que la idea del juez imparcial empezó a debilitarse, porque se empieza a elegir a los jueces en función de determinados criterios que tienen que ver no con la política en el sentido de los representantes políticos —diputados, senadores— sino por influencias externas u operadores. Entonces tenemos un debilitamiento en la idea de la imparcialidad porque cada juez que concursa necesita un “padrino”. Y esto se ha ido generalizando no solo en la Justicia federal y nacional, sino también en las provincias, porque vemos un tránsito cada vez más fluido en ese “puente” entre el poder político y el Poder Judicial.
—Es decir, ministros de un gobierno provincial que después pasan a ser parte del Tribunal Supremo de Justicia de la misma provincia.
—Exacto, sí. Tenemos varios casos. Y lamentablemente se va a generalizar como una costumbre. Por ejemplo, en Santa Fe, que nunca tuvo ese problema, hubo una fuerte presión sobre la Corte provincial y el gobernador designó seis de los siete miembros. ¡Seis de los siete! No es normal. Lo normal es respetar cierta periodicidad para que no haya un solo sector político que designe a los miembros de la Corte.
Ahora, a nivel nacional, nosotros empezamos a discutir este problema. Entonces, el doctor Rosenkrantz elaboró un proyecto, que es muy interesante; después yo colaboré con él. ¿Por qué lo presentamos? Porque en el Consejo de la Magistratura hace muchos años que hay proyectos similares, pero es una institución difícil y nunca los trataron. Entonces vemos que hay muchas quejas por el uso de la discrecionalidad. O sea, personas que concursan y entonces están en un lugar, pasan más arriba y después más abajo. Hay muchas quejas en todo el Poder Judicial; también hay quejas de la abogacía porque en las ternas normalmente no entran los abogados y porque demoran mucho tiempo.
—Hay un informe de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que dice que, de los 67 pliegos que mandó el Gobierno al Senado en una primera tanda, 12 saltaron el orden de mérito en casi diez posiciones. Esto reafirma lo que usted está diciendo sobre estos operadores…
—Nosotros hemos citado a todos los consejeros. Queremos dialogar, queremos convencerlos. Nos parece que es necesaria una transformación importante en términos de transparencia, disminución de la discrecionalidad, respeto de la carrera y respeto del mérito. También pasa con el rol de la mujer, porque hay pocas mujeres y es mucho más difícil en este sistema. Entonces, la propuesta es seria, porque es una propuesta integral, que tiene todos los elementos. Primero, un examen general; eso ya establece un nivel y después mejorar la idea de cómo se eligen los casos y los concursos, disminuyendo mucho la discrecionalidad.
—En ese informe de la ACIJ y de estos saltos en el orden de mérito, muchos se quejan por la entrevista personal. Dicen que tuvieron muy buenas notas en el examen escrito, muy buenos antecedentes, y que en la entrevista personal otros candidatos que estaban más abajo saltan el orden de mérito. ¿Cómo haría usted para disminuir la discrecionalidad en la entrevista personal?
—El proyecto que se presentó contempla todo eso. Primero hay un examen general; de ahí surge una selección y después un segundo examen con selección de casos. Se va acotando mucho. Y después, en la entrevista, nuestro proyecto limita muchísimo la discrecionalidad. Creo que hay consenso en el Consejo porque, en realidad, no hay nadie que esté defendiendo el funcionamiento actual. Tenemos que ser honestos y sinceros, decir: “Mire, esto no funciona, hay que cambiarlo”. Más allá de que no descendemos a discusiones menores o peleas, nosotros siempre tratamos de mirar para arriba. Este es un tema importante para la sociedad, para la democracia, para el Estado de derecho y para el Poder Judicial.
—Junto con el debate por este nuevo reglamento se reavivó la discusión por los traslados de jueces…
—Sí. Hay otros temas que se han planteado, como los traslados, porque esto viene de hace mucho tiempo. Durante años, como no se hacían concursos, se hacían traslados de jueces. Entonces, la Corte tuvo que dictar una sentencia declarando la inconstitucionalidad del reglamento de traslados. Luego vino otra etapa, donde se discutió qué dijo la Corte en el llamado fallo Fallo Bertuzzi de 2020: que siempre hay que hacer un concurso. El concurso implica todas las etapas por el Consejo y luego pasa al Congreso.
¿Qué ocurre? Que ahora solo se hacen algunos concursos por traslados y otros no. Entonces hay todo un debate que planteó el juez Leopoldo Bruglia. Lo digo porque me hicieron llegar su posición y él mismo la está difundiendo, en el sentido de que dice: “Bueno, ¿por qué se hace un concurso en algunos casos de jueces trasladados y en otros no?”. Y más aún: “Está el caso de un juez de la Cámara de Casación que fue trasladado y además le prorrogan cinco años más el pliego, que es el caso del doctor Carlos Mahiques”. Bruglia dice que esto es “contrario al fallo Bertuzzi”.
—El tema es que se aceleró el concurso para la Cámara Federal porteña, que es un lugar donde se define la mayoría de las causas de corrupción, donde Bruglia queda afuera y Bertuzzi entró en la terna. ¿Cuántos otros concursos con jueces trasladados no se han puesto en marcha?
—No sé exactamente. Esa es una cifra que debe conocer el Consejo. Pero lo que quiero significar es que Bruglia planteó que no solo no se concursan todos los traslados, sino que hay un juez que fue trasladado y que además se vuelve a trasladar, contrariamente al fallo de la Corte, y nada menos que el doctor Mahiques. Yo respeto mucho al doctor Mahiques. Pero digo: todo esto genera discusiones y termina afectando la legitimidad, además de generar planteos recursivos, porque las personas dicen: “Bueno, en mi caso se afecta mi derecho a la igualdad. ¿Por qué en este caso hacen esto y en este otro hacen algo distinto?”. Si somos todos iguales ante la ley. Entonces, empiezan la judicialización, el desprestigio y la idea de que en el Poder Judicial está todo turbulento. Entonces, nosotros decimos: “Mire, hay que terminar con esto, hay que hablar con claridad”. Tenemos que hacer algo serio en términos de prestigio institucional y reputación institucional, porque gran parte del respeto del Poder Judicial depende de la legitimidad de los jueces.
—El doctor Mahiques está por cumplir 75 años y tiene el pedido de cinco años más en el Senado, pero el doctor Martín Irurzun, de la Cámara Federal, que tuvo fallos históricos durante el gobierno de Carlos Menem, por ejemplo sobre el derecho a la verdad de los desaparecidos, no recibió la prórroga del Gobierno. ¿Le parece injusto que el Gobierno tenga dos criterios distintos en el caso de Mahiques comparado con el de Irurzun?
—Yo no puedo opinar sobre casos en particular porque puede haber litigios. Pero lo que nosotros queremos poner en el debate público es esto que está en discusión. En algunos casos se dice: “¿Por qué este traslado sí y este no? ¿Por qué esta renovación sí y esta no? ¿Por qué en esta audiencia alguien sube y el otro baja?”. Todo eso genera debate y pérdida de legitimidad. Entonces, la preocupación de la Corte en esto es seria. Pensemos en la institución, trabajemos para mejorar esto, más allá de los casos particulares en los que cada uno tendrá sus opiniones. Nosotros no queremos discutir con nadie casos particulares, porque además tenemos que decidir cuestiones, pero sí queremos pensar en grande.
—Volviendo al tema del proyecto de reglamento para la selección de jueces, algunos objetan que el proyecto que mandó la Corte incluye un representante de las universidades privadas, algo que no está contemplado en la ley, y también cuestionan aspectos vinculados con la cuestión de género. ¿Ustedes quieren que se apruebe a libro cerrado o están dispuestos a debatir?
—Por supuesto que hay que discutirlo. Nadie pretende que se vote a libro cerrado. Para nada. De hecho, estamos hablando con todos los consejeros y ellos también muestran buena voluntad. No se trata de criticar lo que hizo el Consejo ni de descalificar a ninguno de sus miembros, porque en realidad el problema del Consejo es un problema de diseño institucional. Es una institución muy difícil porque cada uno representa un estamento.
El problema que tenemos nosotros es que la Corte integra el Consejo de la Magistratura como institución. Va el presidente a las reuniones, pero es la Corte. Entonces, por eso opinamos ahora y no antes, cuando la Corte no lo integraba. Nosotros decimos: “Si la Corte integra el Consejo, tenemos que opinar”, pero sin descalificar a nadie y pensando en grande. Y mire, la institución necesita un cambio.
—En estos diálogos que mantiene con los consejeros —justo vi salir a uno hace un rato del Palacio de Tribunales—, ¿le dieron algún plazo para el debate, para que empiece en comisión, para que vaya al plenario y que esto no termine olvidado como otros proyectos de reforma en el pasado?
—El Consejo es una institución autónoma. Tiene la facultad y la competencia que le da la Constitución y la ley para resolver esto. Nosotros no podemos ponerle plazos. Pero, como la Corte integra institucionalmente el Consejo, hemos opinado. Además, yo creo que, en este momento histórico, donde se discute tanto la fortaleza de las instituciones, es importante que la sociedad debata. Porque no es un tema que podamos negociar entre cuatro paredes. Hay que abrirlo, debatirlo y poner más aire y claridad sobre las instituciones. No puede ser que estemos decidiendo cuestiones tan importantes sin discusión pública. Por eso hicimos un acto y convocamos a todos a debatir seriamente. Los plazos los fija el Consejo.
—Sí, creemos que tiene que ser rápido porque además hay muchos proyectos en el Consejo desde hace años.
—El gobierno de Javier Milei intentó nombrar miembros de la Corte con las propuestas del juez Ariel Lijo y del constitucionalista Manuel García-Mansilla. Ahora el ministro Mahiques habla de mandar candidatos de jueces “de abajo hacia arriba” y finalmente completar la Corte. ¿Le parece adecuado ese criterio?
—El ministro creo que correctamente dice que hay que enviar los pliegos de los jueces, porque nosotros le pedimos, cuando lo recibimos, que enviara los pliegos porque hay muchísimas vacantes en la Justicia federal.
—Sí, en la Justicia nacional. Entonces, esa tarea que hace el ministro de Justicia está muy bien y es de su competencia. La decisión de integrar la Corte Suprema, promover y nominar a sus miembros y al procurador es una decisión del presidente. Y ahí ya es otro nivel de decisiones, porque depende también del Senado de la Nación y de si logran los acuerdos. En mis cinco presidencias de la Corte siempre vimos dificultades, porque se necesitan dos tercios de los votos en el Senado. Ojalá se pueda. Nosotros creemos que la Corte tiene que ser integrada, pero es una decisión del presidente Milei.
—En el acto de lanzamiento del proyecto de reforma del reglamento de selección de jueces se vio un acercamiento entre usted y el doctor Rosenkrantz. ¿Se puede hablar de una nueva mayoría dentro de la Corte?
—No, nosotros no pensamos en esos términos. Siempre se habla de una mayoría: antes una mayoría peronista, después una mayoría antiperonista, después yo era minoría y otros mayoría. Pero cuando uno ve cómo funciona la Corte en los últimos 20 años, en realidad la mayoría depende de los temas. Hay temas en los que coincidimos. Ahora, lamentablemente, somos solo tres. Siendo tres no tenemos grandes discusiones ni peleas; no es igual que otros poderes del Estado. Acá hablamos y tenemos buena relación. En este caso del reglamento coincidimos con el doctor Rosenkrantz en la elaboración del proyecto. Hay temas judiciales en los que podemos coincidir dos y otro no, y eso va cambiando según el tema: laboral, empresarial, provincias. Tenemos una agenda muy amplia y eso es lo bueno: no hay una mayoría automática. Nunca la hubo desde que estoy en la Corte. La sociedad necesita ver una Corte diversa, donde haya debates, porque son temas importantes.
—El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona implementó el nuevo sistema acusatorio del Código Procesal Penal en más provincias, pero se frenó en los tribunales de Comodoro Py. ¿Ya existe la infraestructura necesaria para llevar ese sistema a Comodoro Py?
—Bueno, eso es una decisión del Ministerio de Justicia. Nosotros ahí no podemos opinar. El sistema acusatorio es importante y la Corte lo ha respaldado, pero la instrumentación es un área del Ministerio de Justicia y de la Procuración. El Poder Judicial es la Corte, pero después está el Ministerio Público Fiscal, que es otro órgano totalmente separado. Ahí no tenemos intervención.
—Usted declaró que la democracia en el mundo no está funcionando bien y que estamos ante un verdadero fin de ciclo. ¿Cuáles deberían ser los tres principales ejes para mejorar la democracia en la Argentina?
—Este tema se debate hoy en casi todo el mundo. Lo digo porque participé de muchos eventos internacionales y hay una gran preocupación. La idea de escribir un libro sobre esto y de hacer un podcast llamado El liderazgo del caos nació de un encuentro en Santo Domingo con la World Jurist Association. Estaba la jueza de la Corte de Estados Unidos Sonia Sotomayor, que tuvo una idea muy interesante: invitar a adolescentes de distintos países y decirles: “La democracia está en riesgo, el mundo es un desastre y esto lo hicimos nosotros. Tenemos que dialogar con ustedes para ver cómo lo solucionamos”.
Hoy hay una gran desconexión entre las instituciones y la sociedad. Las instituciones tienen 200 años y la clase dirigente sigue hablando del pasado, mientras que el sistema económico, tecnológico y ambiental cambia vertiginosamente. Esa desconexión es preocupante. Las estadísticas en casi todo Occidente muestran que los jóvenes ya no creen en la democracia y les da lo mismo si los resultados vienen de la democracia o del autoritarismo. En muchos países los candidatos ganan con minorías: 30% sobre un 50% o 60% de participación. Entonces, la democracia ya no es el gobierno del pueblo, sino el gobierno de minorías.
¿Qué está cambiando? El sistema tecnológico. Yo escribí mucho sobre inteligencia artificial y hablo de eso en el podcast. Todo el cambio que trae la inteligencia artificial va a producir un alto nivel de desempleo. En el largo plazo generará empleo, pero mientras tanto en el Foro de Davos de este año se hablaba de un 30% de desempleo global. Imagínese lo que eso significa para oficinas, bancos y muchos sectores. La inteligencia artificial ya puede escribir, hablar, hacer cine, actuar y escribir música. Eso va a afectar muchísimo a la clase media y a los trabajadores.
También tenemos un problema serio con el aumento de la expectativa de vida. Una persona que se jubila a los 65 años y vive hasta los 90 necesita ingresos, atención médica y un sistema de salud sostenible. Y además la inteligencia artificial está produciendo impactos muy fuertes en adolescentes: acceso a armas, bullying, apuestas digitales. Todo eso preocupa mucho.
Yo doy conferencias sobre esto y uso una metáfora de la película No Miren para Arriba: “Se viene el meteorito”. Y nadie habla de esto. Tampoco de la crisis ambiental. Por eso fue importante el discurso del rey Carlos III en Estados Unidos, cuando habló de defender el Estado de derecho, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la división de poderes, además de proteger la naturaleza.
—Sobre este punto de la libertad de expresión: durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se instaló el concepto de “lawfare” y hubo persecución a periodistas. Ahora el presidente Milei insulta periodistas y cerró la sala de periodistas de la Casa Rosada. ¿Cuál es el rol de la Corte en la defensa de la libertad de expresión?
—Hay que distinguir. Nosotros no hacemos comentarios sobre los temas: tomamos decisiones. Y hemos tomado varias. Primero, cuando hubo un diario al que le negaron publicidad oficial.
—Sí, Perfil y también el diario Río Negro. Nosotros dictamos fallos diciendo que no se puede discriminar usando la publicidad oficial para influir sobre un medio. Después recuerdo el caso del diario La Nación y otros diarios, que estaban siendo ejecutados por una deuda. Sacamos un fallo que firmamos el doctor Fayt, el doctor Juan Carlos Maqueda y yo. Fue muy fuerte y ocasionó un gran conflicto con el gobierno de entonces, porque entendíamos que era prioritario defender a un diario que representa un sector de la opinión pública. Uno puede estar de acuerdo o no, pero eso es la libertad de expresión: admitir que otro piensa distinto. Y en eso yo no cambié. Los mismos fallos que firmé cuando ingresé acá los sigo firmando hoy. Esa es la tradición de la Corte: el compromiso con la libertad de expresión.
Ricardo Luis Lorenzetti, nacido el 19 de septiembre de 1955 en Rafaela, Santa Fe, es un entusiasta de la movilidad social y cuenta que es producto de ese fenómeno de la Argentina de mediados del siglo XX. Su papá era viajante de comercio y su mamá maestra y él llegó a la Corte. Estudió en establecimientos del estado desde la primaria hasta la Universidad Nacional del Litoral donde se recibió de abogado.
Además, fundó y jugó 15 años como apertura del club de rugby de Rafaela, Santa Fe, que forjó su personalidad.
Desde diciembre de 2004 es juez de la Corte propuesto por el ex presidente Néstor Kirchner cubriendo la vacante causada por la renuncia del juez Adolfo Vázquez. En noviembre de 2006 fue electo presidente del máximo tribunal, ejerciendo ese rol cinco veces hasta que fue reemplazado por Horacio Rosatti en el 2021.
Presidió la Comisión de Reforma del actual Código Civil y Comercial de la Nación y es miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro de la Academia de Derecho del Perú y miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de París, Francia. Es miembro del Steering Committee de UICN, del Advisory Committee de ONU ambiente, del Steering Commitee del Judicial Global Institute on Environment y Embajador Ambiental de la OEA. Ha recibido el título de Doctor Honoris Causa en diversas Universidades Nacionales e Internacionales. Ha dictado más de mil conferencias en diversas universidades de todo el mundo. Es autor de libros sobre teoría general del derecho, la sentencia judicial, contratos, responsabilidad civil, derecho ambiental, responsabilidad médica, derechos humanos, filosofía, publicados en Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Italia, México, Colombia, Francia, Uruguay, Paraguay y Chile.
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