El costo de levantar la voz
Hasta no hace tanto los varones violentos podían vivir en la impunidad. No se hablaba de violencia de género y la patria potestad era exclusiva de ellos (recién en 1985 fue compartida). Las mujeres callaban por miedo, dependencia económica o vergüenza y las niñas y niños eran considerados objetos de tutela y no sujetos de derechos. Denunciar no era una opción.
Desde hace unos pocos años se logró instalar la violencia machista como problema social y político. Comenzaron las estadísticas de acosos y femicidios y el respeto a las voces de las infancias. Entonces, apareció la primera reacción: el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), la teoría que sostiene que las madres “manipulan” a sus hijos para que denuncien abusos o rechacen a sus padres.
Organismos internacionales, asociaciones científicas y especialistas de todo el mundo ya dijeron que el SAP es una "pseudociencia" que no figura en manuales diagnósticos y carece de evidencia. España acaba de prohibir su uso en procesos judiciales.
La resistencia tuvo que pensar en otra estrategia, y así se gestó la idea de "las falsas denuncias” de la mano de grupos organizados que amplifican casos aislados para construir la idea de que existe "una epidemia" de mujeres que falsean abusos. No es un invento argentino: la narrativa circula por toda la región.
Según ONU Mujeres, las denuncias falsas representan menos del 1% de los casos. En Argentina, el Consejo de la Magistratura de la Nación las ubica por debajo del 3%, y la mayoría no está vinculada a violencia de género.
Sin embargo, el proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada bajo el argumento de combatir las “falsas denuncias” propone endurecer las penas -de 3 a 6 años de prisión- específicamente cuando se trate de acusaciones de violencia de género, abuso sexual o situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes.
Organismos de derechos humanos y justicia repudian el proyecto. Hasta organizaciones dedicadas a revisar errores judiciales se oponen. “La iniciativa legislativa responde a campañas de grupos de presión que se basan en datos no verificados, generalmente magnificados para promover sus intereses -asegura Manuel Garrido, al frente de Innocence Project Argentina-. El esfuerzo debería concentrarse en mejorar la calidad de las investigaciones y la valoración probatoria, no en aumentar penas".
Instalar la amenaza de una posible condena penal puede convertirse en un mecanismo de silenciamiento, una vuelta a la impunidad.
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