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ambito.com · hace 16 horas

El Gobierno desplazó a María Luz Landívar de la Dirección Nacional Electoral y Juan Pablo Limodio asumirá en su lugar

ámbito.com

El organismo tiene a su cargo la administración técnica de los procesos electorales nacionales. El cambio se da en medio de una reorganización interna del oficialismo.

María Luz Landivar fue desplazada de la Dirección Nacional Electoral y será reemplazada por Juan Pablo Limodio.

María Luz Landivar fue desplazada de la Dirección Nacional Electoral y será reemplazada por Juan Pablo Limodio.

El Gobierno anunció este jueves el desplazamiento de María Luz Landívar al frente de la Dirección Nacional Electoral, cargo que ocupará en su reemplazo Juan Pablo Limodio, en línea con la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo.

El director de la OMS volvió a pedir el retorno de Argentina. 

Asimismo, el ministro del Interior Diego Santilli le pidió a Landívar que continúe desempeñándose como asesora dada su experiencia y trayectoria en temas electorales.

La DINE, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, cumple un rol clave en la organización de los comicios: coordina el cronograma electoral, trabaja con la Justicia Electoral, organiza la logística de padrones y materiales de votación, capacita autoridades de mesa y articula con las fuerzas de seguridad para la custodia de urnas y documentación.

Juan Pablo Limodio es abogado y cuenta con trayectoria en la gestión pública y el ámbito institucional. Además, se desempeña como docente de nivel secundario y también ejerció durante varios años en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).

En el sector público, ocupó cargos técnicos vinculados al derecho administrativo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde también fue subsecretario de Asuntos Públicos Estratégicos.

Entre 2024 y febrero de 2026, Limodio presidió Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), etapa en la que encabezó el proceso de salida definitiva del Estado nacional de la conducción de la empresa.

Su llegada a la Dirección Nacional Electoral se da a partir de su vínculo de trabajo con el ministro del Interior, Diego Santilli, con quien coincidió durante su paso por la administración porteña y quien lo convocó para sumarse a su equipo.

A finales de abril, el Gobierno anunció su próximo objetivo parlamentario: una reforma electoral. La iniciativa -comunicada en 2024- ingresará en la Cámara alta del Congreso.

El argumento del Gobierno para impulsar esta propuesta es que "el sistema electoral argentino, tal como está planteado hoy, es caro, opaco y propicia el financiamiento espurio. Sostener esto no es gratis: la plata sale del bolsillo de todos los argentinos". En ese marco, consideran que el objetivo de la iniciativa es "que la política cueste menos, sea más transparente y represente mejor".

Según aseguró un referente libertario de la Cámara de Diputados, la ecuación oficialista es complicada para alcanzar los votos que superen la mayoría, dado que -al menos- la estrategia electoral peronista y radical el próximo año contempla una interna a nivel nacional, al igual que en muchos distritos, especialmente el porteño. Por su parte, desde la oposición aseguran que se perdió el impulso para la sanción de Ficha Limpia, luego de que se caiga por el cambio repentino de postura de dos aliados al Gobierno el año pasado. "Es la decencia mínima que se le pide a una democracia", señaló el Gobierno al respecto.

En un comunicado, la administración libertaria aseguró que el sistema político argentina "es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia insensatamente a la dirigencia política". En ese sentido, afirmó que "es un sistema hecho a medida para que la política se proteja a sí misma".

"El Presidente Javier Milei fue electo con el mandato claro de terminar con los privilegios de la casta política, y esta reforma es un paso crucial en este camino. Llegó la hora de devolverle el poder a los argentinos: que la política vuelva a estar al servicio de la gente", concluyó el Gobierno.

La Justicia concedió un recurso al Poder Ejecutivo en el marco de la causa de las universidades.

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