Alivio para familias endeudadas: los 14 proyectos de ley con 36 cuotas, quitas agresivas e impuestos a los bancos
Mientras el Gobierno busca dar por cerrado la crisis de morosidad, las deudas que asfixian a las familias empezaron a ganarse un lugar en la agenda política. Buena parte de los bloques, incluyendo los que hasta hace poco acompañaban a la Libertad Avanza, impulsan algunos de los 14 proyectos que desde el Congreso intentan ofrecer una salida al "endeudamiento" de 6,3 millones de personas.
Las iniciativas contemplan mecanismos para aliviar las deudas de familias y empresas con facilidades de pago a tres años, condonaciones y tasas subsidiadas. También alientan la reestructuración de deudas para quienes tomaron créditos UVA, mayores controles al sistema financiero y el retorno de los créditos de ANSeS, financiados con impuestos a los bancos y las plataformas financieras.
Salvo dos proyectos, el resto ingresó este año con el respaldo del kirchnerismo, el peronismo federal, radicales, exPRO, la Coalición Cívica, exmiembros de La Libertad Avanza y la izquierda. Solo el oficialismo los resiste. "Es un tema de mercado el endeudamiento, una vez que baje la tasa se arregla", dijeron desde la Libertad Avanza, donde la prioridad pasa por la inminente reglamentación de la reforma laboral.
El titular del Banco Central, Santiago Bausili, minimizó el tema la semana pasada, cuando dijo que "los bancos ya vieron el pico de la morosidad, por lo que el sistema financiero se está saneando". Su optimismo contrasta con el clima en el sector, donde ven que los atrasos en los pagos van a seguir en aumento hasta junio, poniéndo un piso a la baja de tasas. "El Central está preocupado por la mora", dijo un banquero.
Los datos oficiales revelan que la porción de préstamos en situación irregular para personas físicas subió de 2,94% en febrero de 2025 a 11,2% al cabo de un año. Esto es cuatro veces más que el año pasado y el mayor nivel en más dos décadas. En el caso de las billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias, el nivel de mora en el pago de las deudas supera el 30%.
En ese marco, las cámaras bancarias miran con inquietud el posible avance de alguna de las iniciativas, que podrían terminar repercutiendo sobre la actividad financiera. Para el Gobierno, el problema es que se demore la reducción de las tasas. Con tasas reales más altas que el año pasado para los préstamos personales y una caída del financiamiento a las familias, la reactivación seguirá postergándose.
El proyecto con más suscriptores es el de Unión por la Patria (UXP) que declara la emergencia crediticia de las familias por dos años y crea un "régimen de desendeudamiento". Desde ese espacio mantendrán reuniones en los próximos días y buscarán unificarlo con las propuestas en danza de los otros bloques.
Entre las 16 firmas, figuran el titular del bloque, Germán Martínez; diputados de Patria Grande (la fuerza liderada por Juan Grabois), como Itaí Hagman y Natalia Zaracho; el titular de la CTA Hugo Yasky; Cecilia Moreau (Frente Renovador); y el extitular de AFIP, Carlos Castagneto.
La iniciativa contempla una auditoría de las deudas y una quita de intereses, punitorios de cargos y/o del capital, en caso de detectarse irregularidades. También prevé un plan de pagos con una cuota mensual de hasta el 30% de los ingresos de la persona deudora y la creación de un fondo destinado a comprar, auditar y reestructurar las deudas.
El fideicomiso se financiará con una contribución extraordinaria de carácter trimestral, sobre el saldo total de créditos de consumo otorgados a personas físicas, tarjetas de crédito, préstamos personales y financiaciones. Las alícuotas serán de entre 0,1% y 2,5% trimestral por tamaño de la empresa y se aplicará a los bancos y las entidades no financieras que otorguen dichos créditos.
El otro proyecto de UXP -con 15 firmantes- propone la reprogramación obligatoria de los pasivos, incluyendo un plan de pagos en 36 cuotas mensuales, un tope al Costo Financiero Total (la tasa mayorista TAMAR), eliminación de punitorios, período de gracia de 90 días y la extinción de intereses moratorios previos.
En este caso, se crea un fondo de compensación con un aporte extraordinario equivalente al 1% de las utilidades netas anuales de las entidades financieras y no financieras, incluyendo las fintech. La iniciativa es similar a otra auspiciada por el senador del PJ, Jorge Capitanich.
La alternativa -también impulsada por UXP- es que el fondo se financie con el 1% del IVA a las operaciones del sistema financiero en el tramo no sujeto a la coparticipación federal.
Otra opción es restablecer los créditos de la ANSeS por hasta $ 1,5 millones por beneficiario para jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones, trabajadores en relación de dependencia, personal de casas particulares y monotributistas endeudados.
Dicho plan incluye una cuota máxima del 30% del ingreso mensual neto del deudor y un costo financiero total máximo (la TAMAR + 10 puntos porcentuales o la tasa mayorista de referencia que determine el Banco Central). El proyecto es apoyado por 12 legisladores, entre ellos el massista Guillermo Michel, Miguel Pichetto y Nicolás Massot (exJXC), Natalia de la Sota (PJ de Córdoba) y Cecilia Moreau (UXP).
Una variante busca obligar a los emisores de tarjetas de fijar límites de gasto autocontrolados con notificaciones o alertas cuando el consume alcance el 50% del tope establecido. Una vez alcanzado ese rango, los consumos adicionales deberán ser rechazados automáticamente. Entre una docena de voluntades, acompañan Mónica Frade y Maximiliano Ferraro (CC), Gisela Scaglia y Esteban Paulón (Provincias Unidas), y Martínez (UXP).
Entre la batería de medidas, hay quienes proponen una condonación de entre el 50% y el 100% de los intereses y punitorios acumulados, con 36 cuotas y tasas equivalente a la tasa de los depósitos anual promedio, con suspensión automática de embargos; prohibir la capitalización de intereses en las deudas contraídas con tarjetas o plataformas virtuales; y suspender intereses por mora.
El proyecto de la exintegrante de LLA, Marcela Pagano, dispone un test de la capacidad de pago de los solicitantes de créditos y un límite a los proveedores para nuevos otorgamientos cuando el ratio de endeudamiento del cliente supere el 35%, fijando un tope del CFT. Otras medidas preventivas incluyen el derecho de revocar el descuento directo de la deuda por parte del acreedor.
El último proyecto en ingresar al Congreso (Myriam Bregman, Frente de Izquierda) es la suspensión de ejecuciones por endeudamiento con créditos hipotecarios UVA, junto con períodos de gracia, reestructuración de deuda, extensión de plazos o modificación de la cuota, ante la pérdida de empleo o la reducción de ingresos.
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