El PCT y el caso argentino
En los últimos días circula mucha información equivocada, y en algunos casos abiertamente malintencionada, sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés). Entre los argumentos más frecuentes aparece la crítica a la “escasa cantidad de patentes del CONICET”, utilizada para desacreditar al organismo.
Es cierto que, dado el volumen y la calidad de la investigación científica argentina, especialmente en las últimas tres décadas, el número de patentes podría ser mayor. Pero también es cierto que evaluar la productividad en patentes del sistema científico argentino es extremadamente difícil, porque el propio sistema de patentamiento nacional desalienta patentar en Argentina y empuja a hacerlo en el exterior.
Para entender por qué, es necesario comprender qué es el PCT y qué implica que Argentina sea uno de los pocos países del mundo, y el único del G20, que aún no forma parte.
El PCT es un tratado internacional ratificado por más de 150 Estados. Su función es simple y estratégica: permitir que una persona, empresa o institución solicite protección para una invención mediante una única solicitud internacional, en un solo idioma y con un único conjunto de tasas, preservando derechos en todos los países miembros. No crea una “patente mundial”, ni obliga a ningún país a conceder nada. Cada oficina nacional mantiene plena soberanía para decidir.
Quizá lo más didáctico sea comparar el sistema que rige en Argentina con el que adoptó prácticamente todo el mundo.
Argentina opera bajo un sistema estrictamente nacional donde cada solicitud debe presentarse directamente ante el INPI. Solo hay 12 meses para extender la protección a otros países (Convenio de París) y requiere una presentación independiente para cada país, con sus tasas, traducciones y agentes locales.
El examen de fondo lo realiza únicamente el INPI. El resultado es un sistema caro, fragmentado y de plazos muy cortos, que dificulta enormemente la estrategia internacional de universidades, pymes, startups y organismos públicos como CONICET.
El PCT otorga un plazo de 30-31 meses para decidir en qué países proteger y esto permite validar la tecnología, buscar inversión y negociar licencias antes de gastar en múltiples oficinas.
En cuanto a los costos, en Argentina los iniciales son bajos, pero los costos totales muy altos si se quiere proteger en varios países. El PCT permite un único pago inicial y diferimiento de los costos más grandes.
Si nos referimos a evaluación de la calidad técnica, en Argentina existe un solo examen nacional, mientras que bajo el PCT otorga informes internacionales que mejoran la calidad de la solicitud. Los efectos jurídicos son evidentes: en Argentina la patente solo rige en Argentina.
Si perteneciéramos al PCT, los derechos se preservarían en más de 150 países hasta la fase nacional, que es cuando el solicitante decide en qué países quiere entrar para pedir la concesión de la patente.
Muchos investigadores del sistema científico argentino, incluyendo CONICET, no están familiarizados con el PCT porque Argentina nunca lo adoptó, y por lo tanto no forma parte de su cultura institucional. Predominan preconceptos relacionados con pérdida de soberanía e independencia.
En general ignoran que el PCT no crea una patente mundial, ni cambia la ley argentina o extiende la duración de las patentes. Tampoco implica pérdida de soberanía porque el INPI es el que sigue decidiendo caso por caso. .
La adhesión al PCT permitiría un sistema más eficiente y previsible, acceso temprano a información técnica estratégica, mejores decisiones de protección, mayor capacidad de transferencia tecnológica y mejores condiciones para atraer inversión en sectores intensivos en conocimiento.
Si unirse al PCT ofrece tantas ventajas evidentes para universidades, emprendedores, pymes, centros de investigación y empresas tecnológicas… ¿quiénes se oponen con tanta vehemencia a un sistema que beneficiaría a todos los innovadores argentinos?
Por último, es imprescindible que este gobierno apoye la ciencia y la tecnología, que precisan tanto inversión pública como privada. Una economía del conocimiento que se beneficie con todo lo positivo que le puede brindar el ingreso al PCT debe tener protagonistas que la puedan impulsar porque no funciona en el vacío.
Sandra Pitta es PhD es farmacéutica y biotecnóloga. Investigadora Independiente, CONICET
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