Pagarle mejor a los funcionarios no es un privilegio, es una buena política: mi experiencia de la academia al Gobierno de Milei

La discusión sobre los salarios de los funcionarios públicos suele aparecer en momentos incómodos. El reciente aumento dispuesto por el Gobierno reavivó una reacción casi automática: indignación, sospecha y la idea de que mejorar esos salarios es un privilegio injustificado en un contexto de ajuste.

Si aspiramos a un Estado que funcione bien —capaz de diseñar políticas, implementarlas y resistir presiones— entonces la calidad de quienes trabajan en él es central. Y esa calidad no es independiente de los salarios.

La economía tiene bastante para decir sobre esto. Hay amplia evidencia en la literatura económica de que mejores salarios en el sector público permiten atraer candidatos más calificados y reducir la rotación.

Pero hay un punto menos obvio: los salarios también afectan la composición del Estado. Cuando las remuneraciones son bajas, los perfiles con mejores alternativas afuera tienden a irse —o directamente no entrar—, y el sistema empieza a sesgarse hacia quienes tienen menores oportunidades en el sector privado o están dispuestos a aceptar compensaciones informales. Existe evidencia empírica —incluyendo estudios para el caso argentino— de que, cuando las instituciones lo permiten, esto puede traducirse en una mayor presencia en el sector público de personas relativamente más propensas a comportamientos deshonestos. Esto no implica que el Estado esté lleno de gente deshonesta, sino que el diseño institucional —incluidos los salarios— influye decisivamente en quién entra y quién se queda.

La intuición es simple. Cuando los salarios son bajos, el Estado deja de ser atractivo para profesionales calificados que tienen alternativas en el sector privado. Eso genera dos efectos: expulsa talento y, más problemático aún, puede atraer o retener a quienes están dispuestos a compensar ese bajo salario de otras maneras.

Dicho en términos más crudos: si el salario no alcanza para vivir, el sistema empieza a depender de la vocación… o de los ingresos “por afuera”. No es un buen equilibrio.

Esto no es teoría abstracta. Lo viví personalmente. Fui secretario de Desregulación hasta septiembre de 2025. El trabajo era exigente, de alta responsabilidad y con impacto real. Pero el salario estaba muy por debajo de lo que alguien con formación y responsabilidades similares puede obtener en el sector privado. Al mismo tiempo, vi cómo funcionarios valiosos y honestos terminaban yéndose simplemente porque el salario no les alcanzaba.

Y ese es el problema. Si quienes no tienen restricciones económicas o quienes están dispuestos a aceptar compensaciones informales son los únicos que pueden quedarse, el Estado se deteriora.

Por supuesto, esto no implica que cualquier aumento esté justificado, ni que el salario sea la única variable relevante. La transparencia, los mecanismos de selección y evaluación, y los controles son igual o más importantes. Pero ignorar el rol del salario es un error.

En muchos países, la discusión ya está saldada. Los Estados que funcionan bien —desde los escandinavos hasta varios asiáticos— pagan salarios competitivos en el sector público. No por generosidad, sino por pragmatismo.

En definitiva, la pregunta no es si los funcionarios “merecen” ganar más. La pregunta es qué Estado queremos construir. Uno que dependa de la abnegación individual o uno que esté diseñado para atraer, motivar y retener a las personas adecuadas.

Si es lo segundo, entonces pagar mejor no es un problema. Es parte de la solución.

Profesor Plenario de la Universidad de San Andrés y ex Secretario de Desregulación

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