El decreto del Gobierno para financiar el reequipamiento militar con venta de privatizaciones fue recibido con decepción y críticas

Después de dejarlo trascender durante días a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otros, el Gobierno oficializó este lunes el Decreto 314/2026, con el que puso en marcha el “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”. La iniciativa redefine cómo se financiará la Defensa: apuesta a fondos provenientes de la venta de inmuebles estatales y de privatizaciones.

La decisión, adoptada por decreto de necesidad y urgencia (DNU), abre un frente inmediato con el Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez. Pero también reaviva una discusión de fondo: con uno de los presupuestos militares más bajos del mundo, ¿hasta dónde alcanza un plan que depende de activos a liquidar?

En medio del endurecimiento discursivo por la soberanía de las Islas Malvinas y las advertencias que llegan desde Reino Unido, la Argentina aparece rezagada en materia de Defensa. El último informe del Stockholm International Peace Research Institute ubica el gasto militar argentino entre los más bajos del mundo: en 2025 representó apenas el 0,56% del PBI (unos US$ 3.731 millones), con una ejecución que, según fuentes del sector, habría rondado incluso el 0,28%.

En ese escenario, el DNU introduce una lógica nueva —y discutida— de financiamiento. Establece que el 10% de los ingresos generados por la venta o administración de inmuebles del Estado irá a Defensa, porcentaje que trepa al 70% si se trata de bienes que estuvieron bajo su órbita. A eso se suma otro 10% de lo recaudado por privatizaciones de empresas públicas incluidas en la Ley 27.742.

El argumento oficial es la urgencia: evitar que las Fuerzas Armadas sigan perdiendo capacidades. Pero el camino elegido despierta objeciones. No sólo por el uso del DNU en un área históricamente sensible, sino por el tipo de financiamiento: ingresos variables, atados a ventas y privatizaciones, que dificultan cualquier planificación de largo plazo.

“Es un esquema inestable”, resume un militar con años en la estructura de Defensa. La crítica apunta también a la superposición con el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado en 2020 para garantizar justamente lo contrario: previsibilidad. El decreto asegura que no lo reemplaza formalmente, pero en los hechos instala un sistema paralelo.

Para otras fuentes consultadas, la lectura es más directa: el nuevo plan termina por vaciar al FONDEF. Ese fondo había sido aprobado por ley con amplio respaldo político y buscaba sostener inversiones estratégicas. Sin embargo, arrastraba problemas de implementación. Durante la gestión de Alberto Fernández, parte de esos recursos se desvió a gastos corrientes —como vestimenta y alimentación—, lejos del objetivo original de reequipamiento.

A su vez, así como sucedió durante el gobierno de Alberto Fernández con el Fondef, no está asegurado que lo recaudado por las privatizaciones vaya directo a sus destinatarios y a su vez que no sea desviado por ejemplo para saldar deudas pendientes de la crisis de la obra social de las fuerzas armadas.

Un informe elaborado por Marcelo Seghini, de la comisión de Defensa de la Fundación Alem, marca las diferencias: mientras el FONDEF era un fondo de inversión a largo plazo con financiamiento relativamente estable, el DNU 314/2026 funciona como una herramienta de emergencia, con mayor discrecionalidad y foco en resultados inmediatos.

El impacto ya genera dudas en proyectos clave. Sin un flujo asegurado de recursos, programas de gran escala —como la operación y mantenimiento de los cazas F-16 recientemente incorporados— quedan atados a la disponibilidad de fondos inciertos.

En paralelo, el plan prioriza recuperar capacidades básicas: vehículos blindados Stryker, fusiles IWI ARAD, artillería, drones, los F-16 para la Fuerza Aérea, nuevos Pampa para entrenamiento, helicópteros navales y la postergada recuperación de la capacidad submarina.

El punto más sensible está en el trasfondo. En el Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei eliminó el financiamiento obligatorio del FONDEF al derogar el piso del 0,8% de los ingresos corrientes. Sin ese ancla legal, la inversión en Defensa queda ahora más expuesta a la lógica del ajuste y a la disponibilidad de caja.

Así, el Gobierno apuesta a mostrar iniciativa en un área históricamente relegada, pero lo hace con un instrumento polémico y con recursos que dependen más del mercado que del presupuesto. Entre la urgencia y la incertidumbre, el reequipamiento militar vuelve a quedar en el centro de la discusión política.

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