La política pone a prueba el potencial de Vaca Muerta en 2027

La discusión sobre Vaca Muerta ya no es sectorial: es, en esencia, una discusión de macroeconomía. En un país crónicamente restringido por la falta de dólares, el desarrollo del principal activo energético dejó de ser solo una oportunidad para transformarse en una condición necesaria para un proyecto de país exitoso y vivible.

La pregunta ya no es si Vaca Muerta es viable. De hecho, la producción crece a tasas exponenciales y los estándares de eficiencia ya compiten, e incluso en algunos casos superan, a los de la cuenca Permian en los Estados Unidos.

La pregunta central es si el país logrará, esta vez, crear el marco para que esa viabilidad se transforme en una realidad de escala sustantivamente mayor y sostenible en el tiempo.

Varios factores parecen alinearse en la dirección correcta. La macroeconomía, históricamente el principal obstáculo para el desarrollo energético muestra señales de ordenamiento. El frente fiscal más sólido (aunque con interrogantes), la desaceleración inflacionaria y, sobre todo, el proceso de normalización del mercado de cambios +sin brecha y con restricciones en proceso de salida+ configuran un entorno mucho más propicio para la inversión intensiva de largo aliento.

Sobre una selección arbitraria de objetivos para variables macro, Argentina va camino a tener una calificación óptima. Después de muchos años, tendrá en el 2026 superávit fiscal y comercial, índice de riesgo país por debajo de los 600 puntos básicos, inflación anualizada al final del período menor al 25 % (o cercana) y crecimiento del producto bruto interno (PBI). Y quizás también en el 2027.

El negocio energético, por definición, es intensivo en capital y de largo plazo. Sin acceso fluido al mercado de cambios, sin previsibilidad en la repatriación de utilidades y sin reglas relativamente estables, no hay escalabilidad posible.

Actualmente, existe un consenso mucho más amplio -político y empresarial- respecto de que el crecimiento de Vaca Muerta no es solo deseable, sino imprescindible para sostener una macroeconomía sana. La generación de divisas vía exportaciones energéticas y el ahorro de importaciones ya forman parte del programa económico.

La evolución de las inversiones en la industria hidrocarburífera, concentradas en los recursos no convencionales de la cuenca neuquina, reflejan el interés manifiesto y dirigido.

En paralelo, comienzan a materializarse inversiones en infraestructura: gasoductos, oleoductos, plantas de licuefacción y proyectos de evacuación de producción -históricamente el límite físico del sector- están en distintas etapas de ejecución, y explican una parte central de los proyectos adheridos al RIGI. Sin estos desarrollos, cualquier incremento en la producción choca contra una restricción física. Con ellos, el potencial exportador empieza a ser más tangible.

El contexto internacional también actúa, al menos parcialmente, a favor. En un mundo atravesado por tensiones geopolíticas, la seguridad energética volvió al centro de la escena. En ese mapa, Argentina aparece como un proveedor potencial atractivo: está geográficamente alejada de los principales focos de conflicto y cuenta con recursos abundantes y aún subexplotados.

Adicionalmente, el nuevo set de regulaciones -desde los cambios en la ley de hidrocarburos hasta esquemas de incentivos como el RIGI, pasando por la reforma laboral y otras iniciativas en curso, además de una mayor apertura económica- apunta a mejorar la ecuación de inversión. La reducción del índice de riesgo país, si se consolida, podría terminar de reinsertar con mayor fuerza a la Argentina en el radar de los mercados de capitales.

Un aspecto relevante es el protagonismo de las operadoras nacionales. Con mayor flexibilidad, conocimiento del terreno y tolerancia al riesgo local, han ganado peso en el desarrollo del shale. En un escenario global incierto, esa fortaleza les otorga capacidad de adaptación.

De todas formas, superada la coyuntura internacional y con una Argentina más afianzada en el concierto global de proveedores petroleros, es probable que operadoras internacionales posen su mirada sobre activos locales, se instalen y, con ellas, se incorporen nuevas empresas de servicios extranjeras.

La situación internacional presenta matices: en el corto plazo, los altos precios del petróleo -potenciados por conflictos bélicos- generan márgenes extraordinarios en mercados como los Estados Unidos. Eso tiende a concentrar inversiones en geografías donde el retorno es inmediato y el riesgo, menor. La Argentina, en ese contexto, compite por el capital frente a jugadores que ofrecen certezas que todavía no logra igualar.

A esto se suma una competencia creciente. Países como Brasil y Guyana avanzan rápidamente en la consolidación de su producción, mientras que Venezuela comienza a posicionarse como un destino posible para inversiones energéticas. El mapa energético global no espera, y el capital se mueve hacia donde encuentra mejores condiciones ajustadas por riesgo.

Pero el principal desafío sigue siendo doméstico y estructural: la credibilidad. Las empresas locales tienen potencial de crecimiento, y para lograrlo, deben resolver cuestiones relativas a la competitividad. Por ejemplo, el segundo anillo de empresas de servicios petroleros, integrado principalmente por firmas nacionales pequeñas y medianas, podrá acompañar el crecimiento de las operadoras nacionales solo si cuenta con capacidad financiera. Con tasas reales en pesos y en dólares por las nubes, la restricción financiera aparece como la barrera más significativa.

La Argentina arrastra una historia de ciclos de entusiasmo y frustración que condiciona cualquier decisión de inversión de largo plazo. La percepción de que las reglas de juego pueden cambiar con cada administración sigue siendo una barrera concreta. Y en un negocio donde los horizontes de recupero se miden en décadas, esa percepción pesa tanto como cualquier variable económica.

Por eso, la consolidación y aceleración del proceso inversor en Vaca Muerta no depende únicamente del presente, sino de la expectativa sobre el futuro. Más específicamente, de la capacidad de sostener en el tiempo los lineamientos actuales de política económica.

En este punto aparece un elemento incómodo pero inevitable: la política. Para que el sector despliegue todo su potencial, el escenario más valorado por inversores y empresas es el de continuidad o, al menos, de convergencia. Es decir, que exista no solo un gobierno comprometido con estas reglas, sino también una alternativa política que no implique un giro disruptivo.

La condición es doble: por un lado, que el oficialismo logre consolidar su programa y tenga viabilidad electoral hacia 2027; por otro, que la oposición relevante internalice que desandar el camino recorrido -no solo en el terreno de la energía- tendría costos económicos demasiado altos. Sin esa garantía ampliada, el capital probablemente seguirá llegando, aunque a un ritmo más lento del que el potencial permitiría.

Ahora bien, la sostenibilidad política del programa económico no está asegurada. Depende, en gran medida, de la capacidad del gobierno para resolver tensiones que hoy atraviesan la economía real: la caída de la actividad industrial, el deterioro del salario real, tasas de interés elevadas, menor dinamismo en los principales centros urbanos, creciente informalidad y consumo deprimido.

Si estos desequilibrios no encuentran un canal de resolución, el riesgo no es solo económico, sino también político. Y ese riesgo, inevitablemente, se traslada a las decisiones de inversión en gas y petróleo.

Con este contexto, la agenda queda definida en términos de hechos: profundizar las reformas estructurales, sostener el equilibrio fiscal, apuntalar la estabilidad cambiaria y consolidar el marco regulatorio actual para el sector energético son condiciones indispensables. Pero no alcanzan por sí solas.

También será necesario introducir cierto grado de flexibilidad en la política económica para facilitar la transición de sectores rezagados, amortiguar costos sociales y evitar que el proceso de estabilización derive en una pérdida de apoyo político.

Si la economía local logra sostener el rumbo, coordinar expectativas y construir credibilidad de largo plazo, el crecimiento de Vaca Muerta puede acelerarse de manera significativa. Si, en cambio, reaparecen los vaivenes, el país corre el riesgo de repetir una dinámica que ya ha condicionado su desarrollo.