El nuevo jubilado pierde hasta 30% desde el primer día
El debate previsional en Argentina se centra en la movilidad, pero pasa por alto un problema estructural: el cálculo del haber inicial. Por el índice utilizado para actualizar los salarios históricos, muchos jubilados arrancan cobrando hasta un 30% menos de lo que les correspondería. Ese daño, una vez consolidado, permanece en el tiempo. Cada vez que el sistema previsional argentino entra en crisis, el debate reaparece en el mismo lugar: la fórmula de movilidad.
Cuánto se actualiza el haber, con qué índice, cada cuánto tiempo. Es una discusión válida, pero incompleta. Existe un problema anterior, más profundo y menos visible: el haber inicial ya está mal calculado desde el momento en que se otorga.
En muchos casos, un jubilado que empieza a cobrar hoy lo hace con hasta un 30% menos de lo que le correspondería si sus aportes hubieran sido actualizados correctamente. No es una proyección pesimista, sino el resultado directo del índice que el Estado usó -y sigue usando- para calcular ese primer haber.
Cuando una persona se jubila, el sistema toma los salarios de los últimos diez años y los actualiza con un índice para llevarlos a valores de hoy. Ese promedio actualizado define el haber inicial: el monto con el que arranca el jubilado.
La referencia que utiliza es el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que publica el Ministerio de Capital Humano. El problema surge porque, en períodos de alta inflación –como los que vivió Argentina entre 2018 y 2023–, este indicador quedó consistentemente por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es decir, los salarios del pasado se actualizaron menos de lo que subió el costo de vida. El resultado es concreto: el haber inicial se calcula sobre salarios depreciados.
Entre 2018 y 2023, la inflación acumulada en Argentina superó 2.700%, y el Ripte creció significativamente menos; la brecha que se trasladó directamente al cálculo del haber inicial. En términos prácticos: una persona que se jubiló en 2022 o 2023 con un salario promedio real de $200.000 pudo haber recibido un haber inicial equivalente a $140.000, porque sus remuneraciones históricas fueron actualizadas con un índice que no acompañó la inflación.
La Justicia viene ordenando desde hace años recomposiciones de haberes para jubilados que ya estaban en el sistema, reconociendo que la inflación los perjudicó (Inconstitucionalidad Ley 27.609, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en los casos Cortes / Giménez / Italiano / Palavecino / Di Pietro). El argumento, en todos, es claro: los índices utilizados no preservaron el poder adquisitivo.
Al mismo tiempo, el Decreto 274/2024 adoptó el IPC como referencia para la movilidad futura, reconociendo implícitamente que el Ripte era insuficiente. Es decir, el propio Estado admitió que el índice no servía, pero solo lo corrigió hacia adelante.
Para los jubilados actuales, el criterio corregido aplica a los ajustes que van a recibir. Pero el haber inicial –calculado con las reglas viejas– quedó como estaba. El daño ya está hecho, y nadie lo está reparando.
Cuando el haber inicial se fija sobre una base depreciada, ninguna movilidad posterior logra corregir completamente ese daño. El jubilado puede recibir aumentos en línea con la inflación, incluso por encima de ella, pero siempre los obtiene sobre una base más baja de la que le correspondía.
Las consecuencias van más allá del bolsillo individual: se consolida una pérdida patrimonial permanente; se distorsiona la relación entre lo aportado y lo percibido; y se instala una inequidad entre quienes se jubilaron antes y quienes lo hacen ahora. Dos personas que vivieron la misma inflación pueden jubilarse con haberes muy distintos solo por el año en que iniciaron el trámite. Una decisión con efectos fiscales concretos.
El uso del Ripte en contextos de alta inflación no es un descuido técnico. Es una decisión con efectos fiscales concretos. Actualizar los salarios históricos con un índice que corre por debajo de la inflación reduce el haber inicial.
Un haber inicial más bajo implica menor gasto previsional. En un sistema que históricamente tuvo problemas de financiamiento, esa diferencia importa. En los hechos, el nuevo jubilado financia parte del equilibrio del sistema desde el primer día, sin que nadie se lo haya explicado.
El sistema previsional necesita dar un paso que todavía no dio: reconocer que el problema no empieza con la movilidad, sino antes. Con el índice que se usa para calcular el haber inicial. Si el Estado acepta que la inflación debe ser considerada para preservar el valor del haber una vez otorgado, ese mismo criterio debería aplicarse al momento de calcularlo. No hacerlo no es neutralidad: es una inconsistencia que paga el jubilado.
La pregunta que debería estar en el centro del debate previsional no es solo cuánto se ajustan los haberes, sino algo más básico: ¿con qué base están entrando hoy los nuevos jubilados al sistema? Porque si esa base ya está deteriorada, todo lo demás llega tarde.
