La Constitución nacional nos exige ser republicanos siempre

Aunque opacado por el Día del Trabajo, el 1° de mayo de cada año se celebra en nuestro país el Día de la Constitución Nacional. Así fue establecido por la ley 25.863, sancionada en 2003 por iniciativa de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que presidía entonces uno de nuestros más prestigiosos constitucionalistas, Antonio María Hernández. La fecha evoca la sanción de la Constitución Nacional el 1° de mayo de 1853 en la Ciudad de Santa Fe.

Es la misma Constitución que, con diversas reformas y con lamentables interrupciones, nos sigue rigiendo. Es, por ello, una de las más antiguas del mundo todavía en vigencia. Y ese no es un dato menor, porque indica que, pese a todo, goza de un respeto que solo se tributa a las mejores tradiciones.

La Constitución era un viejo anhelo de las provincias, primero postergado por las guerras civiles y más tarde por el régimen de Rosas, quien, aunque era formalmente solo el gobernador de la provincia de Buenos Aires ejercía un poder hegemónico sobre todo el país. De hecho, las provincias le habían delegado el manejo de las relaciones exteriores, de modo que en el plano internacional se comportaba como un jefe de Estado de lo que entonces se conocía como la Confederación Argentina.

Había, por ende, lo que en la teoría constitucional se llama una Constitución material, es decir, de hecho, porque el poder estaba organizado de cierta manera, pero no había una Constitución formal. Y no la había porque Rosas no quería, ya que las constituciones, desde los albores del constitucionalismo, tienen como propósito fundamental evitar la concentración del poder. Para el Restaurador, que se hizo otorgar por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires la suma del poder público, esa limitación era inadmisible.

Basta la lectura del artículo 29 de la Constitución, que permanece intacto desde 1853, para comprender muy bien qué querían dejar atrás los constituyentes de Santa Fe: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

Visto desde la actualidad, ese artículo podría ser considerado por algunos como la ingenua creación de unos “ñoños” republicanos. Hay tiempos, se dice, en que hacen falta líderes fuertes, que cumplan el mandato de la sociedad sin estar sujetos a las restricciones de los procedimientos parlamentarios. Líderes que se comunican directamente con el pueblo, prescindiendo de la innecesaria intermediación de las instituciones y del periodismo. Rosas no podría haber estado más de acuerdo.

Es cierto, por otra parte, que a veces se presentan situaciones de crisis que exigen, de manera transitoria y breve, un fortalecimiento de las atribuciones del poder ejecutivo. La propia Constitución, que no fue diseñada desde una torre de marfil, sino por hombres que conocían muy bien la realidad, prevé institutos de emergencia para esas hipótesis.

El problema es que los que se creen caudillos providenciales, y que pretenden que su poder está revestido de cierta aura religiosa, siempre alegan que vivimos en emergencia, que libramos una guerra contra oscuros poderes y que, por lo tanto, es imprescindible dejar de lado los mecanismos que la Constitución ha elaborado, según ellos, para tiempos normales, esos que algún día llegarán si se los deja gobernar sin ataduras.

No fue esa, por cierto, la intención de los constituyentes de 1853. El mejor homenaje que podemos rendirles en este nuevo aniversario de aquella gesta es ser fieles al profundo sentido republicano que ellos le imprimieron a la Constitución.

Hoy padecemos la existencia de republicanos intermitentes, que lo son hasta el paroxismo cuando están en la oposición, pero se vuelven súbitamente rosistas cuando gobiernan. Que la Constitución mantenga su imperio es una tarea de toda la sociedad cada día, pero especialmente de aquellos que tienen especiales responsabilidades, como los legisladores -que abdican con demasiada facilidad de sus atribuciones- y de los jueces -que suelen ser demasiado benevolentes con los gobernantes de turno.

Por supuesto, respetar la Constitución es también que cada poder se mantenga en la esfera de sus competencias. En el caso de los jueces, tan malo es no poner límites al ejercicio inconstitucional de facultades legislativas por parte del poder ejecutivo, como dictar medidas cautelares que suspendan toda una ley sin otro fundamento que vagas razones ideológicas.

El gran juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, Louis Brandeis, escribió en el fallo “Myers. v. United States”, en 1929, estas palabras que cobran hoy nueva vigencia en nuestro país: “La doctrina de la separación de poderes no fue adoptada por la Convención de 1787 para promover la eficiencia, sino para impedir el ejercicio arbitrario del poder. El propósito no fue evitar la fricción, sino, a través de las necesarias fricciones que son consecuencia de la distribución de poderes entre tres departamentos, salvar al pueblo de la autocracia”.

Respetar y hacer respetar la Constitución es nuestro primer deber como ciudadanos. Fuera de ella no habrá ningún paraíso, sino tan solo anarquía o dictadura. La Constitución es el único marco para la convivencia pacífica y el progreso.

Jorge R. Enríquez es ex Diputado Nacional. Presidente de Justa Causa, Asociación Civil, y miembro de Profesores Republicanos

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