El trabajo en transformación: entre la agenda global y la reforma argentina
El envejecimiento poblacional, la automatización, las sucesivas oleadas de IA generativa, la economía basada en datos y el crecimiento del empleo independiente avanzan frente a relaciones de dependencia casi estáticas. Las tensiones geopolíticas reconfiguran aceleradamente la producción, desafiando los marcos regulatorios del siglo XX. América Latina amplifica estas tendencias
En este contexto regional, Argentina presenta un cuadro particularmente preocupante. Según el INDEC, la informalidad alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, siendo los jóvenes de 16 a 24 años el segmento más vulnerado con un 63%. La "penalidad salarial" asociada es severa: los trabajadores no registrados perciben en promedio un 44% menos de ingresos, y el 42% habita en hogares bajo la línea de pobreza.
La informalidad argentina refleja una economía distinta donde la actividad opera total o parcialmente "en negro" debido a las cargas impositivas de los tres niveles del Estado, la persistente inflación, el peso de la economía rural y la falta de un rumbo de progreso consensuado que no cambie radicalmente cada cuatro años.
Además, el mercado está gobernado por leyes rígidas que ignoran la configuración actual de pocas grandes empresas y muchas pymes
Es en este escenario donde debe evaluarse la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Aprobada por el Congreso, se divide en cuatro grandes campos: derecho individual que busca nivelar facultades del empleador con los derechos de los trabajadores; una profunda reforma de la negociación colectiva y de la acción sindical; instrumentos impositivos y de creación de herramientas para incentivar contrataciones formales; y el traspaso a la Ciudad de la justicia ordinaria del trabajo.
El debate sobre estas reformas concentra tensiones de fondo, sus promotores argumentan que la rigidez normativa vigente contribuye estructuralmente a la informalidad, en tanto encarece el empleo registrado y desincentiva la contratación formal.
La experiencia argentina muestra que si la reconversión laboral que plantea el programa económico se hace sola, sin diálogo ni prospectiva de hacia dónde va el mercado laboral, es probable que resulte caótica y dolorosa.
Además, ninguna reforma laboral -desregulatoria o proteccionista- puede por sí sola resolver desequilibrios estructurales de la magnitud que exhibe el mercado argentino: Argentina debe seguir un proceso de reformas para crecer antes de envejecer como sociedad e incorporar masivamente a la formalidad a jóvenes y mujeres.
Es preciso que el Ejecutivo reglamente esta ley con rapidez y eficacia, mediante una Autoridad de Aplicación distinta que comprenda cómo se articula el mundo laboral con el productivo, la educación y la seguridad social, para así generar confianza en la economía.
La reducción de la informalidad requiere políticas activas y coordinadas que impulsen transformaciones en la estructura productiva junto a un sólido crecimiento económico.
Es aquí donde la formación para el trabajo cobra un rol estratégico, vinculándose al sistema educativo, y donde la intermediación laboral se vuelve crucial para evitar desempleo crónico ante los sucesivos cambios económicos y tecnológicos.
En un país donde cuatro de cada diez trabajadores carecen de cobertura social, el desafío del 1° de mayo implica abandonar zonas de confort y realizar en los hechos un plan de progreso compartido que ponga a los seres humanos en el centro, recordando que “el trabajo es la vocación del Hombre”, como nos enseñó el Papa Francisco.
Gabriela Agosto es Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, USAL Esteban Eseverri – Centro de Liderazgo y Prospectiva, USAL
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