Fentanilo mortal: declaró el último imputado y podrían ampliar los procesamientos de los 13 sospechosos

Después de la ampliación declaratoria de Ariel García Furfaro, el propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, que se prolongó casi trece horas distribuidas en tres días, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak se encuentra en condiciones de ampliar los procesamientos que ya pesan sobre los 13 imputados, ya no por el fallecimiento de 20 pacientes de clínicas y hospitales que recibieron tratamiento con fentanilo HLB Pharma contaminado con dos tipos de bacterias, sino por 114 muertes y 49 víctimas que fueron dadas de alta y quedaron con secuelas, en dos de ellas graves. Se trata de una causa clave por la envergadura de los hechos y la necesidad de conocer la responsabilidad de cada uno de los presuntos responsables de la mayor tragedia sanitaria del país.

En sus dichos defensivos, el imputado, asesorado por el abogado penalista Gastón Marano, volvió a negar su participación en los hechos. Insistió en un sabotaje, es decir que alguien introdujo las bacterias en la línea de envasado de exprofeso. Dijo que alguien podría haber retirado uno de los tres filtros de la línea de llenado de las ampollas del anestésico, que debería ser estéril.

Ariel García Furfaro volvió a solicitar la pericia sobre el moderno aparato valuado, según precisó, en tres millones de dólares. Para él, esa prueba es “clave”. También volvió a introducir el nombre de un colaborador con quien tenía desavenencias como el autor intelectual de la contaminación. Y, sin dar mayores precisiones, afirmó que se orquestó una campaña mediática en su contra, con la difusión de noticias falsas desde un servidor, una computadora, cuya IP estaba ubicada en Rusia.

Es potestad del magistrado avanzar o no con las sospechas —que no son nuevas— introducidas por el principal sospechoso de la mayor tragedia sanitaria del país, ubicada a la altura del siniestro de Once y del boliche Cromañón.

Con el acto defensivo de Ariel García que finalizó el miércoles 29, y después de evaluar los dichos de cada uno de los imputados —la mayoría se negó a responder preguntas y se remitió a la primera indagatoria—, el magistrado estaría en condiciones de elevar el expediente a juicio oral.

Antes deberá esperar la resolución de la instancia superior, ya que es muy probable que las defensas apelen el auto tomado por el juez de primera instancia, que ya procesó y embargó a:

Ariel Fernando García. Accionista mayoritario de HLB Pharma y propietario y gerente oculto de Laboratorios Ramallo. El juzgado lo considera la figura central de la tragedia sanitaria. Se le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de la operación de ambos laboratorios, el conocimiento pleno de las deficiencias productivas, la orden de producción de los lotes contaminados y la destrucción de prueba digital. También se le imputa la omisión del recupero farmacéutico. Procesado como coautor. Se lo embargó por $ 1.000.000.000.000 (un billón de pesos). Está detenido.

Diego Hernán García (hermano de Ariel). Responsable de Laboratorios Ramallo. Fue quien impartió directamente las órdenes de producción al jefe de planta, incluida la del fentanilo contaminado el 13 de diciembre de 2024. Se acreditó su presencia cotidiana en el laboratorio y su rol en decisiones gerenciales. Procesado como coautor. Se lo embargó por $ 500.000.000.000. Está detenido.

Nilda Furfaro. Madre de los García, accionista minoritaria y vicepresidenta de HLB Pharma. Prestó su nombre y firma para la operatoria societaria, realizó presentaciones ante la ANMAT en defensa del laboratorio y gozó de los réditos económicos del grupo. Procesada como partícipe necesaria. Embargada por $ 500.000.000.000. Beneficiada con prisión domiciliaria.

Javier Martín Tchukrán. Director General de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Persona de máxima confianza de los García, con capacidad de decisión sobre la operación de ambas plantas. Ordenó el borrado de servidores el día posterior a que la droguería alertara sobre el problema del fentanilo contaminado. Impartía directivas al personal técnico y participó de reuniones clave tras el estallido del escándalo. Procesado como coautor. Embargado por $ 500.000.000.000. Está detenido.

José Antonio Maiorano. Director Técnico de HLB Pharma desde noviembre de 2024. Fue quien firmó la liberación al mercado de los lotes contaminados 31202 y 31244. Declaró haber sido presionado para firmar los batch records bajo amenaza. Procesado como coautor. Embargado por $ 100.000.000.000. Está detenido.

Carolina Ansaldi. Directora Técnica de Laboratorios Ramallo desde agosto de 2023. Firmó las órdenes de producción y los registros de los lotes contaminados. Fue notificada de las deficiencias detectadas por la ANMAT en las inspecciones previas. Optó por no declarar en indagatoria. Procesada como coautora. Embargada por $ 100.000.000.000. Beneficiada con prisión domiciliaria. Procesados sin prisión preventiva (en libertad con restricciones).

María Victoria García. Gerente de Gestión de Calidad de Laboratorios Ramallo. Firmó los registros de fabricación de ambos lotes contaminados. Conocía la manipulación de la documentación y la producción “en el aire”. Procesada como coautora. Embargada por $50.000.000.000.

Wilson Daniel Pons. Jefe de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo. Verificó y firmó los batch records de los lotes contaminados 31202 y 31244. Su celular contenía abundante evidencia de las irregularidades que conocía. Procesado como coautor. Embargado por $50.000.000.000.

Adriana Iúdica. Subjefa de Control de Calidad, a cargo del control microbiológico. Reconoció que un ensayo de esterilidad del lote 31202 había dado positivo de contaminación, pero no lo reportó. Firmó los protocolos de análisis microbiológico de ambos lotes como “sin observaciones”. Procesada como coautora. Embargada en $100.000.000.000.

Edgardo Gerardo Antonio Sclafani. Gerente de Producción y Mantenimiento. Firmó las órdenes de producción de los lotes contaminados. Recibía directivas de Diego García sobre qué producir. Procesado como coautor. Embargado por $50.000.000.000.

Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar. Jefa de Garantía de Calidad. Firmó los protocolos de análisis microbiológico de los lotes contaminados. Sus funciones incluían controlar el cumplimiento de las BPF y revisar los batch records. Procesada como coautora. Embargada en $ 10.000.000.000.

Rocío del Cielo Garay. Supervisora de fisicoquímica de Control de Calidad. Firmó protocolos de análisis de agua para inyectables con discrepancias. Participó en conversaciones que evidencian su conocimiento de las irregularidades y de la falsificación de registros. Procesada como coautora. Embargada en $10.000.000.000.

Eduardo Darchuk. Jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen (SPPV). Recibió y ejecutó la orden de producción del fentanilo. Firmó los batch records de los lotes contaminados. Procesado como coautor. Embargado en $50.000.000.000.

El juzgado identificó una serie de conductas que agravan la responsabilidad de los imputados:

La fiscal María Laura Roteta, titular de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, en su dictamen presentado el 14 de mayo de 2025, cuestionó y pidió investigar a la ANMAT y al INAME por los siguientes hechos:

1. Información dispersa, parcial y de difícil acceso. La resolución judicial —que recoge el planteo de la fiscalía y del juzgado— señala que, desde el inicio de la causa, el suministro de información por parte de la ANMAT fue “disperso, poco sistemático, de difícil acceso y, por sobre todas las cosas, parcial en muchos aspectos”.

2. La ANMAT tardó en acusar recibo de la alerta del hospital. El Hospital Italiano de La Plata comunicó el problema a la ANMAT el viernes 2 de mayo de 2025, pero el organismo “no acusó recibo sino hasta el lunes 5”. Es decir, demoró tres días en responder ante una alerta de contaminación microbiana en medicamentos inyectables.

3. El INAME realizó ensayos en un laboratorio cuestionado. La resolución —en voz del propio Ariel García durante su indagatoria, pero sin que la fiscalía lo rebata— señala que los análisis se realizaron en el laboratorio Gobbi Novag, “un laboratorio que estuvo procesado en el penal económico por mentirle al ANMAT”. La fiscalía no impugna este dato en la resolución. En su defensa, García Furfaro aduce que, además, es un laboratorio “de la competencia” y que desde la salida del mercado de HLB Pharma, gana millones de dólares.

4. Falta de trazabilidad del fentanilo: responsabilidad normativa de la ANMAT. La resolución indica que el fentanilo no estaba comprendido en la Disposición N° 10564/2016 de la ANMAT, lo que impedía su trazabilidad individual. Esto es identificado como “el primer obstáculo” de la investigación y se atribuye a una omisión regulatoria del organismo: “la ausencia de un mecanismo de registración de las ampollas del medicamento impide su individualización”.

5. El sistema de formularios en papel es “obsoleto e insuficiente”. La resolución señala que el sistema vigente, establecido por la Ley N° 17.818 y aún en vigor, “resulta a todas luces obsoleto e insuficiente”, en alusión directa a la falta de informatización que la ANMAT no había corregido.

6. El recall lo tuvo que hacer el juzgado, no la ANMAT ni el laboratorio. La resolución establece que la tarea de recupero de casi un millón de ampollas “debió ser suplida por este juzgado” ante la inactividad tanto del laboratorio como de la ANMAT. El organismo reiteró la solicitud al laboratorio, pero “esta tarea debió ser suplida por este juzgado, mediante el libramiento de oficios a los Ministerios de salud de todo el país”.

7. Inspecciones sin seguimiento efectivo. La resolución documenta que tras inspecciones realizadas en febrero-marzo de 2022 y diciembre de 2023-enero de 2024, la ANMAT detectó deficiencias críticas y mayores, pero “no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto” por el laboratorio.

8. Antecedente de contaminación por Ralstonia en dexametasona HLB (2023): la ANMAT no actuó. La resolución describe que en septiembre de 2023 el Instituto Médico Quirúrgico Garat (Entre Ríos) reportó cuatro casos de fiebre tras la aplicación de Dexametasona HLB contaminada con Ralstonia mannitolilytica y Ralstonia insidiosa. El INAME analizó solo una ampolla de las 23 remitidas y no detectó bacteria. En consecuencia, “la ANMAT no puso en conocimiento de Laboratorios Ramallo el desvío de calidad ni ordenó el retiro del mercado del lote”. La resolución concluye que “estas circunstancias hacen muy difícil aceptar que los responsables y el personal técnico ignoraran por completo el desvío”.

La resolución judicial del juez Kreplak, que va más allá del requerimiento fiscal inicial, plantea implícitamente la necesidad de investigar:

Los próximos diez días hábiles serán claves para conocer el impulso final de una causa que es imprescindible llegue a la verdad y al castigo de los responsables.