Con la máxima de no despedir, Luis Caputo se prepara aplicar recortes en todos los Ministerios
En un escenario donde el sector energético vuela pero la actividad productiva se hunde, la consecuente caída de la recaudación dejó al ministro de Economía, Luis Caputo, atrapado en su propio esquema y la próxima semana volverá a encender la motosierra para oficializar un ajuste transversal del gasto en todas las áreas de la administración pública. Mientras que la justificación oficial es que responde a leyes votadas por el Congreso sin financiamiento, una declaración en Washington apunta más a una recalibración de los números.
Por pedido expreso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, todas las carteras del Estado deberán aplicar un recorte del 2% sobre el gasto corriente y un hachazo del 20% sobre el gasto de capital. Según pudo saber PERFIL, la máxima será no despedir personal. Sin embargo, la poda sobre los fondos operativos licuará los presupuestos diarios, afectará la operatividad inmediata de las dependencias y amenaza con congelar cualquier futuro aumento en los salarios de los empleados públicos.
La justificación oficial para esta nueva contracción del gasto se ancla en las derrotas legislativas que sufrió el Gobierno. "El Congreso votó leyes que no tienen ningún sentido, sin financiamiento. Entonces, tenemos que hacer estos ajustes para cumplir", comentaron en un despacho oficial.
El dardo apuntó a dos frentes que el oficialismo intentó desarmar durante el debate del Presupuesto 2026 en diciembre del año pasado. Por un lado, la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que el Ejecutivo había vetado, pero que el Congreso ratificó, rechazando el veto e imponiendo su vigencia, lo que obligó a Economía a garantizar el flujo de fondos. El Gobierno exploró durante meses mecanismos para reasignar partidas, pero el margen de maniobra se agotó.
Por otro lado, figura la Ley de Discapacidad, que declara la emergencia nacional en la materia y blinda prestaciones y servicios básicos hasta diciembre de 2027. Al igual que con las universidades, el oficialismo intentó dar de baja esta emergencia mediante la "ley de leyes", pero no obtuvo los votos necesarios en el recinto. Ante el aluvión de órdenes judiciales que exigen al Ejecutivo el cumplimiento estricto de las coberturas, la gestión libertaria anunció en abril de 2026 que retomará el debate enviando una nueva propuesta de ley para reemplazar el esquema actual. Mientras tanto, el dinero debe aparecer.
Más allá de la carga legislativa, la verdadera preocupación que envuelve al quinto piso del Palacio de Hacienda es macroeconómica. La caída sostenida de la recaudación pone en jaque la máxima ortodoxa del superávit fiscal —y la definición del propio Javier Milei quien aseguró que no se moverá “un ápice” del programa económico— en un contexto donde el Gobierno no tiene margen ni intención política de avanzar con una baja de impuestos este año.
Los datos duros del fisco confirman el escenario de estrés. En marzo, los ingresos tributarios sufrieron una contracción del 4,8% en términos reales frente al mismo mes del año anterior. Se trata de la octava caída interanual consecutiva, arrastrada fuertemente por un hundimiento del 26% en los derechos vinculados al comercio exterior, producto del retroceso de las importaciones.
Aún más preocupante para los técnicos de Hacienda resultó la baja real de los impuestos procíclicos, aquellos ligados íntimamente a la actividad económica y el mercado laboral. La recaudación del IVA, el Impuesto al Cheque y los aportes y contribuciones a la Seguridad Social encendieron alarmas. Este deterioro expone los daños colaterales de la recesión: el avance de la informalidad laboral y el retroceso persistente de los salarios y el empleo formal desde el inicio de la gestión.
El endurecimiento del torniquete local contrasta con las declaraciones públicas sobre el ajuste de los funcionarios económicos. Apenas unas semanas atrás, durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, la postura oficial fue opuesta: el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, delineó un panorama de consolidación definitiva.
“Lo bueno de la Argentina es que ya hicimos el ajuste. Por lo tanto, nos encontramos en una posición en la que nos sentimos cómodos con el nivel de gasto”, dijo Guberman ante el establishment global. En esa misma intervención, intentó proyectar una etapa de expansión: "Todavía tenemos que ver el impacto de las inversiones que ya están en marcha en la Argentina, así como de las nuevas que están llegando, y su impacto fiscal en términos de crecimiento".
Sin embargo, de regreso en Buenos Aires, fue la propia oficina de Guberman, ubicada en el cuarto piso de Economía, la encargada de recibir y auditar, uno por uno, los planes de recorte presupuestario que cada Ministerio debió presentar bajo presión.
Milei defendió su modelo económico: "Nunca nadie arregló el quilombo fiscal salvo nosotros, que lo hicimos en un mes"
La cristalización de este ajuste se materializará la próxima semana vía decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial. La mecánica será similar a la reorganización trimestral habitual de Hacienda, estableciendo un cepo a través de "montos presupuestarios indicativos".
El costo político de esta arquitectura financiera comienza a volverse visible. El contexto transcurre con un secretario de Hacienda convertido en blanco de reclamos directos en el espacio público. En los últimos días, las calles del centro porteño amanecieron empapeladas con afiches que apuntan al núcleo del equipo de Caputo. Mensajes anónimos con leyendas como "Carlos Guberman, pagale a los discapacitados" o "El ajuste en la salud tiene nombre: Carlos Guberman" reflejan la tensión.
La licuación del gasto tiene su correlato más crudo en la evolución del ingreso real de los trabajadores del Estado. Según los datos del Índice de Salarios y el SIPA expuestos por el presidente Milei en su reciente presentación en la Fundación Libertad, si se toma como base 100 el mes de noviembre de 2023, la divergencia de ingresos es notable. Hacia febrero de 2026, mientras que los salarios del sector privado no registrado experimentaron un fuerte repunte y los del sector privado registrado lograron estabilizarse cerca de la línea original, el sector público se consolidó como la principal variable de ajuste. Sus ingresos reales se desplomaron en el inicio de la gestión y continúan estancados en torno a los 80 puntos. Es decir, arrastran una caída del 20% en su poder adquisitivo, frente a la inflación, que el nuevo torniquete presupuestario de Economía amenaza con perpetuar.
