iprofesional.com · hace 14 horas

Chau matrícula obligatoria y los cambios que evalúa el Gobierno para desregular mercado inmobiliario

El debate por la desregulación del mercado inmobiliario sumó un nuevo capítulo tras la exposición del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger en un evento del sector realizado por Reporte Inmobiliario en la sede de la UCA en Puerto Madero, donde confirmó que el Gobierno trabaja en un proyecto que buscará modificar aspectos centrales de la actividad. La iniciativa, que se enviaría al Congreso en junio, incluye cambios en la intermediación, el esquema de costos y el uso de herramientas digitales.

La presentación activó una rápida respuesta de los colegios profesionales, que salieron a marcar diferencias sobre el alcance de las medidas y sus posibles consecuencias. En el centro de la discusión aparece la posible flexibilización o eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario.

El ministro Sturzenneger planteó que el objetivo es generar mayor competencia, reducir costos y eliminar lo que considera barreras que hoy limitan el funcionamiento del mercado. Según explicó, la desregulación permitiría un esquema más abierto, con menos restricciones y mayor dinamismo en las operaciones.

Sin embargo, desde el sector profesional inmobiliario la lectura es distinta. Advierten que los cambios podrían afectar la seguridad jurídica, incrementar la informalidad y debilitar los controles sobre una actividad que involucra decisiones patrimoniales de alto impacto.

• Eliminación o flexibilización de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario.

• Posible eliminación de la exigencia de título universitario para intermediar operaciones.

• Posibilidad de operar en distintas jurisdicciones sin restricciones geográficas.

• Simplificación de trámites y reducción de regulaciones consideradas burocráticas.

Estos cambios podrían modificar de manera directa la dinámica de trabajo en las inmobiliarias. Desde el ministerio de Sturzenneger argumentaron que un mercado más abierto implicaría mayor competencia, con la posible entrada de operadores sin trayectoria tradicional, lo que pondría presión sobre los honorarios y obligaría a diferenciarse por calidad de servicio, respaldo y marca.

También podrían aparecer nuevos modelos de negocio apalancados en tecnología, con más peso de plataformas digitales, captación directa y herramientas de gestión.

Al mismo tiempo, una menor intervención de los colegios podría reducir los controles sobre la actividad, lo que incrementaría la necesidad de profesionalización interna y cuidado en los procesos para evitar conflictos.

En ese escenario, las inmobiliarias podrían reconfigurar sus equipos, con mayor presencia de agentes independientes y estructuras más flexibles, en un mercado que tendería a ser más dinámico, pero también más exigente en términos de competitividad y transparencia.

Una de las voces más críticas fue la de Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (Cofeci). Cuestionó el sustento jurídico de la iniciativa y puso el foco en el carácter federal de la regulación.

"No hay sustento jurídico para avanzar en ese sentido. La organización de la actividad inmobiliaria es una competencia originaria de las provincias y no fue delegada a la Nación", dijo.

Liotto explicó que el corretaje inmobiliario no es una actividad comercial más, sino una profesión que requiere formación técnica y actualización permanente. En esa línea, sostuvo que la matrícula y la colegiación funcionan como garantías para la sociedad.

"El principal problema no recae en los corredores, sino en los ciudadanos. Eliminar la matriculación permitiría el ingreso de personas no calificadas, con riesgo de errores, fraudes y prácticas abusivas", comentó.

La dirigente también rechazó la idea de que una mayor apertura reduzca los costos de las operaciones. Señaló que los principales gastos están vinculados a impuestos, tasas y costos registrales, no a los honorarios profesionales.

Desde Rosario, Iván Vrancich, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios (COCIR), coincidió en el diagnóstico y advirtió sobre las consecuencias de eliminar los controles actuales.

"Eliminar la matriculación es una desprotección para todas las partes. Si no se controla al intermediario, ante una mala praxis solo queda la justicia ordinaria, con costos y demoras", explicó.

El dirigente remarcó que los colegios cumplen un rol clave en la supervisión de la actividad, con capacidad para sancionar conductas no éticas y mediar en conflictos entre partes. Según indicó, esa instancia permite resolver muchos casos sin llegar a la vía judicial.

Vrancich planteó que el mercado inmobiliario ya funciona sin obligatoriedad de intermediación, ya que las personas pueden comprar o alquilar por cuenta propia. Sin embargo, destacó que la intervención de un profesional aporta respaldo técnico en operaciones que suelen involucrar los ahorros de toda una vida.

Sostuvo: "Los colegios ayudan a los ciudadanos, controlan al matriculado y persiguen a los ilegales. Sin ese esquema, puede aumentar la conflictividad, los fraudes documentales y la mala praxis".

También advirtió que una reforma de este tipo podría derivar en conflictos constitucionales, al avanzar sobre facultades que corresponden a las provincias.

Otra de las discusiones que atraviesa el debate es el impacto de la desregulación sobre los costos del mercado. Desde el Gobierno sostienen que una mayor competencia podría reducir los gastos de compraventa y alquiler.

Sin embargo, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina plantean una mirada diferente. Su presidenta, Nancy Vieitez, explicó que los costos estructurales de una operación no están determinados por los honorarios profesionales.

Agregó: "Los principales costos están vinculados a impuestos, cargas fiscales, financiamiento y construcción. No pasa por eliminar honorarios".

Vieitez consideró que la competencia puede ser positiva, pero advirtió que no necesariamente se traduce en una baja real de costos. Además, alertó que una apertura sin controles podría generar distorsiones. Dijo: "Puede haber operadores sin responsabilidad, captación engañosa, conflictos entre partes y pérdida de seguridad para los consumidores".

En esa línea, planteó que el camino debería apuntar a modernizar el sistema, con reglas claras y mecanismos que garanticen transparencia, sin eliminar los controles existentes.

El proyecto oficial también contempla avanzar en la digitalización de los procesos, incluida la posibilidad de agilizar instancias como la escrituración. El objetivo es reducir tiempos y simplificar trámites en las operaciones inmobiliarias.

Desde el sector reconocen que la tecnología es un factor clave para mejorar la eficiencia, pero advierten que su implementación debe realizarse con cuidado.

Vieitez señaló que la digitalización puede facilitar los procesos, siempre que se mantengan las garantías jurídicas. "Se necesitan plataformas seguras, validación de identidad y protección de datos", explicó.

En el mismo sentido, Vrancich indicó que algunos avances ya están en marcha en distintas jurisdicciones, pero remarcó que el rol del escribano y los controles documentales siguen siendo centrales para asegurar la legalidad de las operaciones.

Liotto, por su parte, concluyó que los colegios cumplen un papel activo en la capacitación de los profesionales para adaptarse a estos cambios. Según explicó, "la formación continua es una de las claves para sostener la calidad del servicio en un contexto de transformación".