El Gobierno aprobó un nuevo contrato de concesión para AySA como paso previo a su privatización
El Gobierno nacional aprobó el modelo de Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA). La resolución 543/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial establece las bases para una nueva etapa en la gestión y provisión de servicios esenciales a más de 15 millones de habitantes.
Desde 2024, la empresa redujo su déficit hasta cubrir sus costos operativos únicamente con ingresos tarifarios, sin subsidios del Tesoro. El nuevo contrato convierte esa política en una regla permanente y establece como objetivo elevar los niveles de cobertura de agua potable y cloacas hasta alcanzar los promedios regionales en el menor tiempo posible.
También apunta a la privatización de la compañía. “Este contrato también establece las condiciones para el próximo paso: la licitación pública del paquete accionario mayoritario del Estado, con el 10% restante en manos de los trabajadores. El objetivo es atraer operadores con capacidad técnica y financiera real, con reglas claras desde el día uno”, señaló en su cuenta de X Alejo Maxit, CEO de AySA.
El directivo enfatizó que la decisión no es “un cambio cosmético” sino el nuevo marco jurídico que hace permanente la transformación que iniciada en su gestión. “Desde 2024, AySA cubre sus costos operativos 100% con tarifas, sin subsidios del Tesoro. El nuevo contrato convierte eso en regla permanente: la concesionaria debe garantizar el equilibrio económico-financiero. No hay vuelta atrás”, dijo Maxit.
La aprobación del contrato responde a la necesidad de dotar al proceso de privatización de AySA de un marco normativo preciso y actualizado, capaz de garantizar la continuidad en la prestación del servicio.
La decisión fue adoptada en el contexto de la implementación de la ley 27.742, que declaró “sujeta a privatización” a AySA y encomendó al Ejecutivo la organización de los procedimientos necesarios para llevar adelante la venta de la mayoría accionaria a un operador estratégico.
A través de un comunicado, AySA señaló que el nuevo esquema contractual “se basa en; a) el cumplimiento de metas y objetivos, b) el equilibrio económico-financiero y c) un compromiso de inversiones que deberán llevarse adelante en beneficio de la mejora de los servicios prestados a los usuarios”. A la vez, incorpora fuertes mecanismos de control, auditoría, revisión y multas.
Estas nuevas condiciones, aseguró la empresa, “fortalecen la eficiencia operativa y la calidad del servicio en el mediano y largo plazo, permiten planificar un régimen económico-financiero basado en criterios objetivos y mecanismos de revisión tarifaria que deberán ser aprobadas por el Estado Nacional, como así también planes de obras con objetivos claros en pos de la mejora y expansión del servicio, junto a sistemas de control y auditorías independientes”.
El contrato de concesión aprobado regula la provisión del servicio público de agua potable y recolección de desagües cloacales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 25 partidos del conurbano bonaerense, incluyendo áreas densamente pobladas como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón, entre otros. Además, establece la prestación del servicio de recepción de efluentes cloacales en bloque en el partido de Berazategui, asegurando la cobertura de un territorio clave para la infraestructura sanitaria nacional.
El contrato tendrá una vigencia de 30 años con opción a 10 adicionales, e incorpora un esquema de planificación quinquenal: cada cinco años, la concesionaria deberá presentar un Plan de Acción con metas concretas de obras de mantenimiento, mejora y expansión del servicio. Las revisiones tarifarias también serán quinquenales, en reemplazo del esquema de actualizaciones anuales vigente hasta ahora. El cumplimiento de esas metas quedará bajo control del ERAS y de la Agencia de Planificación (APLA), con mecanismos de auditoría independiente y multas ante incumplimientos.
El contrato establece que AySA deberá cumplir con el Plan de Acción de Transición por el período que resta del año en curso y contemple la integración de metas y obligaciones que se extiendan más allá de ese plazo en el primer ciclo tarifario, comprendido entre enero de 2027 y diciembre de 2031.
Una de las características centrales del nuevo esquema es la preservación de la continuidad del servicio. El Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, tiene la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para evitar interrupciones y garantizar que la transición hacia la mayoría accionaria privada no afecte la calidad ni la cobertura de la prestación.
La venta de al menos el 51% del paquete accionario de AySA a un operador estratégico se realizará a través de licitación pública nacional e internacional. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores de la empresa, mientras que el porcentaje sobrante podrá colocarse en bolsas y mercados del país.
El nuevo contrato de concesión, que se firma entre el Estado Nacional y AySA, busca dotar de mayor claridad a los derechos y obligaciones de ambas partes, en línea con las recomendaciones del Informe Circunstanciado elaborado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Este informe remarcó la importancia de que la privatización implique no solo una transferencia de acciones, sino una transformación profunda que asegure la sustentabilidad, eficiencia y transparencia del servicio.
“La aprobación de este nuevo contrato representa un paso decisivo en la transformación de AySA y ordena el marco bajo el cual se desarrollará el proceso de privatización”, señaló Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
La medida también contempla la posibilidad de negociar las condiciones de retrocesión y extinción de contratos cuando sea necesario para avanzar en el proceso privatizador, tal como lo permite el marco normativo vigente. El contrato aprobado será la referencia para fijar los derechos y responsabilidades del futuro concesionario, así como para establecer los parámetros de control y fiscalización por parte de la autoridad concedente.
En las últimas horas, el Gobierno nacional dispuso limitar los incrementos mensuales en las tarifas de agua potable y desagües cloacales de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) en el Área Metropolitana de Buenos Aires hasta agosto próximo. Estableció que los aumentos no podrán superar el 4% mensual hasta abril y, desde mayo hasta agosto, el límite descenderá al 3% por mes, siempre que el mecanismo de actualización oficial arroje un valor inferior.
La decisión fue adoptada tras la revisión de informes económico-financieros presentados por AySA y busca equilibrar la viabilidad económica de la concesionaria con la protección de los usuarios ante subas abruptas. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) modificó la resolución 53/25 para fijar estos topes, en un contexto donde el esquema tarifario vigente fue implementado en 2007 y actualizado por decreto en 2025, otorgando al ente funciones de control sobre la prestación, los aspectos económicos y la atención de reclamos.
