“Elecciones impecables”: España en el espejo de Perú y Venezuela
En Madrid, el lunes 20 de abril María Corina Machado, referente de la oposición venezolana afirmó que espera que pronto se celebren “elecciones impecables” en España. La polémica quedó servida por el contenido de la declaración que ponía en duda los procesos electorales españoles, por la cercanía de Machado con partidos como Vox y el Partido Popular y por su decisión de no reunirse con el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.
Al día siguiente en Perú renunciaba el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El tiempo siguió pasando y sigue sin saberse quién será el contrincante de Keiko Fujimori en la segunda vuelta. La desconfianza ciudadana aumenta.
Veamos un tercer caso: Venezuela. El 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral interrumpía el conteo alegando un hackeo que, sin embargo, no impidió anunciar días más tarde la victoria de Nicolás Maduro (las actas no se publicaron y no se permitió observación independiente). Lo demás es conocido, persecución de la oposición y la estacada final a la muy mínima competencia que quedaba en el país.
España, Perú y Venezuela muestran tres escenarios muy diferentes con un hilo que los conecta: la utilización de la narrativa del fraude electoral como herramienta política, una narrativa que adquirió centralidad tras el asalto al Capitolio en Estados Unidos en 2021 y la ocupación del Congreso en Brasilia en 2022, en ambas ocasiones denunciando fraude electoral no probado.
España es una democracia plena según los principales indicadores internacionales (Freedom House, Vdem) y lo mismo vale para sus procesos electorales (según el Electoral Integrity Project). En los últimos años ha habido críticas, en especial por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, debido al diseño institucional que permite a la oposición —en este caso el Partido Popular— impedir acuerdos. Pero ese problema, relevante sin duda, no afecta a la limpieza de los procesos electorales.
Perú ofrece otro tipo de alerta. En los comicios de marzo hubo retrasos en la apertura de mesas, algunas no abrieron dejando personas sin votar; se observaron deficiencias en la entrega de material y demoras en el escrutinio (con tres candidatos todavía en empate técnico).
Pero no es el fraude lo que explica esta situación sino el deterioro progresivo del Estado. La extrema fragmentación —¡35 candidaturas compitiendo!— y la debilidad organizativa se combinan con instituciones cada vez más precarizadas. El resultado es un sistema que funciona mal y abre la puerta a denuncias recurrentes de fraude por parte de los perdedores. Keiko Fujimori pasó a segunda vuelta en los tres procesos electorales previos y en varias ocasiones denunció fraude (en los medios) para explicar su derrota.
En Venezuela sí hubo fraude. El de 2024 fue un proceso donde las garantías básicas fueron erosionadas hasta el punto de vaciar de contenido la competencia. Allí no quedó ni la discusión: no hay elecciones competitivas.
Por eso conviene tomarse en serio las palabras, especialmente cuando se pronuncian desde posiciones de liderazgo como la de Machado. No todas las elecciones son iguales y no hay fraude por el sólo hecho de que “no triunfen los míos”. En un momento en que la desconfianza se ha convertido en un recurso rentable, defender la evidencia y distinguir entre problemas reales y ficciones estratégicas no es un ejercicio académico: es un acto de responsabilidad política.
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