La Justicia procesó a la cadena de supermercados Día por evasión previsional
La Justicia procesó a la firma Día Argentina S.A. por una maniobra de evasión previsional que habría generado un perjuicio superior a los $ 800 millones, a partir del uso de falsas franquicias para encubrir relaciones laborales.
La medida fue dispuesta el 21 de abril de 2026 por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, en el marco de la causa “Día Argentina S.A. y otro s/ infracción Ley 24.769”. El tribunal dictó el procesamiento de la empresa por 34 hechos y ordenó un embargo por $ 800 millones.
Según la investigación, la compañía habría simulado vínculos comerciales con supuestos “franquiciados”, “concesionarios” o “consignatarios” que, en la práctica, funcionaban como empleados en relación de dependencia. A través de esta estructura, la firma habría evitado el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social.
El esquema operaba mediante la interposición de estos terceros como titulares formales de las tiendas, lo que permitía fragmentar la nómina laboral y reducir la carga tributaria. De acuerdo con el expediente, esta maniobra posibilitó tributar contribuciones patronales a una alícuota menor a la que correspondía.
La causa incluye imputaciones por evasión previsional simple y agravada —en este último caso, por el uso de personas interpuestas— en distintos períodos entre 2015 y 2018.
Durante la investigación, se reunieron múltiples pruebas que, según el fallo, acreditan el carácter sistemático de la operatoria. Entre ellas, el análisis de contratos de franquicia, cruces de datos laborales y fiscales, más de 20.000 correos electrónicos y escuchas telefónicas.
Además, se relevaron 654 sucursales y se identificaron más de 8.000 personas involucradas en la estructura investigada. También se detectó que más de 2.200 trabajadores prestaban servicios para distintos “franquiciados”, lo que reforzó la hipótesis de un esquema coordinado desde la empresa.
A esto se suman antecedentes en la Justicia laboral: en al menos 137 casos, tribunales declararon la nulidad de los contratos de franquicia por considerarlos un fraude, y condenaron a la compañía como empleadora directa.
El expediente también da cuenta de que el área de Recursos Humanos de la empresa intervenía en la selección, capacitación y gestión del personal, lo que evidenciaría un control directo sobre los trabajadores.
En paralelo, la firma intentó encuadrar su situación en un régimen de moratoria, aunque sin reconocer la maniobra ni cancelar la totalidad de la deuda. Esa postura fue cuestionada por el fisco y rechazada en instancias judiciales superiores, lo que permitió que la acción penal continuara.
De acuerdo con el Régimen Penal Tributario, en caso de una eventual condena, la empresa podría enfrentar sanciones como la suspensión de actividades, la inhabilitación para contratar con el Estado, la pérdida de beneficios fiscales o incluso la cancelación de su personería jurídica.
Según ARCA la maniobra consistió en "la simulación sistemática de vínculos comerciales para encubrir verdaderas relaciones de dependencia laboral".
Básicamente, los “franquiciados”, “concesionarios” o “consignatarios” eran, en rigor de verdad, empleados subordinados a la contribuyente, valiéndose la empresa de la figura del contrato de franquicia como una pantalla jurídica idónea para ocultar su calidad de empleador real y, de esta forma, evadir fraudulentamente el pago de las obligaciones de la seguridad social a su cargo.
Pos su parte, a través de un comunicado, la cadena informó que "la compañía cumple con todas sus obligaciones tributarias, previsionales y laborales conforme a la normativa vigente, manteniendo sus procesos alineados con la normativa y criterios establecidos por ARCA".
"En este marco, la compañía cuenta con un modelo comercial de negocio legítimo, con sistemas de control interno, auditoría y cumplimiento que acompañan de manera permanente la evolución del marco normativo y los procesos de fiscalización, con el objetivo de garantizar la correcta gestión de aportes y contribuciones a la seguridad social en toda su operación", agregaron.
"Actualmente, el proceso judicial se encuentra en una etapa inicial de prueba, instancia habitual dentro de este tipo de procedimientos, en la que se analizan y presentan los elementos necesarios para su evaluación, sin que exista al momento ninguna resolución definitiva", remarca el comunicado.
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